¿Quién teme a la CPI?

Por Darío Acevedo Carmona

Blog Ventanaabierta

Abril 29 de 2009

La reciente condena de Alberto Fujimori por la Corte Supremadel Perú por violación de los derechos humanos ha llenado de ínfulas a quienes en Colombia sueñan con llevar al presidente Uribe a la Corte Penal Internacional. Bases y dirigentes del Polo, del liberalismo y de ONG humanitaristas lo expresan en cócteles, mítines, conferencias, simposios, corrillos y columnas de prensa. No se limitan a comparar a Uribe con Fujimori sin importarles que aquel no ha clausurado el congreso y ha respetado las libertades de prensa y de opinión, miembros del coro lo comparan con el chafarote de al lado, al que en silencio admiran por su posición  antinorteamericana.

Pero en vez de polemizar sobre estas forzadas comparaciones me interesa considerar qué tanto cuerpo y seriedad pueden tener las viejas aspiraciones (en estas llevan más de 15 años) del coro antiuribista de hacerlo comparecer ante la Corte PenalInternacional. Recordemos que la CPI es un organismo adscrito a la ONU creado en Roma/1998 y que entró en funciones en 2002. Pretende cumplir un ideal de justicia universal para aquellos individuos que cometen crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio cuando los sistemas de justicia del país de origen no son capaces de castigarlos o los declara reos internacionales.

El presidente Pastrana y el Congreso aprobaron que Colombia hiciera parte de la CPI, pero pidieron una reserva de siete años para que no tenga jurisdicción sobre los crímenes de guerra en el país. La idea era dejar una puerta abierta a las guerrillas para una eventual negociación de paz. El electo presidente Uribe aceptó tal salvaguardia. Hasta el presente, el gobierno y la justicia colombiana no han puesto en manos de esta Corte ningún caso. Además, el país se ha puesto a tono con la nueva normatividad internacional en el tema humanitario al negarse a otorgar indulto y amnistía a miembros de grupos armados ilegales incursos en graves delitos y ha optado por aplicar a los paramilitares desmovilizados la justicia alternativa avalada por la comunidad internacional. Los que sueñan con someter algún día al presidente Uribe ante este tribunal desconocen todo lo anterior y omiten otras consideraciones de gran importancia como que la CPI no se mueve al vaivén de las presiones, ni de las campañas publicitarias y que procede por iniciativa propia

El coro agita en todos los espacios de opinión, que no son pocos, la idea de que en Colombia el Estado es el principal responsable de la violación de los derechos humanos. Que existe una política de estado para violar los derechos humanos, tal como ocurrió en las dictaduras del Cono Sur, que el gobierno colombiano manda matar a sindicalistas y campesinos para luego presentarlos como dados de baja, que Colombia es una democracia de pacotilla gobernada por un tirano, ligado a la mafia y a los paramilitares. También dicen que ordenó masacres como la del Aro en Ituango cuando era gobernador de Antioquia. Sin embargo, hablando en plata blanca, no tienen con qué armar un expediente, todo es palabrería huera, propaganda escandalosa y adjetivos de grueso calibre. Ni siquiera el gobierno ecuatoriano tendría como acusarlo ante la CPI por el ataque en que fue dado de baja alias Raúl Reyes, pues tendría que demostrar la no vigencia de la Resolución1373 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Si le otorgáramos seriedad al griterío del coro, entonces los que deberían entrar en pánico serían en su orden los presidentes Betancur por la retoma del Palacio de Justicia, Gaviria porque cuando fue ministro de Gobierno de Barco y presidente ocurrió el exterminio de la UP, Samper durante cuyo mandato ocurrieron las peores masacres del paramilitarismo y las grandes tomas de las Farc, y en ese orden Pastrana y Uribe. El coro cree que la CPI no debe atemorizar a quienes han secuestrado por miles, a los autores de las masacres de Machuca y de Bojayá y de otros crímenes horrendos. En contraste, frente a quienes sí deben temer la intervención de la CPI, es decir, los dirigentes guerrilleros, el coro guarda silencio. No los presionan para que dejen las armas y el terror, y se avengan a una negociación en términos de la Justicia Alternativa. Les parece que eso sería una humillación a unos “combatientes altruistas”. Frente a ellos no hacen advertencias, ni llevan contabilidad, ni arman expedientes, ni organizan campañas en el exterior, ni los presentan como violadores del DIH y los derechos humanos. Todo lo contrario, llaman a comprenderlos, a abrirles nuevos espacios a cambio de nada.

Más allá de toda la parafernalia contra Uribe, lo serio y lo consistente es que quienes deben temer a la CPI son los comandantes jefes guerrilleros, pues la justicia colombiana les ha estructurado expedientes sólidos, con pruebas, testigos y víctimas que claman por la verdad. Pronto vencerá la salvaguardia frente a la CPI y entonces serán perseguidos en cualquier lugar del mundo.

 

 

 

 

 

Lula, Piedad y otros complotados en la liberación del cabo Moncayo

Por Luis Alberto Villamarin Pulido  *

El Tiempo/Blogs, Bogota

29 de abril de 2009

 

En contraste con las fuertes declaraciones del Presidente Uribe el sábado pasado en Facatativá, luego refrendadas en España, según las cuales sólo la Cruz Roja y la Iglesia Católica están autorizadas para contactar a los terroristas en pos de la liberación del cabo Moncayo y los demás secuestrados, la senadora Piedad Córdoba viajó al Brasil, sin que haya claridad acerca de quién financia tantos viajes suyos al exteriror, dizque a coordinar con el gobierno brasileño la logística del montaje pro-fariano.

 

La actitud desafiante de la senadora liberal, es una respuesta calculada al señalamiento del mandatario colombiano, quien sugirió en el referido Consejo Comunal, que como ella está vinculada a la Farcpolítica, el pueblo colombiano no quiere festines mediáticos a favor de los terroristas. Además, la arrogante conducta de Piedad Córdoba coincide con las destempladas y malintencionadas declaraciones del presidente Lula, quien sin ocultar su simpatía por las Farc, cuestiona ¿porqué no podrían llegar al poder por la vía electoral?...

 

Igual que Chávez, Ortega y Correa, Lula "olvida" que las Farc son terroristas, secuestradores, genocidas, narcotraficantes, extorsionistas, etc, pero eso si, las pondera como una fuerza política rebelde, al tiempo que sin dejar de apoyar en todo al grupo delictivo, se hace el desentendido y afirma que su intervención dependerá de la autorización del gobierno colombiano. Doble moral en toda su extensión... Típico comportamiento de un marxista-leninista convencido. La información contenida en los computadores de Raúl Reyes es muy comprometedora para aclarar las verdaderas intenciones del gobierno brasileño de Lula. Por ejemplo, mientras los lenguaraces presidentes de Ecuador y Venezuela, tenían a uno de sus ministros del despacho en tratos permanentes con las Farc, Lula tenía a cinco de ellos y a su Secretario General, incluido Marco Aurelio García quien actúa como el anfitrión de Piedad Córdoba en este periplo.. Y que coincidencia: En los computadores de Reyes, aparece escrito muchas veces el nombre del comunista Marco Aurelio García como el enlace ideal, como el estafeta de las Farc con Lula, como el eslabón de la cadena de argucias contra Colombia, tejidas por el ala radical del PT, los comunistas brasileños y el propio Lula Da Silva a quien se le pegó la enfermedad de Ernesto Samper, para decir que todo fue a sus espaldas.... Esta es la prueba inobjetable que en esta "liberación unilateral" hay un enorme gato encerrado. Tan grande como el elefante que se le coló a Samper.

 

Las Farc y su combo de proselitistas, montaron otro episodio del sainete, con el cuál pretendían poner al gobierno Uribe contra las cuerdas durante la reciente Cumbre de las Américas, pero como ya se dijo, la rutilante estrella mediática del presidente Barack Obama, opacó el pretendido espectáculo. No obstante la diplomacia paralela de las Farc continúa con el desarrollo del Plan Estratégico, mientras la Cancillería colombiana, los embajadores y los cónsules continúan dormidos sobre los laureles de la ineptitud e indiferencia. El dardo que soltó Piedad Córdoba acerca de la participación de algunos congresistas estadounidenses en la liberación de Moncayo, sumada a la existencia de un territorio neutral dentro del Brasil, no es nada a la ligera ni gratuito. Es el resultado del trabajo diplomático de respaldo del gobierno de Lula a las Farc, y al lobby que el mandatario brasileño ha hecho dentro de la bancada democrata norteamericana, en aras que a las Farc se les quite el rótulo de terroristas y qué como el mismo lo dice, puedan llegar al palacio de gobierno en Colombia, para integrarlas a su plan geopolítico de convertir a todo Latinoamérica, en un vasallaje a la dictadura cubana y un retroceso similar, al vergonzoso estado de miseria, atraso e ignominia que el sátrapa Fidel Castro convirtió a la isla caribeña durante medio siglo, con el cuento chino que tenía dignidad frente a los Estados Unidos.

 

En ese orden de ideas no son gratuitas las condiciones irrespetuosas que Hillary Clinton, Nancy Pelossi y la bancada demócrata imprime al TLC con Colombia. El argumento de los sindicalistas muertos, es el producto de la propaganda fariana y de la doble moral de quienes dentro de Colombia y en los campamentos de las Farc, hablan bestialidades en contra del "imperio norteamericano", y luego van a los Estados Unidos con cara de cordero regañado, para buscar la caída del gobierno de Alvaro Uribe. Pero qué curioso, nadie les hace caer en la cuenta a la veleidosa Secretaria de Estado y séquito de demócratas gringos antiuribistas,que la forma de evitar las lamentables muertes de sindicalistas, debe comenzar por la auto-depuración de los sindicatos, que deben impedir que les ocurran casos como el de Fenusagro, en el que los terroristas pertenecientes la Movimiento Bolivariano y al Partido Comunista Clandestino, se infiltran entre ellos, con el fin de convertirlos en parte de la guerra política contra el Estado colombiano y por ende se convierten en objetivo visible de los grupos de justicia privada, nacidos como consecuencia de los constantes abusos y atrocidades de las Farc contra la población civil inerme. 

 

En los computadores de Raúl Reyes se encontraron sólidas pruebas de las patrañas montadas por un académico izquierdista estadounidense en contubernio con algunos senadores demócratas, e inclusive la existencia de un proyecto para buscar que los terroristas, liberaran a los tres norteamericanos secuestrados, a cambio de un favor político grande, que sería el estatus de beligerancia. Ninguna de estas realidades deben causar extrañeza. El frente internacional de las Farc cuenta con el apoyo de varios gobiernos hemisféricos proclives al terrorismo. Hay en ciernes un complot contra Colombia, del cual los gestores del Foro de Sao Paulo no se han arrepentido. Y además las Farc, tampoco han renunciado a los objetivos de su Plan Estratégico. Con el amago de la liberación del cabo Moncayo y la entrega de los restos del mayor Julian Guevara, los terroristas y sus identificados cómplices, juegan con el dolor humano, con la debilidad sentimental de la opinión pública, y con el futuro del país, pues siguen empeñados en la imposición de un gobierno de transición hacia el socialismo del Siglo XXI, del cuál como consta en los documentos electrónicos de Raúl Reyes, las Farc y Hugo Chávez tienen candidata propia, y ahora se les unió en forma descarada Lula Da Silva.

 

 He aqui otro pellizco para la Cancillería. Es hora que los apoltronados cónsules y embajadores se sacudan. Que muevan todos los hilos que no han movido, para que la comunidad internacional presione a los terroristas de las Farc, para que cumplan el mandato del pueblo colombiano proclamnado hasta la saciedad el 4 de febrero de 2008. También es un llamado a los jueces y magistrados encargados de los aberrantes casos de Farcpolítica, para que cesen el enfrentamiento calculado contra el presidente Uribe y se dediquen a juzgar y poner tras la rejas, a quienes además de estar complotados con los terroristas y los gobiernos marxistas, llaman a las Farc con los calificativos de insurgentes y a los secuestrados les dicen "prisioneros de guerra" o "presos políticos".

 

Lo ético, lo lógico y lo que quiere el pueblo colombiano, es que no haya ni mas secuestros, ni mas Farc, ni gobiernos con mentalidad arcaica en Colombia. Casi seis décadas de terrorismo comunista tienen hastiadas a todas las generaciones de colombianos presentes. Solo las Farc y sus paquidérmicos copartidarios y correligionarios, siguen convencidos que el comunismo tiene vigencia, que los terroristas representan a los menos favorecidos, que el origen del conflicto son las desigualdades sociales y no la ambiciosa estrategia del partido comunista para implantar una dictadura similar a la cubana, y que el problema del país es el presidente Uribe. En ese sentido son ciegos ante la realidad actual y ante la historia. Mientras millones de personas aborrecen y exteriorizan ese repudio contra las Farc y sus compinches, estos estultos funcionales complotados, proceden como los fundamentalistas talibanes, que se creen guerreros enviados del mas allá y la solución a la miseria que entre otras cosas ellos mismos han edificado en parte con la violencia irracional.

 

Colombia necesita libre al cabo Moncayo, al general Mendieta y a todos los demás secuestrados incluidos los que están en cautiverio por razones extorsivas. No necesita ni payasadas, ni jugadas sucias por debajo de la mesa por parte de los confabulados con las Farc. No mas protagonismo mediático de los autodenominados "colombianos por la paz". Y no mas tretas engañosas para confundir a los familiares de los secuestrados o al pueblo colombiano en general. El acompañamiento internacional que requiere Colombia, y eso es obligación de conseguirlo por parte de la Cancilleria y los cuerpos diplomáticos acreditados en el exterior, es la lucha frontal y mancomunada de todos los países del hemisferio contra el terrorismo, sumada a la inversión social en las zonas donde el terrorismo comunista ha impedido el acceso de las facilidades del mundo moderno, gracias a la incompetencia y falta de visión estratégica de los sucesivos gobernantes colombianos.

 

Colombia no necesita senadores demócratas gringos que vengan a legitimar a los terroristas. Necesita que esos senadores dejen a un lado el ánimo vengativo anti-Bush, contra el único aliado leal que tienen los Estados Unidos en la región, y en consecuencia aprueben el TLC; que no amenacen con el Plan Colombia a cuentagotas y como si fueran migajas de una limosna necesaria para ellos. Además que entiendan y actúen en consecuencia contra el narcoterroirsmo, pues si Lula no es sincero con Uribe, tampoco lo será con Obama ni con nadie. Al fin y al cabo es un comunista formado en la escuela del utilitarismo marxista, y eso es lo que sabe hacer.

 

Es hora que la amodorrada diplomacia colombiana reaccione y haga entender al mundo entero, que las Farc encarnan el narcotráfico y el terrorismo, que el hemisferio americano está en grave riesgo de estabilidad y desarrollo, que así Lula diga de dientes para afuera que está lejos de los parámetros de la guerra fría; él y sus arcaicos seguidores marxistas-leninistas veneran al dictador Fidel Castro, proyectan la expropiación de la tierra y demás recursos para pasarlos a unos estados parasitarios, burocráticos y quedados del tren de la historia, que pretenden estatizar la economía, etc.... Y desde luego, que todo eso es nefasto para el mundo globalizado actual.

 

*   Analista de asuntos estratégicos

¿Cuál fraude?

Por Alberto Velásquez M.

El Colombiano, Medellín

Abril 29 de 2009

  

Con ira y befa es difícil hacer política racional, desapasionada. No tiene explicación la cólera, como práctica de controversia en un país lleno de problemas y dificultades. Y menos tiene justificación alguna, cuando las palabras se vuelven dicterios en la boca de quienes alguna vez tuvieron en sus manos la dirección del Estado.

 

La salida del ex presidente César Gaviria para oponerse a la reforma en la elección del registrador, fue desafortunada. Más desacertada que lo poco afortunada de la propuesta legislativa. La ira lo llevó a calificarla de trampa. Notificó que ese cambio era "para robarse las elecciones del 2010". A todas luces se le obnubiló el cerebro para entrar en el debate. Le faltó sindéresis para controvertir la potencial norma. Un mínimo de sensatez habría evitado la sobredosis de befa para glosar la discutida reforma, de iniciativa parlamentaria.

Esta salida en falso puede ser una muestra de la polarización en que está el país, en parte por cuenta del proyecto de reelección presidencial. Se han dejado de lado los análisis sobre los temas sustanciales, como bien lo decía ante la asamblea de Proantioquia su presidente Juan Sebastián Betancur, cuando expresaba que "el debate electoral se anticipó sin la discusión serena y seria de los problemas de fondo que ya teníamos, como de los nuevos que no esperábamos". Problemas que ahora se ventilan, y se tratan, recurriendo a la afrenta, ese lenguaje que tanto daño en el pasado le hiciera a la convivencia política, cuando un caudillo, tan fanático como elocuente, hablaba del millón de cédulas falsas para colocar en la picota la pureza de los comicios.

Desde allí cambiaron para mal las costumbres políticas de la controversia y se puso, en aquellos tiempos, en entredicho la legitimidad de las elecciones, lo que contribuyó a malograr las responsabilidades éticas en el ejercicio partidista.

Debe saber Gaviria -como ex presidente y antigua cabeza de la OEA- que la comunidad internacional es muy sensible a esta clase de denuncias/injurias. Las toma, a veces, sin beneficio de inventario, sin corroborarlas, al pie de la letra, para condenar anticipadamente al convertir los denuestos en sentencias. Riesgo que se aumenta cuando salen de la boca de un ex presidente que, para algunos analistas, sus frases se convierten en moneda de buena ley.

Un ex presidente, que tiene tantas responsabilidades con el país y como cabeza de un partido que aspira a ser alternativa de poder, no puede ser tan poco responsable de atreverse a lanzar juicios tan precipitados, sin someterlos a una evaluación juiciosa y ponderada. Ese papel ya lo conoció Colombia en 1970 cuando el partido que perdió las elecciones presidenciales, las calificó de fraudulentas, vocabulario que si no fue catastrófico para la democracia, se debió a la oportuna intervención de Carlos Lleras como jefe de Estado y de algunos cercanos amigos del candidato derrotado que frenaron la asonada y el motín.

40 años después de aquel incidente, no se pueden revivir aviesos calificativos, para querer librarse del juicio histórico ante eventuales reveses electorales. No es lícito anticipar con lenguaje virulento, la oposición a una reforma -por más inconveniente que parezca- que apenas comenzará a debatirse en el Congreso. Y menos ponerle como inri la clara presunción de que con ella, el gobierno lo que busca es entronizar el robo electoral como estratagema política.

 

Este artículo continuará

Por José Obdulio Gaviria

El Tiempo, Bogotá

Abril 29 de 2009

En el escándalo armado contra Tomás y Jerónimo Uribe, la cuestión va más allá de dilucidar si los hijos de presidentes (y, por qué no, de ministros, congresistas, magistrados, embajadores...) pueden, legítimamente, hacer negocios o no. (Pocos se atreven a llevar su celo furioso hasta el extremo de decretarles muerte comercial sin atenuantes; pero son ambiguos, porque no conviene a sus intereses aceptar decir que sí, mientras se practique la igualdad jurídica.)

Lo que separa conceptualmente a la seudoinvestigación del emponzoñado periodista -y su ruidosa chirimía de radio y televisión- de los hermanos Uribe es una antagónica concepción de la ética del trabajo. Los primeros piensan que el único camino digno para obtener riqueza es apropiándose de ella por la vía corsaria de los privilegios, las exclusividades y las rentas concedidas a quienes tengan cercanía con el poder. Los segundos, empresarios modernos, saben que el trabajo es la senda que conduce a la creación de la riqueza, tanto social como individual.

La visión premoderna, cuasi medieval, sólo sabe de privilegios. Desprecia el esfuerzo técnico inversionista y piensa que todo se puede conseguir con favores del Estado, según se tenga o no 'llegada' a él.

La que se funda en la ética que algunos llaman calvinista y, otros, democrático-liberal conoce las reglas: los permisos administrativos son obligatorios y todos concurren a su trámite en pie de igualdad.

Para los primeros, los permisos son riqueza en sí mismos y el Estado los da a capricho del funcionario; para los segundos, los permisos son requisito técnico que poco o nada agregan valor. Su obtención (de los permisos) es un simple estartazo para emprender la tarea, no un regalo discrecional del soberano, y se otorgan, dentro de reglas preexistentes, a todo agente económico (sea blanco o negro, nacional o extranjero, gobiernista u opositor, tenga apellido de relumbrón o sea un Perico Delospalotes), con la sola condición de que llene requisitos. Tan repugnante sería que los otorgaran a alguien por ser quien es, como que los negaran por ídem.

Como cada una de las partes en el zaperoco de marras representa culturas laborales tan antagónicas, su lenguaje también lo es: los primeros piden privilegios (concesiones arbitrarias, excluyentes y sin contraprestaciones); los segundos repiten tres veces el verbo trabajar.

Los primeros quieren devengar de las exacciones o exenciones tributarias, de los derechos exclusivos, de las demandas en tribunales de arbitramento. Los segundos producen bienes y servicios, registran invenciones y marcas, asocian capitales, imaginan maquetas, trazan carreteras, extienden redes de servicios.

Hasta en la iconografía se diferencian: los primeros elevan altares a los Madoff y a los Stanford y cantan loas al boato con que vivía un tal Piedrahíta, agente de pirámides en el estrato diez, rey del blof, del timo, del dinero fácil; los segundos encienden una veladora a San José o a San Cayetano, para que no los desampare en su esfuerzo constructivo ni de noche ni de día.

Los primeros creen que los hijos de dignatarios no deberían ensuciar su vida con el trabajo cotidiano, solitario y gris, sino emigrar hacia sinecuras y canonjías ancladas en el privilegio de ser 'hijo de fulano'. Los segundos se exigen a sí mismos más que los demás, respetan los POT, llevan la transparencia en sus transacciones y trámites hasta el lindero extremo, ponen su nombre de pila en las escrituras sin parapetarse detrás de testaferros, compran -por metros para vender por metros- a empresas que ofrecen sus lotes con anuncios publicitarios en diarios de gran circulación y en terrenos por donde pasa el tren desde 1917 y está trazada una doble calzada hace 14 años.

Los primeros deforman los hechos para que aparezcan como si los emprendedores fueran moralmente chuecos y legalmente gorobetos. Los segundos se defienden con una espada refulgente: la verdad. Se acaba el espacio y quedan muchas ideas. Prometo continuar el miércoles.

 

El asilo peruano a Rosales

Editorial

El Mundo, Medellín

Abril 29 de 2009

El propio coronel Chávez fue beneficiario de esa figura luego de su fallido levantamiento militar de 1992.

La concesión del asilo político al líder opositor venezolano, Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo y ex gobernador del Zulia, por parte del gobierno del presidente Alan García, era algo que esperábamos todos los verdaderos demócratas del continente, primero porque la trayectoria del Perú en materia de acatamiento a la respetable institución del Derecho de Asilo es apenas comparable a la de Colombia a lo largo de su historia, y segundo, porque abundan las evidencias de que Rosales es la más connotada de las muchas víctimas de la persecución política en Venezuela, disfrazada burdamente por el régimen con la apariencia de procesos judiciales contra todos los que se atreven a disentir y gozan por ello de reconocimiento y respaldo de millones de venezolanos. 

Nuestras felicitaciones al Gobierno peruano porque supo asumir con mucha seriedad esa tradición que viene desde los tiempos de Víctor Raúl Haya de La Torre, fundador y líder de la Alianza Revolucionaria Americana, APRA, quien se asiló en nuestra embajada en Lima, tras fracasar la rebelión cívico-militar de octubre de 1948. Aquel episodio dramático, que ya hemos rememorado en ocasiones similares, fue una especie de piedra fundacional de la institución del asilo, porque, con base en los alegatos jurídicos que presentó Colombia para conseguir que después de cinco años se levantaran las barricadas en torno a su embajada en Lima y finalmente se le concediera al dirigente aprista el salvoconducto para salir del país, se construyó la teoría jurídica y los fundamentos de la práctica del asilo político en América Latina, en una época en que el tema estaba en ciernes en el seno de Naciones Unidas. 

Esas normas fueron las que muchos años después invocó otro líder aprista, el entonces ex presidente Alan García, para buscar un acogedor refugio en Colombia, del que dice estar eternamente agradecido porque desde aquí retomó fuerzas para regresar a su país en busca de la reelección. La misma solicitud de asilo político que presentó en abril de 2005 el ex presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, víctima de un golpe de Estado, disfrazado de destitución, por parte del Congreso, que sin remilgos le concedió Colombia a pesar de las protestas del gobierno del médico Palacios, y del que regresó después como aspirante a la reelección, obteniendo el pasado domingo la segunda votación después de la del reelecto presidente Correa. Amparo que también consiguió en Colombia el señor Carmona, el malhadado presidente por dos días de Venezuela, en aquel fracasado golpe de Estado de abril de 2002 contra el régimen del presidente Chávez. 

Del lado peruano, como ratificación de esa tradición de país asilante, ayer se recordó que el propio coronel Chávez fue beneficiario de esa figura luego de su fallido levantamiento militar de 1992 contra el presidente constitucional de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Y para que no quede duda de la consecuente conducta del Perú en esta materia, hay que recordar que el caso del señor Rosales no es único en relación con las víctimas de la persecución por parte del régimen chavista, pues están los asilos concedidos recientemente a Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, quien se fugó hace tres años de la prisión donde cumplía condena por “rebelión”, y a Eduardo Lapi García, ex gobernador de Yaracuy, procesado por presuntas licitaciones irregulares con empresas contratistas. 

El presidente Alan García, como beneficiario de esa doctrina, tenía hasta cierto punto una obligación personal y es muy probable que esa haya sido la razón principal para que Rosales escogiera a Perú, a más de que, como está ampliamente documentado, su petición estaba basada en argumentos tan claros y precisos a la faz de la opinión mundial que, aparte del sector oficialista venezolano y de los tirabeques y conmilitones del coronel Chávez, no puede haber nadie que ponga en duda que el fundador del partido Un Nuevo Tiempo es un perseguido político, el más importante de todos los que hoy existen en Venezuela por el solo pecado de disentir del régimen. 

Lo que sucedió con Rosales en Venezuela es un “Pase de factura”, como tituló ayer su editorial en el periódico Tal Cual, el periodista Teodoro Petkoff, tras preguntarse “¿Qué es lo que ese pozo de mezquindad, reconcomio y mediocridad en que ha devenido el chavismo le cobra a Manuel Rosales? ¿Por qué el mismísimo Chacumbele (así llama a Chávez) hizo de la prisión de Rosales un objetivo central de su campaña electoral para gobernador y alcalde de todos los estados y municipios del país en los términos más ferozmente personales? Porque Manuel Rosales fue un factor fundamental en el proceso de recuperación de la oposición democrática, cuando, contra todas las posibilidades, asumió la candidatura presidencial en 2006, para enfrentar a su despótico verdugo de hoy”. Y agrega: “No le perdonan que haya contribuido a dotar a la oposición de una estrategia democrática y unitaria, deslindándola tajantemente del callejón sin salida del golpismo, lo cual hizo posible la derrota del chavismo en el referéndum de 2007, así como los significativos avances electorales en los procesos regionales y la confirmación de esos avances en el referéndum sobre la enmienda. Ese es el imperdonable ‘delito’ que le cobran”. 

No tiene, pues, por qué sorprender a nadie la bravuconada con que el gobierno venezolano ha respondido al asilo de Rosales, con un llamamiento de embajador a consultas y un retórico comunicado de protesta que no irá a ninguna parte porque, de todos modos, en el exilio aquél no representa el serio peligro que era hasta hace poco para su pretensión de atornillarse en el poder.

Sindicatos colombianos respaldan Acuerdo CAN-UE

Bogotá, abril de 2009

Señores

Comisión Europea

Unión Europea 

Bruselas

Respetados señores y señoras:

En estos momentos se negocia un Acuerdo Comercial entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE), bajo la modalidad de un “acuerdo marco flexible”, en el cual participa Colombia. Distintos sectores de la sociedad civil, entre ellos organizaciones de trabajadores, se vienen pronunciando sobre el tema, y nosotros queremos hacerlo también.

Somos un sector del sindicalismo colombiano que discrepamos del punto de vista radical de la dirección de las centrales obreras, que rechaza tajantemente este y cualquier otro acuerdo comercial. Nosotros tenemos una actitud diferente, abierta a mirar el desarrollo de la negociación y contribuir con nuestras opiniones, y respaldar sus resultados si lo pactado se ajusta a las conveniencias nacionales. Nos parece obtusa e ilógica la actitud de rechazar de antemano el acuerdo sin conocer su desarrollo, y tampoco compartimos la decisión de ese sector del sindicalismo de marginarse de participar en las deliberaciones de las rondas.

Entendemos que una de las críticas que se ha formulado consiste en señalar la inconveniencia del mecanismo adoptado de negociación conjunta pero flexible, que permite avanzar según las necesidades e intereses de cada país de la CAN, sin que las actitudes de alguno puedan entrabar o bloquear el avance de los demás. Esta posición no es excluyente, pues la participación está abierta a todos los miembros de la CAN, pero sí evita que cualquiera de sus miembros tenga la potestad de veto.

Otra de las objeciones que se efectúa sobre el acuerdo es la de sus posibles efectos negativos en la economía colombiana, pues la eliminación de aranceles podría conducir a una competencia ruinosa para varias ramas industriales o agrícolas, afectando a la vez el empleo. Sobre el particular diríamos que nuestras economías son más complementarias que competitivas; más del noventa por ciento de lo que importa Colombia de la UE no lo produce, o lo produce insuficientemente, y a su turno ocurre una cosa similar con las importaciones que efectúa la UE de nuestro país. De suerte que liberar el intercambio de esos bienes solo se traducirá en ampliación del comercio, de la producción y del empleo en ambos.

Pero es evidente que existen sectores pequeños que tendrían riesgos, por lo cual esperamos que en la negociación se tengan en cuenta y se pacten cláusulas equitativas para ambos bloques de países. En especial quisiéramos una solución al efecto contraproducente que los elevados subsidios europeos a la producción agropecuaria tendrían en nuestra región. Nos parece también que existe una discriminación injusta en los gravámenes a la entrada de nuestro banano al Viejo Continente, frente a otros países que gozan de una situación privilegiada. Aspiramos a que se corrijan esas distorsiones que entrañan desventajas para la CAN, y dentro de ella sobre todo para los trabajadores.

Las centrales sindicales de nuestra región señalan de antemano que la negociación en curso será perjudicial para los derechos de los trabajadores. Nuestra experiencia en el caso del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos indica lo contrario, y confiamos que en el Acuerdo con la Unión Europea se contemplarán cláusulas sociales que protejan los derechos laborales, el medio ambiente y la salud de la población. Sabemos que ese es uno de los propósitos de la UE, y sería aventurado de nuestra parte suponer por anticipado –como lo hacen otros- que ocurrirá lo contrario.

Es conveniente señalar, a diferencia de lo que opinan algunos, que aunque en Colombia persisten falencias y vacíos hemos tenido importantes progresos en el terreno de los derechos laborales en los últimos años, tanto por la brega del movimiento sindical como por las recomendaciones de la OIT, por las sugerencias de EEUU y la UE, y también por iniciativa del mismo gobierno colombiano. Empecemos por decir que nuestro país ha aprobado desde hace tiempo todos los Convenios de la OIT, donde se consigan los derechos fundamentales del trabajo. Vale la pena destacar que en los últimos años se han expedido nuevas normas positivas, como la prohibición de las peores formas de trabajo infantil, la oralidad y celeridad en los juicios laborales, la reglamentación de las empresas de servicios de empleo temporal, la regulación e impulso al contrato sindical como forma de contrarrestar la baja sindicalización, las limitaciones y prohibiciones a las cooperativas de trabajo asociado para competir deslealmente con la intermediación laboral en desmedro del trabajo digno, la reforma al derecho de huelga y al sistema del arbitramento, y la definición para los trabajadores del sector público de claros mecanismos de concertación con su respectivo ente estatal de sus condiciones laborales y salariales. En reconocimiento trascendental a sus avances, Colombia fue excluida desde hace 3 años de la “lista negra” de la OIT, en la cual estuvo por años con otros países, por graves violaciones a los derechos laborales.  

La protección de los derechos humanos, y en particular de los sindicalistas, se debate con intensidad en el caso de Colombia. Discrepamos radicalmente de quienes presentan una visión distorsionada de nuestra realidad. No es cierto que la grave situación vivida por el país en materia de derechos humanos en las dos últimas décadas del siglo pasado persistan, mucho menos con las dimensiones catastróficas que se anuncian, y que sus causantes sean el gobierno y los empleadores. El país viene superando de manera firme y sostenida la etapa de violencia de varias décadas lo asoló, afectando a todos los estamentos de la sociedad, no sólo a los sindicalistas; la caída de los distintos indicadores de homicidios, secuestros, extorsión, etc. así lo corrobora sin discusión. Los causantes verdaderos, guerrillas y paramilitares, con la perversa financiación del narcotráfico, vienen siendo combatidos, derrotados y sometidos, en una sólida alianza entre gobierno, fuerzas armadas y sociedad civil. Se respira una sustancial mejoría en materia de protección a los derechos humanos, sin que podamos negar lastres que todavía subsisten, pero advirtiendo a la vez una clara determinación por parte del Gobierno de mejorar este aspecto fundamental para la sociedad.

No existe en Colombia una campaña específica de violencia contra el sindicalismo, como se afirma a cada momento. Como muchos otros sectores de la vida nacional, este sector ha sido golpeado por la criminalidad pero, inclusive, en menor grado que muchos otros. La inmensa mayoría de los crímenes contra sindicalistas no lo son en razón de su ejercicio o actividad sino por otros factores. La tasa de homicidios de sindicalistas es de las más bajas del país, y los atentados contra éstos viene descendiendo vertiginosamente. Y los líderes sindicales son, sin discusión, el sector más protegido por el Estado: casi 2.000 de un total de 10.000 personas bajo distintas formas de seguridad. Ningún sindicalista que haya pedido protección del gobierno ha sido asesinado en los últimos ocho años.

Sumado a lo anterior es importante mencionar que bajo el auspicio de la OIT, la dirigencia sindical colombiana, el gobierno y los empleadores, acordaron desde el año 2006 trabajar juntos para enfrentar diversos problemas que afectan al movimiento sindical, particularmente la violencia y la impunidad. Para ello se ha establecido en Bogotá una oficina permanente de la OIT que ayuda a las partes para esos fines. Y en la Fiscalía General de la Nación se ha creado una Unidad Especializada que atiende los casos denunciados ante la OIT por las centrales sindicales. Sus resultados en los dos primeros años de actividad son muy promisorios, al esclarecer casi 200 crímenes, cuando en años anteriores solo se habían resuelto si acaso 40.

Colombia tiene numerosos problemas de orden económico, social y político. De eso somos conscientes. No es nuestro interés ocultarlo ni mucho menos. Pero tanto el gobierno, como la sociedad civil vienen haciendo esfuerzos por superarlos, y el país viene consolidando y mejorando sus instituciones y régimen democrático, venciendo el cáncer de la violencia, recuperando la senda del crecimiento y haciéndole frente a las desigualdades sociales. Continuar por esa vía implica numerosos esfuerzos. Y el apoyo de la comunidad internacional. Los acuerdos comerciales, así como los programas de cooperación, son una importante herramienta que ayuda a superar nuestros problemas. Necesitamos cooperación, respaldo y oportunidades, no bloqueo ni estigmatizaciones. Si bien el acuerdo comercial con la UE no es una panacea, es una importante oportunidad histórica que el país no puede desperdiciar. De nosotros y de nadie más dependerá, ya suscrito, aprovecharlo positivamente.

De los Señores Comisionados, cordialmente,

Gerardo Sánchez Zapata. Presidente de la Subdirectiva en Coltejer del Sindicato de la Confección y los Textiles de Antioquia.(Sintracontexa). Cédula de ciudadanía No. 3.616.117.

Luis Fernando Cadavid Mesa. Presidente Directiva Nacional del Sindicato de la Confección y los Textiles de Antioquia (Sintracontexa). (Contrato Sindical en la empresa Leonisa). Cédula de ciudadanía 70.066.537.

Luis Germán Restrepo Maldonado, Presidente. Sindicato Compañía de Empaques. Cédula de ciudadanía 70.036.524.

Walter David Navarro Giraldo- Presidente del Sindicato de Profesionales de Empresas Públicas de Medellín. Cédula de ciudadanía 71.658.127

Fernando Bayona Rincón, Fiscal del Sindicato de Acerías Paz del Río (Boyacá). Cédula de ciudadanía  9.519.084.

Eufrasio Emilio Ruiz Santiago. Presidente. Sindicato del Ingenio San Carlos (Valle del Cauca). Cédula de ciudadanía 16.626.726.

Albeiro Enrique Franco Valderrama. Presidente de la Subdirectiva de Antioquia (Urabá) de la Unión Nacional de Trabajadores del Sector Agroindustrial y Pecuario (Unaltrasap). - Cédula de ciudadanía 70.036.467.

Javier Ramírez Córdoba. Presidente. Sindicato de Imusa (sector Metalmecánico). Cédula de ciudadanía 15.500.538.

Jorge Iván Díez Vélez. Secretario General. Unión de Trabajadores Textiles y la Confección de Colombia (Utatexcoc). Cédula de ciudadanía 98.658.352.

Camilo Torres. Presidente Nacional de Sintrainduplascol. Cédula de ciudadanía 2,529,023.

Oscar Jiménez Quiceno. Presidente. Sindicato Nacional de Coats-Cadena (Pereira). Cédula de ciudadanía 4.587.566.

John Cano Restrepo. Presidente. Sindicato Gremial de Equipajeros de Antioquia. Cédula de ciudadanía 8.300.527.

Mario Efrén Isaacs. Presidente Subdirectiva Tulúa (Valle). Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Fruticultora (Sinaltraifru). Cédula de ciudadanía 80.504.771.

César Velazco. Fiscal de la Unión de Trabajadores de Cundinamarca (Utracun). Bogotá.

Manuel Sánchez Casallas, Presidente, Federación de Trabajadores de Bebidas, Alimentos, Turismo y afines, y del Sindicato Nacional de Gaseosas Lux. Bogotá. Cédula de ciudadanía 17.121.058. 

Ana Lucía Rojas Alaguna, Fiscal del Sindicato Nacional de Trabajadores de las Flores (Sinaltraflor). Cédula de ciudadanía 39.699.556.

 

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Bogotá, April 2009

The Members of the European Commission

European Union

Brussels

Ladies and Gentlemen:

A Trade Agreement is currently being negotiated between the Andean Community of Nations (CAN) and the European Union (EU), in the form of a “flexible framework agreement”, in which Colombia is a participant. Various sectors of civil society, including worker organisations, are expressing their views on the matter, and we should like to take this opportunity to do the same.

We represent a sector of Colombian trade unionism with a radically different point of view from that of the worker centres leadership, which is strongly opposed to this and any other trade agreement. We take a different approach, prepared to observe the progress of the negotiations and offer opinions, ready to lend our support to the outcome if it matches our national aspirations. Our position is that an out-of-hand rejection of the agreement in advance with no knowledge of how it develops is foolish and senseless; neither do we share the decision taken by this branch of the trade union movement to take no part in the talks.

Our understanding is that one point of criticism is the inconvenience of the joint but flexible negotiation system, whereby each CAN country is free to express its needs and concerns without being permitted to adopt a position which can hinder or prevent other members from assuming their own. This is a non-exclusive position, since it means that participation is open to all CAN members, yet none has the power of veto.

A further objection is that it may negatively affect the Colombian economy, since the elimination of customs duties might lead to disastrous competition for some branches of industry or agriculture, with knock-on outcomes for employment. In this regards, our perception is that our economies tend more towards the complementary than the competitive; over ninety per cent of Colombian imports from the EU are products regarding which Colombian production is either non-existent or insufficient, and the same applies to goods imported by the EU from Colombia. Freeing up trade in these goods could only result in its growth, and an increase in the production and employment involved. 

Of course, it goes without saying that there will be some small sectors which will find themselves at risk, and we trust that the talks will factor this in and fairness clauses will be agreed to for both nation groups. Most of all we would like to see a solution to the counter-productive effect which the high European subsidies on agricultural produce have on our region. We also feel that unfair discrimination exists as regards the duties on our banana production for importation into Europe, when other countries enjoy a privileged situation. We look forward to the correction of these inequalities, damaging for CAN and in particular for our workers.

The trade union cadres in our region have already claimed that the negotiations in progress will damage workers' rights. Our experience in the case of the Free Trade Agreement with the USA suggests the opposite, and we are confident that the Agreement with the European Union will contain social clauses protecting the rights of workers, the environment, and the health and safety of the population. We know that such matters lie at the heart of the concerns of the EU, and that it would be absurd for us to assume, as the union leaderships have done, the opposite.

Despite the claims of some sectors, we should point out that, although bankruptcies and job losses have occurred in Colombia, significant progress has been made in the area of workers' rights in recent years, thanks to the work done by the union movement, to ILO advice, to the suggestions made by the USA and the EU and the initiatives of the Colombian Government itself. We should state at the outset that our country has approved all ILO Agreements establishing the fundamental rights of labour. Worthy of note is the fact that in recent years new positive standards have been established, such as bans on the worst forms of child labour, on oral proceedings and deadline guillotines in labour courts, the regulation of temporary employment agencies, regulating and encouraging the use of trade union agreements as a move to counteract low union membership, restricting and prohibiting associated labour cooperatives from unfairly competing as labour intermediaries resulting in the decline in decent work, reform of the right to strike and the arbitration system, and the establishment for public sector workers of clear guidelines for discussions with their respective State body and their work and payment conditions. In momentous recognition of its advances, Colombia has for the last 3 years been absent from the ILO blacklist where it had figured for years in company with a number of other countries because of its serious breaches of workers' rights.  

The protection of human rights, and particularly those of trade unionists, is the focus of serious debate as regards Colombia. We strongly disagree with those who present a distorted picture of reality. It is simply not true that the terrible human rights situation which characterised the country in the last two decades of the last century has persisted, and even further from the truth that it matches the catastrophic dimensions described, nor that the government and employers are to blame. The country is firmly and steadily climbing out of the period of violence which laid waste to it for years, affecting all sectors of society, not just the trade unions; the drop in the figures for murder, kidnapping, extortion, etc. stand as incontrovertible evidence. The real perpetrators, the guerrillas and paramilitaries, with the destructive finance of the drug trade, are under siege and are steadily being brought to book by a strong alliance of government, the armed forces and civil society. We are enjoying a substantial improvement in human rights protection, and while making no bones about the work that remains to be done, we are witnesses of the fixed determination on the part of the Government to improve this fundamental aspect of society.

No specific campaign of violence against trade unionism exists in Colombia, as we are endlessly being told. This sector has been infiltrated by the criminal element like others, but in actual fact to a much lesser degree than many others. The large majority of crimes against unionists are not perpetrated because of the unionists' work or activities but for other reasons. The murder rate as regards trade unionists is one of the lowest in the country, and attempts on their lives are dropping sharply. The fact is that union leaders are incontrovertibly the best protected group in the State: almost 2,000 of a total of 10,000 are covered by various forms of security. Not a single trade unionist who has requested governmental protection has been murdered in the past eight years.

In addition to the above it is important to mention the fact that, under the auspices of the ILO, since 2006 the Colombian Trade Union Leadership, the Government and the employers have been in agreement that they should work together to tackle the various problems affecting the union movement, particularly violence and impunity. In order to achieve this goal the ILO has opened a permanent office in Bogota to help the parties work towards these ends. Furthermore, a Special Unit has been set up within the office of National Public Prosecutor to deal with cases reported to the ILO by trade union offices. The results of the first two years of activity have been very promising, with almost 200 crimes solved, as against barely 40 for the years before.

Colombia suffers from many problems of an economic, social and political nature. We know this, and it is not our intention to conceal the fact in any way whatsoever. But the fact is that the Government and civil society are striving to overcome them, and the country is beginning to come together, its institutions and democratic system are improving, and the cancer of violence is being beaten, so that we are finding our way back onto the path to growth and the elimination of social inequality. For us to proceed along this route huge efforts will be required, together with the support of the international community. Trade agreements, along with cooperation programmes, are an important tool in helping us overcome our problems. We need cooperation, support and a chance, not stonewalling or stigmatisation. Naturally, the trade agreement with EU cannot be a panacea, but it is an important historical opportunity which we cannot afford to let slip. It is we, the undersigned, and nobody else, who can take positive advantage of it.