Edmundo López Gómez
El Nuevo Siglo, Bogotá
Febrero 12 de 2010
ME dijeron que un grupo de estudio de la Universidad de los Andes sacó a la superficie el hecho escandaloso del padrinazgo institucional de que gozan los candidatos al Senado de la República para aspirar, cuando los ligan lazos estrechos de afinidad y de consanguinidad con poderosos funcionarios públicos: un reparo mayúsculo del cual deben responder los constituyentes de 1991.
La excepción, el privilegio, la situación ventajosa, como quiera llamársela, siempre ofenderá el derecho a la igualdad, consagrado como pieza fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y político, y por ello la inclusión del tratamiento privilegiado a los senadores en la Carta que nos legaron los constituyentes de 1991 deberá tenerse como un cuerpo extraño que amerita someterse a la más alta cirugía constitucional; pero, en el entretanto, pensamos, que por la vía de la modulación de las sentencias se podrá corregir el engendro monstruoso, el cual, según nos dijo una palomita mensajera que volaba por aquellos tiempos, fue concebido para favorecer a candidatos cercanos a la Gata. Vaya uno a saber si eso fue verdad, pero extraña sobremanera que los constituyentes de 1991 se hubieran dejado meter de todas maneras gato por liebre, y que hoy se corra el peligro de aplicar una norma que ofende la ética pública y contradice el principio de igualdad que inspira nuestro Estado Social de Derecho.
No conozco el texto que produjo la Universidad de los Andes para oponerse a que el Consejo Electoral inscribiera los nombres de senadores con esos señalamientos de parentesco con autoridades que ejercen funciones civiles y políticas, pero deben ser semejantes a los que he venido dando y puedan dar, también, otros juristas que le hayan hecho un seguimiento a los reparos formulados hoy por la prestigiosa institución universitaria.
Llama la atención que los constituyentes de 1991 no hubieran saltado a la palestra y que, contrariamente, hayan hecho mutis por el foro frente a la discusión planteada.
Tal como se ha hecho público y notorio, el hermano del poderoso Alcalde de Bogotá, el padre del también poderoso Alcalde de Barraquilla, la madre del Alcalde de Montería, quien acaba de comprometer cerca de 5 mil millones de pesos para pavimentar unas calles de la ciudad donde manda y en las cuales hace proselitismo su distinguida progenitora, y, quien, además, es suegra del actual Secretario General de la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad que dirige toda la operación electoral en Colombia, y el hermano del Secretario de Hacienda de Córdoba -así como otros de la misma condición-, hacen parte de las listas inscritas para el Senado por los partidos políticos.
Con todo, hace falta que en el lapso que corre a partir del 26 de febrero y antes de las elecciones, el CNE examine si pueden quedar en firme los avales partidistas a tales candidatos, con tan ostensibles privilegios frente a los otros.
Sería una decisión que contribuiría a obturar la vena rota de la corrupción en Colombia.
Es de esperar (¿por qué no?) que el CNE acierte.
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