Perdió la opinión pública

Edmundo López Gómez

El Universal, Cartagena

Martes 23 de Febrero de 2010.

Ayer hubo un pronunciamiento en el Consejo Nacional Electoral, contario a la ética pública.

Los estudiantes de la Universidades de los Andes y del Rosario que habían demandado la inscripción de candidatos al Senado, parientes de alcaldes y gobernadores y otras autoridades territoriales investidas de poder civil, no fueron escuchados en sus sanas pretensiones, en cuanto pidieron que se respetara el derecho a la igualdad, eliminando privilegios inaceptables para acceder a cargos de elección popular. Ellos apelaron a pronunciamientos claros de la Corte Internacional de Derechos Humanos; dijeron que sus determinaciones se incorporaban, por tener sustento en convenios internacionales, en el bloque de constitucionalidad, que nuestra Constitución, en su artículo 93, ordena acatar.

Nosotros habíamos opinado abiertamente, en esta columna. Consideramos muy puestas en razón las alegaciones de los estudiantes.

Consideramos, en verdad, que la excepción consagrada en la Constitución, que permitía las elecciones de los parientes de las autoridades con potencial injerencia en el electorado, no se debía aplicar porque colisionaba con el derecho fundamental de la igualdad, derecho de mayor jerarquía que debía considerado como prevalente ante la otra norma, de contenido profundamente inmoral.

Los honorables magistrados del Consejo Electoral se fueron por las ramas. Se basaron en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, cuyos pronunciamientos, sin embargo, jamás analizaron la colisión de conflictos entre normas de la propia Constitución, para adoptar criterios –como los que enseña Robert Alexy en su Tratado sobre los Derechos Fundamentales–, para desatar esa clase de confrontaciones.

Tampoco, tan conspicuos magistrados consideraron importante hacer referencias a los pronunciamientos de la Corte Constitucional, sobre la aplicación de derecho a la igualdad. ¿Para qué meterse en honduras?, habrían pensado, y prefirieron montarse en el caballito de que esa excepción había sido aplicada e interpretada de manera “tranquila y pacífica” en Colombia.

¡Vaya apreciación subjetiva! ¡Vaya eufemismo inaceptable! No, honorables Magistrados. Esa aplicación de la excepción –sin confrontarla con el derecho a la igualdad– no ha generado tranquilidad alguna en las gentes de bien, como en el caso de los estudiantes de tan prestigiosas universidades, quienes pensaron que a través de la demanda ante CNE, podrían lograr rectificaciones indispensables en las costumbres políticas del país.

Deploramos, sí, que la oportunidad de darle transparencia a las próximas elecciones, haya sido menospreciada por el Consejo Electoral.

En fin, la opinión pública fue derrotada, y a estas horas los candidatos patrocinados por sus parientes en puestos de mando, deberán estar celebrando el fallo: podrán seguir aspirando y gozando de privilegios.

¡El mar se puede encrespar!, honorables magistrados del Consejo Electoral, porque ustedes, lejos de asumir una conducta ejemplarizante, encontraron argumentos para mantener tan perniciosa manera de hacer política.

Ha sido una inmensa frustración de quienes pensamos que había llegado la hora de grandes rectificaciones. Al parecer, ustedes no participan de esas preocupaciones.

Una prueba más de que el país está afectado por una crisis de valores que exigirá revisiones profundas. ¿Quién asumirá ese liderazgo en el inmediato futuro? Yo no tengo la respuesta. Espero que ustedes la tengan, amables lectores.