Edmundo López Gómez
El Nuevo Siglo, Bogotá
Diciembre 18 de 2009
EL ascenso a la política por los caminos sucios, no se puede esgrimir como fortaleza de un partido y menos de quienes lleven su vocería.
Contrariamente, quien practica la política sucia y llega a la meta por ese camino, merece la descalificación y el repudio de los ciudadanos de bien.
El derecho de ser elegido, ¡hay que recordarlo!, está regido por valores morales insoslayables, más allá de las apariencias legales.
En este sentido, las normas de la ética política son las que se deben aplicar cuando se convoca a las urnas para ejercer el derecho de elegir. Dicho de otra manera, ética y política deben estar presentes en el momento de votar.
La Constitución, norma de normas, ha dotado al ciudadano de una herramienta que le permite ejercer con dignidad el derecho de elegir: el voto secreto.
El voto secreto es por excelencia la oportunidad que tiene el ciudadano de proceder de acuerdo con su conciencia.
Los cubículos que las autoridades electorales construyen, para que el ciudadano marque las tarjetas electorales, se han concebido y reglamentado, precisamente, para que el voto secreto se garantice, a plenitud.
Votar en secreto es un acto de reflexión democrática, en cuyo momento el ser humano pone a prueba su propia dignidad.
Voto secreto y libertad de conciencia, corren parejos.
Sin embargo, para desgracia de Colombia, la corrupción administrativa y política ha minado la legitimidad del voto.
Una de las peores expresiones de esa corrupción es la afrenta que recibe el ciudadano contra su derecho de elegir en libertad; cuando se le arrastra a las urnas mediante la compra de su voto. Así, las masas empobrecidas se convierten en víctimas del juego sucio de la política. En esa operación de arrastre del voto de los pobres, interviene, por supuesto, el dinero mal habido.
El dinero mal habido no es sólo aquel que se obtiene de la explotación del vicio: del narcotráfico, del lavado de dinero y de otras variantes delictuosas que permearon nuestra sociedad. Dinero mal habido también es el que sale de las arcas oficiales por las ventanillas de la corrupción que abren los alcaldes, los gobernadores y otros funcionarios del Estado.
Lo peor es que la propia organización electoral no está a salvo de la corrupción y, producto de esta dolorosa realidad, es que muchas de las credenciales que expide son espurias de raíz.
¿Acaso es mentira que se dan alianzas, para esos efectos, entre funcionarios electorales y empleados de las empresas de sistemas, que actúan como auxiliadores de la organización electoral? ¿Acaso es mentira que los barones electorales arrancan del partidor con cuotas previamente negociadas, producto de esas alianzas?
Para muestra, un barón electoral de Córdoba anunció a tres meses de las elecciones de corporaciones públicas, el número de votos que obtendrá el 14 de marzo.
Procurador Ordóñez: usted puede evitar esta clase de maniobras fraudulentas a través de la procuraduría preventiva. Es de esperar que, cuanto antes, usted se ponga al frente de esa misión de limpieza política.
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