¿El Minjusticia para qué?

Editorial

La Patria, Manizales

Diciembre 14 de 2009

Durante años el Ministerio de Justicia jugó un papel clave en el país en diferentes procesos de la vida nacional. Desde allí se inició la guerra contra el narcotráfico en un momento en el que Colombia parecía relajarse con la llegada de nuevos ricos que gracias al poder económico obtenido con esta actividad ilícita compraban no sólo todo tipo de excentricidades sino hasta curules en el Congreso. Para la muestra el asesinato del entonces titular de esa cartera, Rodrigo Lara Bonilla, y los posteriores atentados a algunos de quienes lo secundaron en ese importante cargo.

En aras de economizar el gasto público y hacer más eficiente el Estado, el gobierno Uribe decidió unir las carteras de Justicia y de Gobierno en el llamado Ministerio del Interior, el cual desde entonces se encarga por un lado del manejo político del Estado y por otro de los asuntos más apremiantes en torno al derecho. Este intento que se inició muy bien cuando el caldense Fernando Londoño Hoyos, con capacidad intelectual y conocimiento profundo de los intríngulis jurídicos, llevaba sobre sus hombros sin contratiempo esta doble responsabilidad.

En ese momento las relaciones entre las altas cortes y el Gobierno, aunque distantes, no habían llegado al grado de deterioro en el que hoy se encuentran. Al poder judicial lo atraviesan todos los problemas del país; a los tribunales llega todo el resultado de los males que nos aquejan: el terrorismo, la corrupción, la violencia en las ciudades, el narcotráfico y la parapolítica, por no mencionar sino unos cuantos.

Ha dicho el ministro Valencia Cossio que el Gobierno está dispuesto a considerar la restauración del Ministerio de Justicia dentro del paquete de proyecto de reforma a esta rama del poder público, lo cual es válido, pero se debe tener sumo cuidado de que no sea una retaliación frente al momento actual de tensión que vive el ejecutivo y el poder judicial por cuenta de las últimas desavenencias, algunas de ellas salidas de tono de ambas partes, y que han agrietado aún más estas relaciones como si hubiera enemigos a lado y lado y no simplemente poderes independientes que deben actuar de acuerdo con la Constitución y la ley.

No se trata de crear un Ministerio que demuestre que este es el siglo de los jueces como pretendió denominar a estos tiempos que corren el actual presidente de la Corte Suprema, Augusto Ibáñez. Somos unos convencidos de que el mejor juez es el que cumple con su trabajo de manera prudente, sin aspavientos y hablando a través de sus fallos basados en derecho y no con interpretaciones políticas que no corresponden al rigor jurídico. En un estado social de derecho debe imperar el reconocimiento a las reglas de juego, el respeto a la independencia del otro y la no usurpación de funciones; no buscar a cuál rama del poder le corresponde ser el protagonista de una etapa histórica.

El Ministerio se necesita para que sea el interlocutor del Gobierno frente a las altas cortes, para que les preste atención de primera mano a los problemas judiciales generados por cuenta de la congestión, por el atraso en tecnología, por el incumplimiento de los plazos fijados por los códigos a los jueces, para estar atento a que no se sucedan nuevos Foncolpuertos, para que se diseñen la política criminal del país, que sigue brillando por su ausencia, y coadyuve en estrategias idóneas de procesos de reinserción. Que vuelva el Ministerio para cumplir con estos objetivos, pero no para llenarse de burocracia y para ver cómo interviene en las decisiones jurídicas del poder judicial.