La encrucijada sindical

Editorial

El Universal, Cartagena

Marzo 3 de 2009

La detención de Juan Efraín Mendoza Gamba, secretario general de Fensuagro, en el campamento del “Negro Antonio” por parte del Ejército Nacional, pone al sindicalismo nacional en una encrucijada cuando este movimiento intenta jugar cada vez más en el ámbito internacional, en el que le hacen oposición al Gobierno de Uribe, mostrándolo como de extrema derecha y antisindical, mientras se presenta a sí mismo como democrático.

El Gobierno ha venido sugiriendo de maneras diversas que entre los movimientos sociales de izquierda en Colombia hay muchos quienes les jalan a “la combinación de todas las formas de lucha”, queriendo decir que cumplen con la estrategia guerrillera de que al poder se llega utilizando varios métodos simultáneos, y aunque la lucha armada es el principal, los demás ayudan y son válidos.

Se sabe que las Farc –especialmente “Alfonso Cano”- le trabajan fuerte a su Partido Comunista Clandestino de Colombia, o PC3 (PCCC). Según El País de Cali de ayer, éste comenzó en 2000 en la Zona de Distensión, y entre las primeras 70 personas reclutadas “había periodistas, médicos, dirigentes políticos, educadores, sindicalistas y profesionales en distintas áreas con un nivel educativo alto”. No son civiles estrictamente hablando, ya que –según El País- los entrenaron en manejo de armas cortas y explosivos. No se limitan a estar en Colombia, sino que hacen proselitismo internacional.

Uno de los propósitos de las Farc con el PC3 es tener “cuadros” políticos en su sitio para una transición eventual del monte hacia la participación formal en la política electoral para la toma del poder, aunque sin dejar las armas jamás. En ese paradigma “fariano” de triunfo electoral, las Farc se convertirían en Gobierno y Ejército del Pueblo de Colombia, remoquete que ya se dan a sí mismas.

El Gobierno de Uribe cuestiona –a veces sutilmente y otras no tanto- a algunos ex integrantes del M19, ahora del Polo Democrático, y les exige que se pronuncien categóricamente en contra de las Farc, lo que no todos hacen con claridad. Ese mismo reclamo le viene haciendo el senador Gustavo Petro a las directivas del Polo, su partido hasta anteayer.

Si llega a primar la paranoia, todos los dirigentes y simpatizantes de la izquierda quedarán estigmatizados como sospechosos de ser del PC3, y si se llega a la desprevención absoluta, quienes sí pertenecen a este partido lograrán infiltrarse en muchas partes. Es imperativo que prime un aparato judicial libre, independiente y respetado, para no caer en cualquiera de los extremos.

La captura del presidente de Fensuagro por parte del Ejército en un campamento de las Farc -malqueridas por los colombianos- aviva las dudas acerca de quién es un izquierdista legítimo, civilista y demócrata, y quién no. No ayuda en nada al sindicalismo que uno de los suyos –y no uno cualquiera- haya sido hallado en un campamento guerrillero.

Aunque injusto, los sindicatos están a la defensiva dentro y fuera del país. Tendrán que convencer a todos de que desaprueban de las Farc y no le jalan a la “combinación de todas las formas de lucha”, mientras sus opositores sugerirán que sí, hasta que se aclare la detención de Mendoza Gamba.

Colombia ¿bien parada?

Por Hernán Avendaño Cruz

La República, Bogotá

Marzo 5 de 2009

 A medida que la crisis mundial avanza, crece la preocupación en el mundo subdesarrollado.

Las nuevas revisiones de proyecciones macroeconómicas bajan más las tasas de crecimiento esperado e indican que todas las regiones del mundo serán afectadas. Los países desarrollados tienen claras varias cosas: Primera, que la política monetaria no es efectiva en las actuales circunstancias; pese a que los bancos centrales redujeron las tasas de interés a los niveles más bajos de sus historias particulares, no logran estimular la demanda.

Segunda, es imperativo detener el deterioro del sector financiero. A pesar de las liquidaciones o de las inyecciones de recursos en diversas entidades, el problema persiste y no se han restablecido los canales de crédito. El debate reciente está centrado en la probable nacionalización de entidades financieras y en la contención del riesgo de pánico financiero.

Tercero, es importante reactivar la demanda agregada y restablecer la confianza. Las pérdidas de riqueza de los hogares, forzaron la contracción del gasto y el aplazamiento de consumos duraderos; las empresas del sector real empezaron a acumular inventarios, a tener dificultades de financiación, a disminuir producción y a recortar empleos.

En ese contexto, la política fiscal es el instrumento con más posibilidades de reanimar la demanda y, por eso, los gobiernos han anunciado grandes paquetes de gasto. Las repercusiones de la crisis en las economías subdesarrolladas dependerán de cómo evolucionen y qué tan efectivas sean las políticas mencionadas, y de qué tan preparadas están las autoridades económicas de estos países.

En el caso de Colombia hay razones para un moderado optimismo. En primer lugar, la desaceleración reciente del crecimiento responde a la política antiinflacionaria de los años recientes. A diferencia de la situación de las economías desarrolladas, es evidente que la política monetaria tiene un amplio margen de maniobra. El cambio de postura de la Junta Directiva del Banco de la República, con una reducción de 200 puntos básicos en su tasa de intervención entre diciembre y febrero, puede tener repercusiones positivas en la demanda agregada y amortiguar parte de los efectos de la crisis en el comercio internacional.

En segundo lugar, la política fiscal también tiene algún margen de maniobra. El gobierno actuó con gran oportunidad para asegurar la financiación del presupuesto de 2009 y tiene previsto el desarrollo del plan de infraestructura, con obras que en su mayor parte ya están financiadas. Aun cuando algunos analistas subvaloran y no consideran esta opción como parte de un “programa de choque” frente a la crisis, el FMI la considera importante.

En el documento “Fiscal Policy for the Crisis”, el FMI menciona entre las medidas recomendadas: “Primero, y más simple, los gobiernos deben asegurar que los programas existentes no sean recortados por falta de recursos. Segundo, programas de gasto, desde reparaciones y mantenimiento hasta proyectos de inversión aplazados, interrumpidos o rechazados por falta de recursos o por condiciones macroeconómicas, deben ser reactivados rápidamente”.

En tercer lugar, el gobierno adoptó medidas para evitar que las restricciones financieras internacionales afecten las empresas, especialmente las mipymes. Para tal fin se está capitalizando el Fondo Nacional de Garantías y se contrataron créditos externos por más de US$1.000 millones para líneas de redescuento de Bancoldex.

Por último, el país cuenta con un programa de transformación productiva, que tiene gran importancia estratégica en la coyuntura actual.

Las crisis también son fuente de oportunidades. La Gran Depresión forzó un improvisado proceso de industrialización en Colombia. La temida oleada de proteccionismo que puede desatar la crisis actual, nos encontrará con un sólido proyecto de reindustrialización en marcha. El reto es aprovechar plenamente esa ventaja.

Clima para el desarrollo

Carlos H. Fonseca Zárate

El Colombiano, Medellín

Marzo 5 de 2009 

 La Asamblea del BID se reunirá próximamente en Medellín. Uno de los temas obligados será el de las expectativas de desarrollo de América Latina y el Caribe frente a la recesión económica y financiera global actual.

El Banco Mundial presentó recientemente el documento "Desarrollo con menos carbono: respuestas latinoamericanas al desafío del cambio climático", que recuerda las consecuencias sociales y económicas del recalentamiento global para nuestro subcontinente.

Es urgente insistir en la asamblea en el tema de la relación entre el clima y el desarrollo, porque América Latina y el Caribe ya están padeciendo el problema y pueden aportar a las soluciones; así lo atestiguan la retracción de glaciares de los Andes, la pérdida de los corales (que explican el 65% de la diversidad pesquera), el daño de los pantanos de las zonas costeras del golfo de México, con disminución de lluvias de hasta el 40%, -que representan un gran riesgo de pérdida productiva, porque el 45% de la producción de camarón de México, el 90% de las ostras y alrededor del 40% de la pesca comercial se originan allí-. Los desastres naturales y las tormentas tropicales han aumentado a un promedio de una vez cada tres años cuando en la década pasada eran de una vez cada cuatro años. El impacto promedio en los países centroamericanos y del Caribe afectados sería una reducción del 2% del PIB per cápita en cada década.

La más afectada será la agricultura. "La productividad agrícola puede sufrir una precipitosa caída en muchas regiones" de América Latina y el Caribe según el Banco Mundial. Modelos de simulación indican que un aumento de 1,79 grados con relación a 1900, resulta en una pérdida de aproximadamente el 1% del PIB anual, lo que equivale a un impacto único de alrededor de 18,2 del PIB (a valores actuales con tasa de descuento de 5,5%). Los cambios de patrones de lluvias, con algunas zonas con más lluvias como el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, nordeste de Argentina y noreste de Perú, y otras con menos lluvias como el sur de Chile, suroeste de Argentina y el sur del Perú, afectarán fuertemente la agricultura, como es fácil constatar en los resultados de la agricultura colombiana el año pasado y este comienzo de año. Existen muchas más cifras y estimativos del daño que ocasiona el recalentamiento climático para América Latina y el Caribe, el subcontinente con la mayor desigualdad social en el mundo; los pobres serán los que sufren más el recalentamiento climático.

Se requiere insistir urgentemente en una respuesta global y concertada, que sea efectiva, eficiente y equitativa. El presidente Obama invitó a los Estados Unidos, el mayor responsable, a "recoger el fantasma del calentamiento planetario" y a usar sabiamente el agua, el viento, el sol y la tierra de manera sostenible". Debemos insistir en bloque el cumplimiento de esa promesa esperanzadora, con hechos concretos: En los casos de la industria, la agricultura, la silvicultura y la energía, casi un 70% del potencial global de reducción de emisiones involucra oportunidades en nuestros países. América Latina y el Caribe representan el 8,5% de la población y el PIB mundiales y el 12% de las emisiones, con emisiones per cápita mayores que China e India aunque estas últimas crecen rápidamente. Es la oportunidad de concertar una parte de la disminución del cambio climático con nuestros países como un acto de justicia histórica, de liderazgo visionario hacia un modelo de desarrollo diferente y de estrategia eficaz de mutuo beneficio. 

*Gerente Parque Tecnológico de Antioquia

Otro paradigma contra las drogas

Por Iván Garzón Vallejo 

El Colombiano, Medellín

Marzo 5 de 2009

En los medios de comunicación del país fue recibido con bastante favorabilidad el documento de la Comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia "Drogas y democracia en América Latina: hacia un cambio de paradigma", difundido por los ex presidentes Ernesto Zedillo, César Gaviria y Fernando Henrique Cardoso. Arguyendo su ineficacia práctica, el documento cuestiona duramente el paradigma prohibicionista promovido desde Estados Unidos y sugiere imitar las políticas de despenalización de algunos países europeos cuyo tratamiento del consumo de drogas es como una cuestión de salud pública y no como un asunto policial.

Sugiere el documento de los ex presidentes reducir el consumo mediante acciones de información y prevención, y focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Más específicamente propone la despenalización del consumo personal de marihuana, arguyendo que no solo las políticas de erradicación han mostrado ser ineficaces, sino que los daños causados por aquella son semejantes a los del alcohol y el tabaco.

Escrito a medio camino entre un texto académico y un ensayo divulgativo, hay que celebrar la aparición del documento puesto que promueve un debate público sobre un asunto de fuerte impacto social y que involucra políticas públicas.

Sin embargo, una lectura crítica del informe presentado en Río, no puede dejar de resaltar los siguientes interrogantes: Si se despenaliza el consumo de marihuana, ¿ello no incentivará proporcionalmente su producción, tráfico y comercialización?

Es decir, si parte del eslabón es el tráfico, cuyas dramáticas consecuencias sociales son mencionadas en el texto, ¿de dónde se infiere que una política de tolerancia con el consumo de la dosis personal (como la que se impuso en Colombia desde la sentencia de la Corte) no incrementará las otras partes de la cadena?

¿Es absolutamente cierto y verídico que los daños causados por la marihuana son semejantes a los del alcohol y el tabaco? Si es así, ¿por qué no se citaron los estudios científicos que así lo demuestran?

¿Los Estados latinoamericanos estarían preparados para tratar a los consumidores de droga como pacientes, teniendo en cuenta que estos están afiliados mayoritariamente a un sistema congestionado, lento e ineficaz como el de la salud pública?

¿No es incoherente que como política pública el Estado exhiba 'ex viciosos' para desincentivar el consumo, pero al mismo tiempo no reproche institucionalmente el consumo de algunas de estas sustancias?

¿Dicha política sería coherente con un Estado Social de Derecho, que tiene dentro de sus propósitos el cuidado y el respeto de la vida y la dignidad de todo ser humano? Por ello, ¿las políticas públicas deben establecerse únicamente con base en argumentos pragmáticos? ¿En este debate hay lugar para razones éticas y antropológicas?

Parte del diagnóstico del documento de la guerra contra las drogas es interesante, y parece evidente que se impone una revisión del prohibicionismo en los términos como se ha venido aplicando. Pero no se puede desconocer que en países en los que se ha liberalizado el consumo de estupefacientes, al incrementarse éste se han creado más incentivos para su producción y comercialización (más clientes), y con ello el número de adictos.

Pero además, no se puede dar por cierto un sofisma, y es que el objetivo de la lucha contra las drogas es 'un mundo sin drogas'. Ello es ingenuo conceptualmente y políticamente imposible.

El propósito es un eficaz desincentivo y una sólida contención de un mal social que promueve un negocio macabro que corrompe funcionarios estatales, enriquece ilegítimamente a unos pocos, y promueve una cultura mafiosa y homicida. Pero sobre todo, corrompe a nuestros niños y jóvenes. En ellos también habría que pensar.

Estados Unidos, Afganistán y Colombia

Por Alejo Vargas Velásquez

El Colombiano, Medellín

Marzo 4 de 2009

Desde la campaña presidencial Barack Obama estableció una diferencia entre la intervención norteamericana en Irak, la que criticó y señaló que debía acelerarse la retirada de sus tropas y el caso de Afganistán el cual señaló como la prioridad que ha debido tener Estados Unidos y no haber distraído sus recursos en Irak, pues era en Afganistán donde estaban los jefes de Al-Qaeda y los talibanes que lo apoyaban; por ello señaló como prioridad el aumento de tropas en este país. Esto ha llevado a varios analistas y críticos a decir que Afganistán puede ser el Vietnam de Obama.

Evidentemente el caso de Afganistán es el de un país que no ha logrado consolidar un Estado-Nación con capacidad de monopolizar la coerción legítima y el control territorial; por el contrario, han predominado históricamente los llamados 'señores de la guerra' que controlan regiones del país y adicionalmente el cultivo de la amapola y la producción de opio y heroína ha estado ligado a su historia. La intervención de Estados Unidos y sus aliados efectivamente desplazó del gobierno a los talibanes sin mucha dificultad y se implantó un gobierno 'democrático' que en la realidad sólo controla, en el mejor de los casos, su capital y las zonas donde están las tropas de la coalición intervencionista.

Es verdad que Afganistán es una prioridad para el gobierno Obama, pero la pregunta es cuál es la estrategia adecuada para fortalecer un gobierno que represente la realidad del país, si incrementar la presencia de tropas de la coalición, ya anunció el gobierno Obama 17.000 soldados adicionales, o una estrategia de concertación. No debemos olvidar que la preocupación norteamericana en Irak llevó a que se complejizara la situación afgana con unos talibanes de retorno y a la ofensiva política y militar y con una progresiva desestabilización e involucramiento de Pakistán. El presidente Carter ha señalado sobre el particular, según Amy Goodman "yo discreparía con Obama en cuanto al aumento de soldados, ya que esto provocaría bombardeos más intensos de pueblos y centros urbanos afganos y una gran dependencia de las fuerzas armadas. Me gustaría que nos acercáramos más, que nos adaptáramos y negociáramos con todas las facciones en Afganistán" y en lo anterior incluyó a sectores de los talibanes.

En la conferencia de Seguridad de Munich el propio presidente Karazi señaló la necesidad de una política que incluya, además de coordinación de lasa fuerza de la comunidad internacional, la reconciliación, al respecto dijo: "Este es el momento. Invitaremos a todos los talibanes que quieran vivir en paz y según la Constitución a volver e integrarse en Afganistán". Y el general norteamericano Petraeus expuso en Munich en lo que denominó su nueva estrategia, el decálogo para Afganistán: "En primer lugar, nuestras fuerzas tienen que esforzarse para proteger y servir a la población. Tenemos que reconocer que el pueblo afgano es el terreno de batalla decisivo. Tenemos que protegerles, respetarles, ayudar a la reconstrucción, promover la economía y el establecimiento de una forma de gobierno que incluya relaciones con los líderes tradicionales de la sociedad".

Paradójicamente Afganistán puede ser un punto de acercamiento importante del gobierno Uribe con el nuevo gobierno norteamericano; coincidimos con lo señalado por Rafael Moreno Izquierdo, de SAFE DEMOCRACY a finales del año anterior, "aquellos que respondan primero y de forma más firme a esta petición de más implicación en Afganistán, subirán puestos en la agenda del nuevo presidente estadounidense" y en ese sentido la oferta del gobierno colombiano de enviar policías a contribuir a formar la policía afgana y militares especialistas en erradicación de minas antipersonales y en erradicación de narcotráfico, es un punto a favor que puede mejorar la posición del gobierno Uribe con el de Barack Obama.

* Profesor Universidad Nacional

 

Y si es tan difícil erradicarla, entonces legalicemos también la esclavitud

Por Juan David Escobar Valencia

El Colombiano, Medellín

Marzo 3 de 2009

¿Quién capitulará más pronto: el que necesita las cosas difíciles o quien se sirve de lo que buenamente pueda hallar?  Sócrates

Si algún tema es complejo y plagado de variables, que no se tienen perfectamente identificadas y se prestan a interpretaciones diferentes, y con diversos efectos, muchos de ellos que se anulan entre sí, es la búsqueda por acabar o reducir ostensiblemente el problema de drogadicción y el narcotráfico.

Hace pocas semanas los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo planteaban en un informe que presentaron a la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia que: “Las políticas prohibicionistas basadas en la erradicación, interdicción y criminalización del consumo simplemente no han funcionado. La violencia y el crimen organizado asociados con el tráfico de narcóticos siguen siendo problemas críticos en nuestros países”.

Pareciera estar haciendo carrera la idea que como los resultados de la lucha contra el narcotráfico no son lo que esperábamos, entonces lo mejor es legalizarla, pero como eso suena feo, es mejor decir que no se debe “criminalizar el consumo” y más si es “personal”. Según esta lógica simplista robarle a un hermano no es delito pues todo queda en familia y nadie más tiene que enterarse o verse afectado.

Si la solución fuera tan sencilla ya la hubiesen encontrado, lo que indica que un problema tan complejo probablemente no podrá tener una solución simple y tal vez la mezcla adecuada de muchas medidas parciales pero complementarias será parte de una mejor solución potencial.

¿Por qué quienes atacan de plano la prohibición no se atreven a preguntar qué hubiese pasado si no se hubiese prohibido un producto, que por ser adictivo, su demanda es poco inelástica al aumento de los precios y legalizarlo podría incluso reforzar el consumo? ¿Por qué se niegan a considerar que eliminar la prohibición no acaba necesariamente con las mafias, pues la prohibición cambia los medios pero no necesariamente los fines y las consecuencias?

Si el supuesto fracaso de la actual política fuera la razón para abandonarla, entonces no nos quedaría otra que legalizar también la esclavitud, que existe desde Mesopotamia, al menos referenciada, y sin embargo sigue vivita y coleando, afectando la vida de cerca de 30 millones de personas. Si fuera por el tiempo o los resultados, prohibir tener un “esclavo personal” sería ir en contra del libre desarrollo de la personalidad.

Si las políticas prohibicionistas están completamente equivocadas porque no han resuelto del todo el problema, este mismo argumento invalida también las supuestas medidas alternativas no represivas que están proponiendo los amigos de la legalización con nombre elegante. Ninguno de los defensores de la legalización puede asegurar que, aunque ésta rebaje los precios de la droga, no aumentaría la demanda o que no agravaría el problema incentivando otro tipo de delitos conexos, como tampoco pueden negar que los experimentos en esta dirección no han sido del todo exitosos. El caso de Zurich es una buena lección, en el que años de tolerancia terminó evidenciando la incapacidad de las autoridades para evitar el desbordamiento del problema, no pudiendo evitar que la rebaja de los precios aumentara el acceso a más personas y a dosis mayores que las “mínimas razonables” y se fortalecieran los grupos de narcotraficantes. Las medidas sanitarias y el suministro “profesional” de jeringuillas no redujeron el número de muertos por sobredosis y además interfirieron con la efectividad de las campañas de prevención. Los resultados de las narcosalas de Ámsterdam, donde se puede consumir droga bajo “control”, están lejos de ser exitosos completamente, a excepción de los beneficios para las redes criminales que terminaron adueñándose de ellas. En Suecia, estudios demostraron que “el número de consumidores de droga crecía o disminuía según el grado de permisividad de las leyes, y que la droga figuraba entre las primeras causas de delincuencia” y que “hacer difícil o penalmente arriesgado el acceso a la droga hace que renuncie a usarla el 50% de los consumidores, que lo son ocasionalmente”.

Resulta interesante ver que últimamente un sector de nuestra “dirigencia” esté defendiendo la despenalización del consumo. No sabe uno si pensar si es que era la vanguardia ideológica del planeta que estaba subestimada, o es que tenemos muchos marihuaneros ahora de corbata y en carros blindados dirigiendo al país, tal vez haciendo cierta la aseveración de un poeta latino que dijo que “los hombres con los mismos vicios se sostienen mutuamente”.

Polo: el congreso de la discordia

Por Eduardo Mackenzie  *

2 de marzo de 2009

        

 El congreso del Polo Democrático reunido en Corferias (Bogotá), podría ser comparado con la montaña que parió un ratón. Anunciado como “decisivo”, ese evento fue incapaz de ponerse de acuerdo en torno de una resolución mínima acerca de la coyuntura política nacional. Los 1500  delegados sólo votaron puntos secundarios de mecánica electoral y perdieron así su tiempo. Contra lo que todos querían, ese evento mostró de nuevo la fractura que mina esa formación. El ala radical, aliada a un grupo de centro, se impuso sobre el llamado sector “moderado”. Carlos Gaviria, quien  se hizo reelegir como presidente del Polo,  aunque decía tener una línea muy desinteresada, no pudo evitar su salva de ataques contra Luis Eduardo Garzón, quien ha cometido el crimen de apartarse de las toldas marxistas para acercarse a la fracción liberal dirigida por el expresidente César Gaviria. Ni “Lucho”, ni María Emma Mejía, asistieron a la convención del Polo y la rivalidad personalista entre Gustavo Petro y Carlos Gaviria estalló de nuevo.

 

¿Qué es una verdadera izquierda democrática? ¿Qué piensa el Polo acerca de los problemas económicos, de seguridad, sociales y culturales de los colombianos? ¿Qué piensa sobre la amenaza totalitaria que se cierne sobre América Latina? El Polo no piensa nada al respecto. No sabe, no discute nada. No vota nada. Todo lo contrario, el Polo se dice “democrático” pero estima que la democracia en América Latina es amenazada por los Estados Unidos y no por las ambiciones de Caracas y de sus aliados rusos, bielorusos e iraníes.  

 

El Polo es un partido rarísimo donde la discusión de los temas cruciales y actuales de Colombia es substituída por discusiones esotéricas sobre mecanismos internos. Sin los cuales las fracciones que coexisten en ese partido no podrían soportarse. Empero, los ideólogos del Polo se concentran en un tema:  ver cómo logran que en 2010 el núcleo central de ese partido (10 senadores y 8 representantes) arrastre en la próxima elección presidencial  a la masa de indecisos, a los liberales “de avanzada”, estilo Piedad Córdoba,  a los conservadores “progresistas” del Nuevo Siglo, a los “visionarios” de Antanas Mockus, al grupo de Sergio Fajardo, a los de Opción Verde, y a cuanto grupo minoritario antiuribista, violento o no, exista en el país.  ¿Para hacer qué? Para desmantelar lo hecho por el Gobierno y el país en los ocho últimos años.

 

No extrañó por eso que las Farc le enviaran a Carlos Gaviria una carta en la que dicen que se ponen del lado del Polo en su lucha para impedir la continuidad del uribismo y de las estrategias de seguridad del Gobierno. Eclipsado rápidamente por la prensa, tal incidente es muy diciente. Hay que destacar que la carta de las Farc fue rechazada púdicamente por dos o tres personalidades menores de la dirección del Polo, pero no por ésta, ni por Carlos Gaviria. Las Farc cuentan, pues, con el Polo para que el país regrese, en agosto de 2010, a las delicias de los  tres mil secuestrados al año y de los 150 pueblitos destruidos en promedio con las bombonas de los artilleros de las Farc, en nombre de la lucha por “una sociedad más justa, más incluyente, más equitativa”. Es lo que ellos llaman “consolidar el Estado Social de Derecho”.

 

Sin embargo, hubo una resolución que sí fue votada: la que pretende que en Colombia se debe despenalizar el consumo de drogas alucinógenas. Es más, parece (pero la prensa es muy discreta al respecto) que Carlos Bula, secretario general del Polo, propuso algo peor: la “despenalización total del proceso de la droga”, es decir del consumo y de la producción de drogas. Tal resolución, grotesca por sus alcances y vergonzosa por su cobardía, hace del Polo un partido enemigo de la juventud y de la salud pública. En las sociedades donde tal  adefesio fue experimentado fueron los jóvenes los que pagaron el precio más alto, en beneficio de los narcotraficantes.

 

Tal enfoque se ha convertido en un distintivo de los partidos “bolivarianos” del continente. La revolución, dicen, debe tener una visión “flexible”, no “autoritaria” (léase norteamericana) del problema de las drogas.  La droga puede ser un trampolín para la conquista del poder. La historia de Evo Morales hace soñar a algunos en el Polo.    

 

La decisión central del congreso del Polo fue puramente mecánica: ir  con candidato propio en 2010. Es decir, tratar de construir  un frente electoral con un grupo heterogéneo de partidos, pero a condición de que todos ellos acaten la férula del Polo. Basado en la creencia de que el Polo es el único factor aglutinante de los enemigos de la Seguridad Democrática, ese enfoque es sectario y no funcionará.

 

La otra decisión votada es la de escoger en 2009 un candidato presidencial del Polo “a través de una consulta abierta”. La “consulta abierta”, ya utilizada hace unos meses, no es democrática. En Europa, ningún partido serio, ya sea de izquierda o de derecha, acepta que personas ajenas a su partido puedan  inmiscuirse en la vida interna de éste. En Francia, Segolène Royal fue elegida candidata presidencial por los miembros del Partido Socialista, carnetizados y al día con las cotizaciones, y no por el primer aparecido.  Quienes impulsan el sistema espúreo de la “consulta abierta” pretenden no dejarse contar en esos comicios internos. Por otra parte,  le retiran a los adherentes del partido su derecho a escoger y le otorgan a otros ese derecho. Al permitirle a otra gente, adversa o no, interferir en su partido, el Polo le abre las puertas a las Farc y al Eln para que intervengan por esa vía en sus escogencias internas. ¿Qué valor puede tener un candidato del Polo escogido en esas circunstancias?   

 

*  Periodista y escritor. Autor de "El enigma IB"  (sobre el caso Ingrid Betancourt), publicado en diciembre de 2008 (Random House Mondadori, Bogota). Tambien es autor de "Las Farc, fracaso de un terrorismo", (Random House Mondadori, Bogota).

 

Los intocables

Por Saúl Hernández Bolívar

El Tiempo, Bogotá

Marzo 3 de 2009

 

Mientras el país debería estar debatiendo temas importantes -como el problema de las trochas o la forma de enfrentar una crisis a la que todavía está por vérsele la cara más amarga-, la oposición sigue empecinada en alimentar un barullo interminable para ahuyentar el temido fantasma de la reelección y tomarse el poder por la vía del escándalo y no de las propuestas.

Si bien es de suponerse que las confesiones hechas por un informante a Semana son ciertas -aun cuando se basan en el evento mismo de la destrucción de las pruebas-, no es defendible que unas grabaciones se consideren reprobables y otras no, dependiendo de en qué lado del espectro político se halle el paciente. Los medios divulgan grabaciones casi a diario -algunos pagan por ellas- y, felices con su 'chiva', nunca hacen un examen de conciencia o un juicio moral sobre la forma en que se interceptó la comunicación; si había o no una orden judicial, si se violó o no la intimidad del investigado y si, en realidad, constituye prueba de algo. Todo se perdona cuando el registro magnetofónico devela acciones delictuales de los contertulios, pero se nos olvida que no siempre caza el tigre; para lograr una confesión hay que grabar muchas horas de cháchara tan inocua como íntima.

Muchos acusan a 'Herr Uribe' de ser el instigador de las pesquisas ilegales contra personas cuya probidad no se permite cuestionar y se molestan por la supuesta criminalización que el presidente Uribe hace de sus contradictores. Pero es que el mismo Gustavo Petro acaba de declarar (Semana, 14-02-2009) que un sector del Polo duda de la legitimidad de las FF. AA. y de que estas deban ostentar el monopolio de las armas.

Dice Petro que, en una reunión de juventudes del Polo, afirmaron "que el secuestro es un arma política y que la guerra que estamos viviendo es justa", y añade que cuando la gente que lo apoya se retiró, los demás les decían: "Gomelos, se merecen un fusilamiento".

Un opositor como Pedro Medellín (EL TIEMPO, 24-02-2009), admite que en el DAS "siempre" se han trabajado objetivos que puedan amenazar la seguridad del Estado y del Presidente y que, "como ha ocurrido en todos los gobiernos", el DAS mantiene informado al Presidente sobre las actuaciones de ciertos personajes e instituciones. Con esto, el doctor Medellín pretende demostrar que el presidente Uribe está detrás de las 'chuzadas'. Pero si se trata entonces de una costumbre arraigada, practicada por todos los presidentes y todos los gobiernos, ¿cuál es el escándalo?

Si Uribe es el artífice de este presunto 'watergate', ¿cómo es que a Gustavo Petro le entregaron una copia de la orden ultrasecreta que había para investigarlo y por qué corrieron a destruir archivos si el nuevo director es otra marioneta del mismo titiritero? Eso carece de lógica; no encaja. En cambio, abundan los indicios de que el DAS ha estado actuando como una rueda suelta, vendiéndole información al mejor postor -incluyendo a gobiernos extranjeros-, lo que entraña un gran peligro. Si ello es cierto, hay que reclamarle al Gobierno una cirugía mayor para que hacer 'inteligencia' no sea sinónimo de abusar, ultrajar o transgredir la ley.

Es válida la dicotomía entre 'chuzada' legal e ilegal; lo que no es válido es querer establecer una segregación entre tocables e intocables. Si el Gobierno admitiera que investiga a algún sector de la oposición, o que pretende hacerlo, el escándalo sería igual porque algunos contradictores pretenden confundir el derecho de pensar distinto, y pedir garantías para hacer oposición, con un supuesto derecho a rebelarse o a servirles de comparsa a individuos que ejercen la violencia para lograr sus fines. 

* * * *
Dice un axioma que "la pluma es más poderosa que la espada". Por eso su nombre de combate no pudo ser más apropiado; como notable su trayectoria, admirable su valor en la adversidad y tempranera su partida. ¡Au revoir, D'Artagnan!

El éxito de Colombia es clave (1)

Por Domingo Cavallo¨

El Colombiano, Medellín

Marzo 3 de 2009

No quiero dejar la sensación de que en mi reciente viaje a Colombia sólo vi progreso y confianza. Colombia sigue enfrentando un problema muy serio de narcoguerrilla; tiene que cauterizar las típicas heridas postconflicto, cuando aún el conflicto no está definitivamente terminado; han renacido acusaciones de violaciones de los derechos humanos por parte de militares en relación a hechos antiguos, como el de la toma por el M-19 del Palacio de Justicia en 1985 y los casos más recientes denominados "falsos positivos", en los que jóvenes de barrios marginales habrían sido asesinados y disfrazados de guerrilleros; se acaban de descubrir y abortar pirámides financieras no tan viejas ni tan grandes como la de Madoff en New York, pero sumamente gravosas para las regiones afectadas del interior del país; y se comienza a percibir el impacto de la crisis global por la gran importancia que tienen sus exportaciones a los países del Nafta y de la CAN, regiones en las que puede caer mucho la demanda por la producción manufacturera colombiana.

Si bien, como yo intenté destacarlo en mis conferencias y declaraciones públicas en Bogotá y Medellín, Colombia presenta la ventaja de haber cuidado siempre su crédito público y privado, por lo que puede recurrir al endeudamiento para sostener la demanda efectiva, algo que no podrán hacer países como Argentina, Venezuela y Ecuador, no es menos cierto que Colombia, por el enorme esfuerzo fiscal que ha significado una guerra tan larga y con tantos frentes, no ha logrado acumular reservas excedentes como lo han hecho Chile y Méjico y, en menor medida, Brasil y Perú.

En sentido inverso, si bien la caída de la demanda de productos manufactureros originada en probables crisis profundas y prolongadas de Venezuela y Ecuador producirán un impacto inmediato negativo sobre la economía colombiana, el debilitamiento de los regímenes políticos de esos dos países, probablemente detenga o atenúe el apoyo subrepticio que desde el territorio venezolano y ecuatoriano han estado recibiendo las Farc, lo que como efecto mediato será muy positivo para Colombia.

Esta mezcla de circunstancias, algunas favorables y otras desfavorables, debería llevar a los Estados Unidos y al resto de las naciones americanas que están empeñadas en consolidar un clima de seguridad e integración en el continente, a redoblar los esfuerzos para ayudar a Colombia, tanto en el frente económico como en el de la lucha contra las Farc.

Sólo gobiernos como los de Venezuela, Ecuador, Bolivia y, lamentablemente, el de mi país, no parecen valorar los titánicos esfuerzos que Colombia está haciendo, en democracia y con pleno respeto de los principios republicanos, para erradicar definitivamente del continente americano un fenómeno que en los países que lo sufrieron, su extirpación costó muchas vidas y dio lugar a violaciones aberrantes de los derechos humanos.

*  Ex Ministro de Economía de Argentina  y consultor internacional

Correa y las Farc

Por Vicente Torrijos R.

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 3 de 2009

Todos los días se sabe un poco más de las conexiones que se estarían dando entre las Farc y el gobierno del presidente Correa del Ecuador.

Fiscales, exfuncionarios, altos mandos militares (forzosamente) retirados, comisionados de la OEA, aportan, cada uno en lo suyo, más y más datos relevantes que tienden a comprometer al gobierno Correa con las Farc.

Deseoso de explotar al máximo el anti-colombianismo para traducirlo en votos, Correa se enfrenta a una terrible paradoja: que semejante actitud lo pone, irremediablemente, del lado del terrorismo.

No hay día en que él, o sus escuderos de turno, a los que tarde o temprano se les comprobará que están haciendo lo que en su momento hicieron Chauvín o Larrea, dejen de acusar al Palacio de Nariño de atentar contra la integridad del Ecuador.

Pero al constatar que si algo anima al Palacio de Nariño es la lucha contra el terrorismo, el ciudadano ecuatoriano común necesariamente asocia la conducta reactiva de su Presidente con cierta complacencia, permisividad o apoyo al terrorismo. Más aún cuando la verborrea anti-colombianista de su gobierno se estrella con el prudente mutismo de la Presidencia o la Cancillería de San Carlos.

Mutismo que los Correa, Carvajal o Larrea quisieran convertir en respuestas explosivas y pendencieras para gozar de las delicias que la propaganda política le procura a quien logra encontrar al enemigo público número uno.

Mutismo que, en todo caso, mal harían ellos en confundir con indiferencia, evasión o pasividad.
Por el contrario, si de algo debieran estar convencidos los ocupantes del Palacio de Carondelet es de la firme convicción con que cada colombiano de bien deplora, reprocha y rechaza la complicidad y la connivencia con el terrorismo de quien quiera que sea.

Convicción que conduce, precisamente, a que Colombia trate, por todos los medios razonables a su alcance, de persuadir a la cúpula ecuatoriana de que se vincule voluntaria y sinceramente a luchar contra la que hasta hace unos años era considerada como una amenaza común.

Porque si algo está más claro que nunca, a un año de la Operación Fénix, es que Colombia nunca renunciará a llegar, prudente pero certeramente, hasta los escondites de los terroristas, estén donde estén, y con quien quiera que estén.

Y acabaron el Das...

Por Fernando Londoño Hoyos

La Patria, Manizales

Marzo 3 de 2009

Si alguien como Semana, es decir, el sobrino del Ministro Santos, dice que las grabaciones existieron, de allí se infiere que Semana dice la verdad. Si el propio Director del DAS lo admite, a partir de semejante argumento de autoridad, se infiere que no hay duda posible sobre el hecho. 

Así acabaron el DAS. Bastó un escándalo de la Revista Semana, que vomita fuego anti uribista en todas sus páginas, al mejor estilo de la prensa amarillista e irresponsable. Con asocio, cómo iba a faltar, del Fiscal que filtra las noticias y abona el terreno para tan tristes hazañas. Iguarán da lo que tiene, lo que puede por su posición privilegiada, y recibe a cambio lo único que puede salvarlo del escrutinio público, que es la complicidad de la prensa. Los lectores tendrán bien establecido que no hay periodista beneficiario de filtraciones que hable mal de sus fuentes, la Fiscalía y la Procuraduría antigua, para ser precisos. Iguarán y Maya Villazón siempre estuvieron a cubierto de cualquier crítica y de cualquier examen de sus gestiones sombrías. Porque no suele la fiera morder la mano que le ofrece la comida. 

Pues Semana reveló la existencia de grabaciones indebidas, a destinatarios bien escogidos, laboriosamente seleccionados y el mundo se incendió contra el Presidente. Que estamos en un Estado Policía, al mejor estilo estaliniano; que la democracia está en peligro; que se trata de un atentado vil contra la justicia, contra el periodismo, contra la oposición política, son las bellezas que se oyen por doquier. Lo único que no se oye, y lo que no se sabe, y lo que no se cuenta, es cuáles son los testigos que le permiten a Semana mantener semejante montaje. A cuyo perfeccionamiento acudió presto el joven y atolondrado Director del DAS, por curiosidad cuñado de una de las figuras clave de la Fiscalía, y por casualidad antiguo subalterno del tío del Director de Semana, el mismo Ministro que pidió la sepultura del organismo desde los Estados Unidos y el mismo en cuyas manos queda concentrado todo el poder de la inteligencia nacional, destruido el único reducto que respondía al Presidente de la República sin pasar por la alcabala del Ministro de Defensa. 

Como las cosas no podían quedar a medias, no solamente se da por probado lo que no tiene prueba alguna, el hecho de las interceptaciones ilegales, sino que se da un paso adelante, tan audaz como demoledor. Y es que el crimen tiene responsables, que son, nada menos, que el Presidente de la República y su Asesor más conspicuo, el doctor José Obdulio Gaviria. Y la prueba es de las que usa la Corte Suprema de Justicia en sus fallos lamentables: la inferencia. 

Si alguien como Semana, es decir, el sobrino del Ministro Santos, dice que las grabaciones existieron, de allí se infiere que Semana dice la verdad. Si el propio Director del DAS lo admite, a partir de semejante argumento de autoridad, se infiere que no hay duda posible sobre el hecho. Si el DAS depende del Presidente de la República, se infiere que la obra es suya, de donde se infiere que también de su asesor más importante. Y si finalmente el Presidente acepta los cargos destruyendo el DAS y pasándole a la Policía todo el poder de inteligencia electrónica, que hoy es toda la inteligencia, está aceptando las acusaciones, de donde además se infiere que son irrebatibles. 

No es la primera vez que Semana monta una escena parecida, con los mismos elementos. Un testigo delincuente le sirvió para dedicarle tres entregas a la acusación que levantó contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, héroe de la República y pacificador del Cesar. En auxilio de Semana, y del bandido que tuvo por “fuente”, llegaron el Fiscal, primero, y enseguida el Ministerio de Defensa, por obra del Viceministro Sergio Jaramillo, según denuncia el Coronel, con hechos y pruebas que la Fiscalía, por supuesto, no investiga. Lo que tal vez se investigue ahora, es el celo investigador del Fiscal, sorprendido en suculenta comilona, rociada con buen vino, acompañado de su jefe de prensa, con el Director de Semana y sus periodistas más cercanos. Este nuevo estilo de investigación criminal, tendrá que ser examinado con buen juicio. A nosotros nos parece, como todo lo ocurrido, y acaso peor que todo lo demás, sencillamente repugnante.

Las éticas procedimentalistas

Por Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Marzo 1 de 2009

Desde el punto de vista filosófico, existen dos clases de concepciones  éticas: las que guían a las personas en la consecución de un determinado fin, como la salvación, la felicidad, etc.; y las que fijan procedimientos para la interacción humana de manera justa. Así las cosas, ‘felicidad’ o ‘salvación’ pertenecen a la misma familia conceptual, mientras que   lo ‘justo’, forma parte de otra.

Una ética de los fines es un conjunto de mandatos para alcanzar el objetivo que la respectiva doctrina se traza. Por ejemplo, para salvar el alma e ir al cielo donde se alcanza la plenitud después de la muerte, hay que cumplir los diez mandamientos.  Para ser feliz, según los epicúreos, hay que satisfacer los sentidos. Para los marxistas, el paraíso está en la tierra: basta aceptar la dirección del partido, que en la tierra es tan infalible como el dios del cielo, porque se apoya en una ‘verdad histórica’ y en ‘verdades económicas’ que prevén la inevitabilidad de la destrucción de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad comunista.

La búsqueda de la felicidad y la receta para alcanzarla, son la constante de estas teorías o doctrinas. El problema es que las verdades morales (y de muchas verdades sociales) se deshacen –en la famosa expresión, esa sí muy razonable de Marx: todo lo sólido se desvanece en el aire (incluida su teoría, debería haber dicho). Una misma fe se disuelve en sectas, el determinismo histórico se subdivide en leninistas, maoistas, trostkistas, y ahora, hasta en marxistas ‘bolivarianos’.

La corriente procedimentalista renuncia a prescribir la felicidad. Entiende que éste es un tema privado, igual que la fe que los individuos  profesen o la renuncia a tener confesión alguna. No es adecuado, porque no va con la condición humana, que es plural y abierta, imponer verdades morales. Pero lo que sí es posible es  escoger, según Kant, en uso de la autonomía que cada uno posee, un procedimiento para elegir cursos de acción que tienen que ver la interacción con los otros y en lo que refiere al comportamiento con uno mismo. Kant lo llama el imperativo categórico, que dice algo así como lo siguiente: haz que tu regla particular de conducta sea tal que pueda ser ley universal, es decir, que tu regla de acción pueda ser aplicada por cualquiera otra persona  en la misma circunstancia. De esta manera, siempre se tratará al otro (y a uno mismo) como un fin y nunca como un medio.

 El imperativo categórico, como se ve, no es una frase con contenido, sino una forma, un procedimiento para obtener contenidos. Nunca podrá sacrificase a nadie en nombre de concepción o verdad alguna, ni se lo podrá convertir en moneda de cambio para conseguir fines supuestamente afines. Y, por supuesto, no se le podrá imponer ninguna visión del mundo ni se lo obligará a ser ‘feliz’. Produce justicia, es decir, reglas adecuadas de interacción.

 En la vida política la autonomía individual se convierte en la autonomía de la sociedad para darse un gobierno. Y aquí de nuevo, el procedimentalismo lo que establece es un método para generar reglas que regulen el conflicto e impulsen la cooperación social, la estabilidad, la seguridad, y la posibilidad de que cada cual pueda desarrollar su propio proyecto de vida (Rawls y otros) y tenga su propia fe. Lo único que se le pide es que no    intente imponérselo a otros mediante el uso de la violencia.

Esta idea es aplicable a todos los niveles en los que hay interacción. Claro está, a la comunidad internacional,  pero también a un país y hasta a una determinada comunidad, como una universidad. Procedimientos que establezcan formas justas de resolver problemas y de crear comunidad de intereses, a pesar de las distintas concepciones y formas de concebir el mundo. Profundamente plural y tolerante, no se basa en verdades morales sino en procedimientos que garantizas la imparcialidad.

No son rehenes, son secuestrados

Por Gonzalo Castellanos V.

El Heraldo, Barranquilla

Marzo 1 de 2009

Para contrarrestar el vertiginoso desbalance entre la retórica ideológica y la acción que las vincula a actos de genocidio, apropiación de tierras, reclutamiento forzado de menores, narcotráfico y, en general, a una irreversible condición de carteles delincuenciales, desesperadamente en la última década las guerrillas colombianas han intentado obtener un reconocimiento o status como “grupo beligerante”.

En esa estrategia política que las llevaría bajo algunos procedimientos a favorables repercusiones internacionales, por ejemplo a un trato de combatientes legítimos, a la protección diplomática o al retiro de listas de organizaciones calificadas como terroristas, y en el plano interno a la imposibilidad de juzgamiento por algunos delitos comunes y la dificultad de aplicar extradición por narcotráfico, han contado con no pocos voceros, algunos muy calificados, unos utilitaristas y otros ingenuamente útiles.

Particularmente el secuestro de miembros de la fuerza pública y funcionarios, avizorado hace diez años como medio de negociación política, terminó convirtiéndose en cuchillo para el propio cuello, y más que el narcotráfico hoy representa el hecho, no sólo de mayor repudio social sino de mayor efecto jurídico negativo, que le impide a las guerrillas alcanzar el pretendido status de beligerancia.

En las reglas del Derecho Internacional Público que regulan -aunque eso en si mismo sea absurdo- los conflictos armados internacionales o internos, se proscriben los “medios de lucha pérfidos”, entre los cuales está el secuestro con fines extorsivos e incluso políticos, si bien en esas premisas internacionales puede llegar a aceptarse con condicionamientos la toma de prisioneros o en casos extremos la aprensión de rehenes.

Durante cerca de dos semanas en el tiempo que duró la entrega a cuenta gotas que las Farc hicieron recientemente de algunos miembros de la fuerza pública y dos políticos en su poder desde varios años atrás, fue reiterativo el comentario de que allí se estaba produciendo una entrega de “rehenes” mediante una operación con “fines humanitarios”.

Es entendible que así lo designe la Cruz Roja en su rol estratégico de ayuda ésta sí humanitaria, pero incauto que lo hagan los medios de comunicación, algunos funcionarios o el diálogo cotidiano de una sociedad que viene manifestando mediante muchas semiologías posibles (marchas, escritos, arte y cultura) un profundo rechazo al secuestro.

Las personas civiles y militares en poder de las Farc y del ELN con fines extorsivos, políticos, o cualquier otro que éstas consideren en su andanada de imprecisiones no son “rehenes”, ni “retenidos”, ni mucho menos “prisioneros”, sino “secuestrados”, arrebatados de manera vil, tomados para un comercio aberrante de carne y almas, con todas las implicaciones que ello tiene en el lamentable ajedrez antes descrito. 

Con independencia de la forma que termine usándose para liberar a los secuestrados, en la que debe primar el respeto por sus vidas ya afectadas, la responsabilidad del Gobierno para no improvisar motivado por intereses de opinión o desatinos de furia, y en donde el canje sigue siendo el menos lesivo mecanismo que nada tiene de humanitario pero sí de útil, no pude hacer presencia la candidez, esa que empieza en no llamar las cosas y los hechos por su nombre.

Penalización de la dosis personal

Por Diego Arango*

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 1 de 2009

Es necesario aprobar la penalización de la dosis personal para el consumo de drogas. El uso de sustancias clasificadas como estupefacientes es altamente dañino para la salud física, mental, espiritual, familiar y social de las personas. Es un vicio que se adquiere por irresponsabilidad de las personas; pues el mundo entero ha venido adelantando campañas preventivas de todo tipo para que la gente no caiga en esta esclavitud y aun así cada día se consume más.

La droga es el peor daño que la humanidad ha recibido en su historia y vía expedita de autodegradación personal y social, de antivalores, de crimen, de guerras, de desestabilización. Por todo lo anterior, y mucho más que no alcanzo a enumerar, estoy de acuerdo con la penalización de la droga, pues de no hacerlo es tolerar el vicio, permitir que los niños, adolescentes y aun adultos se inicien o continúen practicando el consumo, es dejar las puertas abiertas para que se vendan los narcóticos libremente en pequeñas dosis en las calles y puertas de colegios, es hacer que el Estado por cuestiones de salud pública les proporcione esas dosis a los pacientes para que de manera gradual vayan dejando este vicio. No, definitivamente no, quienes se oponen a la penalización del consumo personal de droga, están siendo cómplices de la degradación humana, contribuyendo al imperio de los criminales, de los antivalores; aprobando de alguna manera el comercio ilícito de la droga que nos tiene sumidos en una tormenta social, económica y política en Colombia y el mundo, pues quienes se favorecen de estas medidas no son ni siquiera los consumidores, que en últimas son ignorantes y esclavos de quienes la comercian y la trafican, beneficiándose con sus millonarias utilidades.

Por estas y muchas otras razones no podemos aceptar que en Colombia, quizás el país más afectado del mundo por la droga, por la guerrilla, por los paramilitares, por los narcos, por la delincuencia común, que son el producto de este infame negocio, cierre los ojos ante el libre porte de nuestros ciudadanos para que en sus bolsillos carguen pequeñas dosis de marihuana, cocaína, heroína, bazuco, éxtasis y muchas otras sustancias sicotrópicas. Si le preguntamos a la gente nos quedaríamos pasmados al saber que de cada 10 hogares por lo menos 6 han tenido algún caso de uno de sus miembros relacionado con la droga, el índice es altísimo y aún queremos que ignoremos el porte y comercio de pequeñas dosis. No entiendo dónde está la conciencia de quienes se oponen a la penalización y por lo contrario, apoyan y promueven el consumo. Por eso felicito y apoyo al presidente Álvaro Uribe por su firme posición de aprobar este proyecto de penalización de la dosis personal y censuro a quienes consideran que esto es un avance para el libre desarrollo de la personalidad, ¡eso no es democracia, es decadencia moral!

*Presidente Canal Teleamiga Internacional

Aires de rendición

Por Rafael de Brigard Merchán, Pbro.

El Nuevo Siglo, Bogotá

Marzo 1 de 2009

 La situación actual de la producción, distribución y consumo de las drogas ilícitas ha hecho afirmar a algunos que lo mejor es su legalización. Dado este paso bajarán los precios y habrá menos gente dedicada a esta nefasta actividad y la humanidad sabrá que tales sustancias son malas y no acudirá a ellas. Y siempre se pone como ejemplo la historia de las bebidas alcohólicas, aunque nunca se habla de cuántas personas, familias y fortunas han sido arrasadas por esta otra sustancia. En este discurso, por lo demás, nunca se da la palabra ni a los drogadictos ni a sus familias y tampoco a quienes han podido abandonar las garras de la temible adicción. Nuestras controversias públicas son incompletas y allí no se dicen sino medias verdades.

Hay que pensar con cuidado cualquier rendición en la vida, sobre todo en aspectos trascendentales. Dar el brazo a torcer ante quienes han sido capaces de arrasarlo todo por la ganancia del negocio maldito de la droga es entregarse a un enemigo despiadado. Si a ellos se les baja el precio de su mercancía no abandonarán su negocio, sino que mejorarán las estrategias de ventas. Buscarán con más intensidad que nunca poner toda la basura producida al alcance de niños, jóvenes y adultos. Es falso creer que una sociedad en la cual circulen sustancias sicoactivas en forma libre aprende a usarlas un forma limitada. Los estudios demuestran que su consumo crece y se favorece socialmente. ¿Y qué harán las familias, los colegios, las instituciones, cuando sus miembros empiecen a sentirse con derecho a consumir de todo en todas partes, delante de todos y cuando la jurisprudencia empiece a darles carta blanca a los drogadictos?

En toda esta polémica la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿por qué tantos hombres y mujeres del mundo contemporáneo se han entregado al uso desenfrenado de las drogas ilícitas? Así como nuestra época ha triunfado sobre infinidad de males físicos, ha derrotado enfermedades que parecían invencibles, ha solucionado misterios tenidos como oscuros para siempre, también es cierto que ha puesto al hombre y a la mujer en una especie de centrífuga que los ha alejado del sentido verdadero de la existencia, les ha fracturado la vida espiritual y familiar, los ha alejado de los ámbitos más amables del amor y la justicia y quizás, en parte por todo eso, muchos se han lanzado en busca de las satisfacciones artificiales que llegan a convertirse en enfermedad. Pero el enfermo es el ambiente en que vive la humanidad hoy día.

¿Qué irán a sentir familias enteras que han perdido como seres humanos dignos a sus miembros que cayeron bajo el poder de la droga cuanto empiecen a ver que en las tiendas de los colegios o de los barrios, a las entradas de los cines, en los parques públicos, se ofrezca sin pudor alguno la sustancia maldita? Son ellos los que deben tener la palabra a la hora de proponerse la rendición ante las fuerzas del mal. Por una sola persona que quiera salir de la droga ya se justifica el combate.