Por Gonzalo Castellanos V.
El Heraldo, Barranquilla
Marzo 1 de 2009
Para contrarrestar el vertiginoso desbalance entre la retórica ideológica y la acción que las vincula a actos de genocidio, apropiación de tierras, reclutamiento forzado de menores, narcotráfico y, en general, a una irreversible condición de carteles delincuenciales, desesperadamente en la última década las guerrillas colombianas han intentado obtener un reconocimiento o status como “grupo beligerante”.
En esa estrategia política que las llevaría bajo algunos procedimientos a favorables repercusiones internacionales, por ejemplo a un trato de combatientes legítimos, a la protección diplomática o al retiro de listas de organizaciones calificadas como terroristas, y en el plano interno a la imposibilidad de juzgamiento por algunos delitos comunes y la dificultad de aplicar extradición por narcotráfico, han contado con no pocos voceros, algunos muy calificados, unos utilitaristas y otros ingenuamente útiles.
Particularmente el secuestro de miembros de la fuerza pública y funcionarios, avizorado hace diez años como medio de negociación política, terminó convirtiéndose en cuchillo para el propio cuello, y más que el narcotráfico hoy representa el hecho, no sólo de mayor repudio social sino de mayor efecto jurídico negativo, que le impide a las guerrillas alcanzar el pretendido status de beligerancia.
En las reglas del Derecho Internacional Público que regulan -aunque eso en si mismo sea absurdo- los conflictos armados internacionales o internos, se proscriben los “medios de lucha pérfidos”, entre los cuales está el secuestro con fines extorsivos e incluso políticos, si bien en esas premisas internacionales puede llegar a aceptarse con condicionamientos la toma de prisioneros o en casos extremos la aprensión de rehenes.
Durante cerca de dos semanas en el tiempo que duró la entrega a cuenta gotas que las Farc hicieron recientemente de algunos miembros de la fuerza pública y dos políticos en su poder desde varios años atrás, fue reiterativo el comentario de que allí se estaba produciendo una entrega de “rehenes” mediante una operación con “fines humanitarios”.
Es entendible que así lo designe la Cruz Roja en su rol estratégico de ayuda ésta sí humanitaria, pero incauto que lo hagan los medios de comunicación, algunos funcionarios o el diálogo cotidiano de una sociedad que viene manifestando mediante muchas semiologías posibles (marchas, escritos, arte y cultura) un profundo rechazo al secuestro.
Las personas civiles y militares en poder de las Farc y del ELN con fines extorsivos, políticos, o cualquier otro que éstas consideren en su andanada de imprecisiones no son “rehenes”, ni “retenidos”, ni mucho menos “prisioneros”, sino “secuestrados”, arrebatados de manera vil, tomados para un comercio aberrante de carne y almas, con todas las implicaciones que ello tiene en el lamentable ajedrez antes descrito.
Con independencia de la forma que termine usándose para liberar a los secuestrados, en la que debe primar el respeto por sus vidas ya afectadas, la responsabilidad del Gobierno para no improvisar motivado por intereses de opinión o desatinos de furia, y en donde el canje sigue siendo el menos lesivo mecanismo que nada tiene de humanitario pero sí de útil, no pude hacer presencia la candidez, esa que empieza en no llamar las cosas y los hechos por su nombre.
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