Editorial
El Colombiano, Medellín
Noviembre 14 de 2009
En esta cultura de la violencia que ha marcado al país durante décadas y en esa visión cortoplacista que no nos deja ver más allá de las narices, Colombia todavía no logra dimensionar los positivos alcances de la política de reintegración a la vida civil de miles de excombatientes y, por ende, mantiene la peligrosa tendencia de moverse hacia los extremos.
Hoy, cuando algunas ciudades capitales, entre ellas Medellín, afrontan una racha violenta y de percepción de inseguridad coyunturales, suenan trompetas que anuncian el caos y, entonces, aparecen voces que llaman fracaso lo que, sin duda, es un proceso lleno de dificultades, con enemigos, pero con resultados contundentes, respecto de lo que vivía el país antes de las desmovilizaciones de los grupos paramilitares, hace casi siete años.
El balance del proceso de reintegración no puede ser analizado desde la perspectiva comparada del éxito o del fracaso como únicos parámetros. Hay que mirarlo en la profundidad de los procesos, con sus logros y dificultades, y en los avances del consenso y la construcción colectiva hecha hasta ahora, a todas luces significativos y esperanzadores, sin desconocer que falta mucho por hacer y son múltiples los obstáculos que aún subsisten. El principal, el narcotráfico, y toda su cadena delictiva.
Resulta paradójico que sea la comunidad internacional, y no nosotros, la que reconozca los resultados alcanzados por el Gobierno en el proceso de reintegración. No sólo el último informe de
Cuatro años después de
El promedio internacional, en casos como los de El Salvador, Nicaragua e Irlanda, está por encima del 10%. Luego, el caso colombiano, con un 92 por ciento de efectividad, no puede verse como un fracaso. Tampoco como un éxito rotundo, y de ahí lo trascendental de apoyar y fortalecer lo que se está haciendo con los excombatientes, sus familias y las comunidades que se han visto afectadas por la violencia. Ha sido vital el apoyo del sector privado y la comunidad internacional. En esta alianza está soportada la posibilidad de llegar a una verdadera política de justicia, perdón, paz y reconciliación.
El negocio de las drogas es el gran enemigo y el mayor riesgo para el futuro del proceso de reintegración, porque muchos jóvenes que ahora le apuestan a la civilidad se ven enfrentados a las tentaciones del dinero fácil y a las chequeras de los narcotraficantes, o a las amenazas de quienes pretenden mantener el aparato
A ambos fenómenos hay que cerrarles el paso. Y se está haciendo. El Gobierno ha hecho lo posible por garantizar la sostenibilidad económica del proceso y existe un documento Conpes para tal fin. 22 departamentos y 121 municipios ya incluyeron en sus Planes de Desarrollo las partidas presupuestales para reintegración y eso cubre al 85 por ciento de la población desmovilizada.
Antioquia, incluida Medellín, es la región con mayores problemas por el reciclaje de las bandas emergentesy ya destinó no menos de 10.000 millones de pesos para fortalecer los programas que adelanta
El sector privado también jalona la política y actualmente 460 empresas y 128 fundaciones participan del proceso. Falta mucho y hay que sumar esfuerzos. No es hora de quemar las naves.
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