Editorial
El País, Cali
Febrero 20 de 2010
Una de las peores manifestaciones del conflicto en Colombia, con profundas consecuencias sociales, es el desplazamiento forzado por el miedo a las acciones de los violentos u obligado por el uso de la fuerza para apoderarse de las tierras de miles de colombianos. Por eso, cuando se pretende lograr la reparación y reconciliación, una de las acciones a emprender es la de la restitución de los bienes.
La magnitud del problema es tal que ni el Gobierno, ni los organismos internacionales, ni las instituciones que estudian el desplazamiento forzado han logrado ponerse de acuerdo con las cifras. Mientras unos hablan de 2,4 millones de desplazados, otros aseguran que son 3,7 millones. Igual sucede con la cantidad de hectáreas, que oscilan entre 1,6 y 6,5 millones. En todo caso se calcula que el 72% de los desplazados abandonaron sus propiedades, de los cuáles apenas un 30% contaba con títulos al momento de dejar sus tierras, mientras el resto tenía posesión de hecho.
Un estudio de la Procuraduría General de la Nación publicado en el año 2005 asegura que “los desplazamientos forzados, con sus reajustes de tierras, han estado motivados más por la pretensión de consolidar fundos de terratenientes o asegurar zonas estratégicas de acción militar o corredores que permitieran el movimiento de drogas y armas, que por simples razones de enfrentamiento ideológico”.
El objetivo de los violentos es entonces claro: apoderarse de la tierras. Así es como en Colombia se ha realizado una reforma agraria de hecho. Ahora, el país se enfrenta a la encrucijada de cómo pagar la deuda generada por la violencia y la avidez que alejaron a cientos de miles de colombianos de sus parcelas. Y cómo devolverles los predios a sus legítimos dueños, darles la seguridad para que regresen al campo y brindarles las oportunidades para que vuelvan a producir.
En ese orden de ideas hay que destacar la intención de las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes, la sexta de ellas instalada en Cali para atender a los desplazados del Valle y Cauca. Creadas en el 2005 como parte del proceso de Reparación y Reconciliación, su objetivo es orientar a las víctimas y ayudarle a recuperar las propiedades que les arrebataron los violentos.
Pero experiencias como la de los desplazados del Naya, uno de los programas piloto de Restitución de Bienes, dejan dudas de la eficacia del Estado para hacer realidad el regreso de los desplazados. Tres años después de iniciar el proceso las comunidades del Naya no han podido pasar de la etapa inicial por la complejidad que implica comprobar legalmente la propiedad sobre las tierras abandonadas a la fuerza.
El escepticismo de los desplazados es entendible y queda reflejado en la frase de uno de los asistentes a la instalación de la Comisión: “Esperemos que para nosotros la reparación sea pronta y llegue la verdad. Con los que asesinaron y desplazaron todos los programas fueron ágiles y con las víctimas es a paso lento”. Ese escepticismo es el que hay que superar, si se quiere recuperar la confianza y la paz entre los campesinos golpeados por la injusticia que generó la ausencia del Estado.
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