martes, 23 de febrero de 2010

Atentados en El Cauca

Editorial

El País, Cali

Febrero 23 de 2010

Tras el ataque aleve a las localidades indígenas de Caldono, Jambaló y Cajibío, el Gobernador del Cauca ha puesto las luces sobre un asunto que está detrás del entramado que armó las Farc para hacer otra inútil y sangrienta demostración de fuerza. Es el momento para reclamar la unión de las comunidades y la autoridad, si lo que se quiere es acabar con la amenaza de la delincuencia contra la vida y la tranquilidad en el Cauca.

El pasado sábado los habitantes de esas tres localidades amanecieron bajo el fuego que desató la guerrilla contra sus poblaciones. Con el pretexto de atacar a la Policía, sus disparos llenaron de pánico a miles de personas en la zona rural y en los cascos urbanos de esas poblaciones. El hospital de Jambaló, las viviendas y los lugares públicos fueron el blanco de la arremetida, de la cual aún no se sabe su verdadera motivación. Pero sí se conoce el resultado: la condena universal contra un ataque irracional e indiscriminado que atenta contra comunidades pacíficas.

Algunas autoridades afirman que fue una retaliación por la muerte de un cabecilla de las Farc en el Pacífico, a quien se sindicaba de los atentados terroristas en Cali y de crímenes como el secuestro de los doce diputados. Otros afirman que el ataque fue la respuesta de una de las columnas más sanguinarias del movimiento guerrillero al bombardeo que realizó hace dos semanas la Fuerza Pública en las estribaciones de la cordillera central, donde murieron varios de sus más connotados cabecillas. Y no falta quien afirme que se trató de una maniobra con la cual se pretende reducir la presión que padecen los jefes de esa guerrilla en inmediaciones del Páramo de las Hermosas.

Cualquiera sea la motivación, lo cierto es que con ello se puso de presente la colaboración que existe entre algunos miembros de las comunidades indígenas y las Farc, llámense colaboradores o milicias. Y el nexo se ha expresado en muchas ocasiones, en especial, cuando la Fuerza Pública le propina severos golpes al negocio del narcotráfico en la región. No es un secreto que durante décadas la presencia del Estado en la región fue escasa, creando el espacio necesario para que la guerrilla sentara allí sus dominios, se apoderara del negocio de las drogas ilícitas y estableciera una relación frecuente con sus habitantes.

En esas condiciones, los avances de la Fuerza Pública en el combate a la delincuencia que se aferra al norte del Cauca deben ser reconocidos. Pero aún falta mucho trecho por recorrer. Y, en especial, para romper los vínculos de esos pobladores con las Farc y establecer una relación más fluida con las comunidades, casi todas indígenas, que pueblan la fértil región. En otros términos, y reconociendo la importancia de la acción militar para combatir a los criminales, ahora es más importante que nunca la tarea de recuperar la confianza en el Estado. Es lo que se ha hecho en otras regiones con éxito comprobado. Y lo que debe hacerse en las montañas del Cauca para lograr que la Política de Seguridad Democrática le devuelva la tranquilidad a la región.

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