Por Darío Acevedo Carmona
El Tiempo, Bogotá
Abril 1 de 2009
Entiendo que la violencia que se ha derivado del negocio de drogas ilícitas en gran escala en nuestro país es preocupante y demanda de las autoridades medidas y políticas para combatir a las mafias que viven de su tráfico, causan muertes y debilitan la Ley y el Estado. También, que es muy inquietante adoptar una actitud libresca de dejar hacer y dejar pasar, como si vender drogas y consumirlas fuese lo mismo que vender o comer chicharrón o morcilla, pues sabemos que detrás de todo este asunto pululan pequeñas y medianas bandas criminales que anegan en sangre y producen dolor a la población.
El Estado y el Gobierno deben hacer una clara diferencia entre el consumidor, que no es necesariamente un delincuente, y el negociante, que sí debe ser perseguido, sobre todo aquellos que buscan crear y estimular el consumo entre la juventud. No creo que sea necesario ser jurista o especialista en el estudio del tema para entender esta distinción necesaria. El Ministro de Trabajo debería hacer a un lado las argumentaciones de quienes defienden el consumo y a la vez abogan por la legalización del comercio, como si se tratara del comercio de alimentos, para centrarse en el debate real que nos remite a un caro principio de las sociedades liberales, que les impone a los Estados y a la Ley un límite respecto del comportamiento de los individuos en aquellos asuntos del fuero íntimo.
El alto Gobierno debe desistir de esa reaccionaria pretensión de entrometerse en la vida privada de los adultos. Esto lo debe y lo puede hacer sin dejar de perseguir el expendio de drogas, que es cosa bien diferente. Por ejemplo, así como las secretarías de Salud inspeccionan la producción de alimentos en fábricas y restaurantes para evitar intoxicaciones y otras consecuencias derivadas de la manipulación, se podría estipular que el expendio de drogas sicotrópicas es ilegal y peligrosa y por tanto sancionable con cierres y multas si son pequeños negocios o con la cárcel si son grandes depósitos y alijos, en cuanto son sustancias fabricadas clandestinamente, al margen de controles de sanidad y en cuanto su siembra masiva, su comercialización y el lavado de activos están asociados a hechos de sangre que enlutan al país.
Igualar el consumo de la dosis mínima de drogas ilícitas con el de chicharrón (porque produce colesterol) es un burdo alarde caricaturesco que banaliza la violencia y la destrucción que ha ocasionado el narcotráfico a Colombia. Si un adicto roba, el castigo debe ser por robar. Si alguien roba para comprar un chicharrón o una butifarra, hay es que tener compasión. La crítica al proyecto no debe irse a los extremos del permisivismo o la ingenuidad. No es lo mismo que un niño o un joven consuma un pedazo de chicharrón en un recreo en su colegio o en su hogar a que saque un pucho o un polvillo para hacer un 'pase' en los mismos escenarios. Tan sencillo que el uno es un alimento y el otro es una droga sicotrópica que -está comprobado- es dañina para la salud, aun en dosis mínimas.
Si ahora está prohibido vender licores a menores de edad y fumar en sitios públicos, ¿por qué razones no habría que ser igual de prohibicionistas con el comercio de drogas ilícitas? Que no se les vaya la mano a los críticos del proyecto y que por defender una actitud libertaria no nos terminen vendiendo la idea de que no se debe ni siquiera regular el consumo, pues, de esa manera, sería más delito fumar en sitios públicos prohibidos por la ley antitabaco que fumarse un pucho delante de un grupo de muchachos. Si el que vende licores, con etiqueta de procedencia y legalidad, puede ser violador de la ley cuando vende a cualquier hora, en cualquier sitio y a menores de edad, y eso lo hemos aceptado de buena gana, por ejemplo en Bogotá, ¿por qué rechazaríamos la persecución y el castigo a los expendedores de drogas si el daño que hacen es tanto o más grave?
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