Por Libardo Botero C.*
Será inocua la nueva propuesta legislativa del gobierno para combatir la “dosis personal” de droga, si no va acompañada de un blindaje constitucional. Además sería un retroceso frente a la idea de penalizar el consumo, que ha defendido el presidente Uribe, no tanto para castigar a los adictos, sino para rescindir, por mandato de la Carta, la tristemente célebre sentencia de la Corte Constitucional de 1994, promulgada a instancias del magistrado Carlos Gaviria, ahora presidente del Polo Democrático, partido que acaba de culminar esa tarea al proponer la legalización de la producción y el tráfico.
Desde aquel fallo Colombia fue colocada en situación paradójica: mientras es líder mundial en lucha contra cultivo y comercio de cocaína, heroína y marihuana, ha despenalizado su consumo. La propuesta de permisividad plena había sido formulada antes por Ernesto Samper, quien ahora perora que de haber sido aceptada ¡nos hubiéramos ahorrado la violencia de estos años! Extraña oír a los críticos inveterados del neoliberalismo predicar el libre mercado en materia tan sensible. Los mismos que enrostran al consumo de Estados Unidos ser gestor de nuestra tragedia, lo facilitan aquí.
Los argumentos de la legalización son precarios. Desaparecería la violencia, sugieren, generada por las ganancias exorbitantes resultado de los altos precios que provoca el combate a la oferta. ¿Pero no aumentaría el consumo con la reducción de precios y se estimularía mayor producción? Emergería un problema de salud pública talvez de mayor realce que la violencia actual, ya bastante reducida y controlada.
La propuesta de los ex presidentes Zedillo, Cardoso y Gaviria, navega en las mismas aguas de indefinición que hoy padecemos: combatir cultivo y tráfico, pero ser tolerantes con el consumo, con la disculpa de que es un problema de salud pública y no policivo. ¿Y de dónde acá el consumo de drogas no puede ser enfrentado en esas dos dimensiones a la vez? Es perfectamente compatible la prohibición del uso, con campañas de educación y rehabilitación de adictos. En el trasfondo baila la posición derrotista de que la guerra contra las drogas está perdida, porque no hemos ganado todas las batallas, y que mejor es claudicar.
El mundo no marcha hacia la permisividad; está de regreso de ella. Están en el orden del día las limitaciones a la venta y/o consumo de alcohol y tabaco por los menores; se prohibe y/o penaliza fumar en sitios públicos o conducir embriagado. La misma Holanda, que un día fue el ejemplo libertario viene reversando: prohibió el tráfico y consumo de las “drogas duras” (cocaína, heroína y otras) desde mediados de los 90 del siglo pasado, y acaba de prohibir el expendio de “hongos frescos” por un trágico caso de suicidio. Y ha emprendido el cierre de un buen número de coffee shops, los expendios autorizados de “drogas blandas” (ya casi solo la marihuana).
Los países nórdicos de Europa, en una época paraísos de la prostitución, han dado un viraje inimaginable en esta materia. En 1999 se aprobó una curiosa ley en Suecia que la ha reducido en más de 80% (ya fue acogida en Noruega y se discute en Finlandia y otros países): despenalizó la venta de servicios sexuales, pero penalizó su compra o consumo, con severas penas de cárcel a los clientes. A la par adoptó campañas preventivas dirigidas a la población, y procesos de recuperación de las trabajadoras sexuales.
No es fácil ganar una batalla legislativa varias veces perdida. Pero serían pírricos los réditos de desgastarse en el trámite de una ley que dejara en pie la doctrina constitucional tolerante. Loable que el proyecto de ley del gobierno enfatice la atención estatal del problema de salud pública, pero hay que cerrar la tronera del consumo de la “dosis personal” con un blindaje jurídico sólido. O, en pocos años lamentaremos no haber procedido con firmeza y volveremos a buscar cómo controlar el consumo desbordado.
* Economista. Analista e investigador del Centro de Pensamiento Primero Colombia (CPPC)
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