Por Alfonso Ocampo Londoño.
El Pais, Cali
Julio 25 de 2009
Con gran despliegue se está presentando ante la opinión pública el acuerdo entre Colombia y Estados Unidos para incrementar la cooperación militar y mejorar su desempeño en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Colombia ya tiene varios tratados con ese país, pero lo que busca ahora es profundizar más la tarea. Los Estados Unidos nos han ayudado en la reducción del narcotráfico y por varios años han dado una contribución de US$450 millones anuales para tal fin e incluso ahora se está negociando lo que ofrecerán en el futuro.
Esta negociación ha producido un escándalo notorio en los países vecinos, pues acusan a Colombia de violar su soberanía, sin tener ellos en cuenta que aquí no se expresó nada oficial cuando Venezuela estaba tratando con los rusos que llegaron a sus costas, en las que les cederían bases navales. Esto contrasta con la cooperación de esas naciones con los terroristas colombianos, a quienes les permiten transitar en sus territorios.
La diferencia con la base de Malta es que Colombia no va a ceder parte alguna de su territorio. Lo que se va a pactar es la profundización de la ayuda militar y todas las personas que intervendrán estarán obligadas a aceptar las leyes y los decretos colombianos. Muy claramente el presidente Uribe ha dicho: “Aquí no se entregará territorio nacional, no habrá una base norteamericana y no habrá control de sus fuerzas armadas sobre unidades militares colombianas. Lo que se dará es derecho de utilizar, con condiciones, constricciones y restricciones, ciertas instalaciones que seguirán bajo mando nacional”.
El acuerdo no ha sido aprobado aún en su totalidad, pero dentro de los puntos que han sido autorizados están los que garantizan “el pleno respeto por los principios y propósitos de
Considero que este acuerdo es de gran importancia y que, sin duda, incrementará la ayuda de los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Sin embargo, me permito manifestar que así como Colombia está legislando contra el uso de sustancias alucinógenas, el Estado norteamericano debería hacer más campañas para evitar que sus ciudadanos las usen, inclusive en dosis mínimas.
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