La justicia rota

Luis Guillermo Restrepo S.

El Pais, Cali

Julio 19 de 2009

Nada bueno deja el afán de algunos magistrados por intervenir en política. Como muy poco aporta el que el periodismo se haya convertido en el escenario donde se instruyen, se juzgan y se fallan procesos claves para el país.

Quien quiera ver la verdad de lo que ocurre con la administración de justicia en Colombia puede darse una pasada por los juzgados municipales, las inspecciones de Policía y las fiscalías. Allí puede preguntarles a los funcionarios los obstáculos que les impiden cumplir su función o preguntarle a quienes deben hacer colas eternas para que les resuelvan sus querellas, para que se les reconozcan sus derechos o les solucionen su situación jurídica.

Allí podrá darse cuenta de la precariedad de esa administración. De la forma en que la interpretación de la ley se ha vuelto un fabuloso galimatías que no satisface los pedidos de los ciudadanos. Del costo que éstos pagan por las decisiones clientelistas del Consejo Superior de la Judicatura, capturado por la politiquería. Mejor dicho, de la verdad: que el aparato judicial no cumple con su misión y ya no es el árbitro de la sociedad. Y que perdió su credibilidad, por lo cual se impone la Justicia por mano propia.

Pero otra cosa se muestra en los medios de comunicación, donde las filtraciones de autos, pruebas y sentencias son hoy su mejor y más preciada fuente. En esos casos, lo que importa es el escándalo político. Como es político el enfrentamiento entre las Cortes o el producido entre el nuevo Procurador y la Sala Penal por las ‘conversaciones informales’ con los ‘paras’ que se transforman en cabeza de proceso contra cualquiera. Así, la labor de denunciar el crimen y la corrupción es empañada por el afán de hacer eco a intereses en los cuales no cuenta la recta y cumplida aplicación de la justicia.

Sin duda, combatir la ‘narcopolítica’, la ‘parapolítica’ y la ‘farcpolítica’ es necesario. Pero no puede hacerse inventando ‘procesos madres’, donde no hay acusado específico ni delito preciso, para mantener un acervo de acusaciones que se usan a discreción contra dirigentes. También es sano que se castiguen las porquerías que corroen la política. Pero desconcierta que los pilares de esa actuación sean criminales confesos como Yidis Medina y Cuello Baute, a quien debían pagarle con vacas sus absoluciones a los notarios investigados.

Esos son algunos ejemplos de cómo la Justicia fue politizada, llevándola a protagonizar un pulso entre el uribismo y el Gobierno, por un lado, y la Sala Penal de la Corte, por el otro. Un pulso que amenaza a los congresistas por ejercer su derecho a votar una ley con el sólo propósito de atravesarse a la reelección. Y que dio origen al periodismo con pocos conocimientos de Derecho, pero con enormes facilidades para servir de caja de resonancia a esa malsana tendencia.

Mientras tanto, el ciudadano padece la falta de Justicia. Y nadie se atreve a producir una reforma judicial que piense en ellos antes que en las castas que perviven alrededor de los Altos Tribunales. O que acabe con la inútil Comisión de Acusaciones, mejor de absoluciones, la manera más vergonzosa de garantizar la impunidad para los malos gobernantes y los malos jueces.

Es la Justicia, ya no ciega sino rota, que ignora al ciudadano. Y la culpa es de la dirigencia política y de aquellos magistrados que ante todo trabajan para mantener sus privilegios e imponer un régimen donde son intocables personajes convencidos de que no tienen que rendirle cuentas a nadie.