Editorial
El Colombiano, Medellín
Julio 19 de 2009
La extensión del acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos es un "gana-gana" en la lucha global contra el narcoterrorismo. No se afectará la soberanía de nuestro país. Tendremos el control del uso de Malambo, Palanquero y Apiay, y el monopolio de las armas. El convenio es, a todas luces, conveniente.
La ampliación del acuerdo de cooperación y asistencia técnica en defensa y seguridad entre Colombia y Estados Unidos, es no sólo conveniente sino necesaria en la lucha frontal y global contra el narcotráfico y el terrorismo. El apoyo estadounidense en nada contradice el principio de la soberanía de Colombia, dado que no habrá bases militares extranjeras en el territorio nacional.
El convenio estará regido por el principio de la corresponsabilidad internacional, admitido en forma expresa por la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en su primera visita oficial a México, al hacer un significativo mea culpa de su país: "Nuestra insaciable demanda de drogas ilegales impulsa el narcotráfico. Siento fuertemente que tenemos corresponsabilidad".
Respecto a Colombia, tal reconocimiento no se ha quedado en la retórica sino que se consolidó a través del Plan Colombia y la firma de convenios de cooperación militar, como el que ahora se pretende extender. Acuerdo que recogerá compromisos bilaterales y multilaterales de los últimos cincuenta años. No es un nuevo convenio sino la profundización de otros vigentes.
Colombia controlará el uso de las bases de Malambo, Palanquero y Apiay, y también el de Tolemaida y Larandia, si finalmente hacen parte del acuerdo. Así se concluye de lo expuesto por el Gobierno sobre las reglas, hasta el momento negociadas con Estados Unidos, para la ampliación de la cooperación militar y la asesoría tecnológica. El general Freddy Padilla es enfático al afirmar que el comandante colombiano que nuestro país designe en cada una de estas bases será quien tenga toda la autoridad y la responsabilidad.
Las pautas generales del acuerdo son: mantener la presencia en las bases de hasta 800 militares y 600 contratistas de E.U., conforme a lo autorizado en el último convenio. El monopolio de las armas estará a cargo del Estado colombiano. No se orquestarán operaciones contra terceros países, lo que obviará cualquier molestia de Ecuador y Venezuela. Colombia tendrá acceso a la información de inteligencia, en tiempo real, que recolecten los aviones que usarán las bases. La vigencia mínima del convenio será de 10 años.
Hay unos puntos neurálgicos que deberán ser resueltos cuanto antes, máxime ahora que el país vive una época preelectoral marcada por la incertidumbre del referendo, lo que podría obstaculizar la oportuna firma del acuerdo. Se requiere que el Gobierno colombiano obtenga el concepto previo del Consejo de Estado, aunque no es obligatorio su acatamiento. Que aclare si se necesita el permiso del Congreso; nosotros creemos que no, por cuanto este acuerdo sería una extensión de los ya autorizados. Frente al principio de inmunidad para los estadounidenses, el país está diseñando un mecanismo que les permita a nuestras autoridades intervenir en la investigación de quienes violen la ley colombiana. Debe quedar expreso que no se aceptará ninguna impunidad.
La corresponsabilidad no sólo debe darse entre Colombia y Estados Unidos. Ha de ser también aceptada por la comunidad de naciones en razón al carácter transnacional del narcotráfico. Además, el dinero proveniente de las drogas ilícitas se ha convertido en uno de los principales financiadores del nuevo flagelo mundial: el terrorismo.
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