Falso positivo

Por Ernesto Yamhure

El Espectador, Bogotá

Julio 30 de 2009

No se equivocó Martín Lutero cuando dijo que una mentira se parece a una bola de nieve: cuanto más rueda, más grande se vuelve.

Destapado el caso de eso que han denominado falsos positivos, los enemigos históricos de la Fuerza Pública se dieron a la tarea de buscar al cerebro de la imaginaria matazón. Removieron carpetas, archivadores y computadores hasta que encontraron lo que ellos creían fue la célula madre de su invención: la directiva 029 de 2005, signada por el entonces ministro de Defensa Nacional, Camilo Ospina.

A pesar de la naturaleza benigna del documento, éste fue leído con mezquindad por aquellos que se regodean emocionadamente cada vez que un soldado es asesinado o procesado injustamente. Acto seguido, surgieron las interpretaciones tendenciosas cuyo fin consistía en acabar con nuestro Ejército y, por supuesto, con la reputación de quien hizo la directiva en cuestión.

La farsa debía continuar. Algo que buscaba garantizar el pago de unas recompensas a aquellos ciudadanos de bien que colaboraran eficazmente con las fuerzas del orden, fue presentado como un lóbrego plan del Gobierno para exterminar a personas inocentes.

Apresuradamente, dijeron que los recursos públicos que forman parte de los gastos reservados del Ministerio de Defensa fueron utilizados en el innoble propósito. Mientras los dedos señalaban con sevicia, sigilosamente comenzaron las investigaciones, cuyos frutos estamos comenzando a apreciar.

Para desventura de los entusiastas promotores del siniestro ardid, la Contraloría General de la República concluyó que el dinero destinado a los gastos reservados de las Brigadas 4, 6, 9, 10, 11, 13, 18; las móviles 5, 16 y las regionales de inteligencia 5 y 8 no fue utilizado en los tales falsos positivos. En palabras del propio organismo de control, “no se evidenció que estos recursos se hayan empleado de manera deliberada para financiar actividades ilícitas o irregulares”.

Continúa el informe diciendo que “como resultado de la aplicación de los procedimientos y las pruebas realizadas a los gastos reservados, la Contraloría General de la República estableció que la ejecución de estos recursos se hizo con sujeción al ordenamiento jurídico y a las disposiciones internas para el pago de información, recompensas y operaciones de inteligencia y contrainteligencia”.

Apuntaban los embusteros que concibieron el complot que el móvil principal de los supuestos asesinos era la apropiación indiscriminada del dinero de los gastos reservados.

Efectuada la detallada investigación de la Contraloría, cuyas conclusiones son contundentes, creo que queda herida de muerte la conspiración que intentó llevarse por delante el honor de nuestros militares y de paso la honestidad y correcto proceder de Camilo Ospina, a quien miserablemente quisieron enredarle su aspiración a Fiscal General de la Nación, montándole, paradójicamente, un falso positivo.

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Buen momento para que los parlamentarios de la coalición de gobierno le pongan la cara al pueblo y le digan por qué no van a votar el referendo. Independientemente de las maniobras politiqueras que quieran efectuar, a esos señores les llegará la hora de rendir cuentas ante sus electores; ahí los veremos padeciendo y pagando el costo de su traición. Es importante recordarles que el pueblo votó por ellos, asumiendo que era cierto su uribismo.