Editorial
El Mundo, Medellín
Julio 28 de 2009
Lo que allí se estaba dando era la consolidación de una minoría poderosa, y protegida por una eficaz maquinaria propagandística, contra los campesinos, presionados a tolerar a las Farc.
Con sus denuncias a los medios de comunicación sobre la conexión de algunos líderes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó con las Farc, el guerrillero desmovilizado Denis Daniel Sierra, a. Zamir, ex jefe del Frente 5 de las Farc y hoy gestor de paz y candidato a la Ley de Justicia y Paz, comienza a desenredar un complejo nudo de mentiras y manipulaciones que durante más de una década sirvió de mampara a toda clase de delitos y abusos en Urabá. Sus testimonios han agregado detalles a las denuncias sobre esos vínculos que ya habían hecho autoridades y ciudadanos vinculados a la región, y aportan detalles importantes para las investigaciones de los organismos judiciales, que han de esclarecer lo que ha ocurrido allí desde 1997, cuando el corregimiento que sirve de corredor entre Córdoba y Urabá fue escogido como sede de ese experimento.
En estas columnas habíamos señalado muchos de los delitos que ahora denuncia el nombrado gestor de paz y que como guerrillero fue responsable de mantener “despejado para las Farc” el estratégico corredor. Entre otras, habíamos pedido respuesta de los creadores de la comunidad sobre el uso de sus tierras por abigeos de las Farc que escondían allí el ganado robado en la zona, sin que autoridad alguna se atreviera a recuperarlo; también esperábamos respuestas sobre la penetración por la Serranía de Abibe, de guerrilleros de los frentes 5 y 43 que llegaban desde Córdoba. Denuncias semejantes hechas por los urabaenses encontraron oídos sordos en las autoridades, de las que ahora reclamamos atender las declaraciones del desmovilizado, que ha detallado hechos de inmensa gravedad.
En el programa radial “Las voces del secuestro”, Sierra acusó a Eduar Lancheros, uno de los líderes de la Comunidad desde su constitución, el Domingo de Ramos de 1997, de ser una especie de enlace del Partido Comunista entre los campesinos del corregimiento y los jefes guerrilleros del Quinto Frente. Las explicaciones ofrecidas por el sacerdote Javier Giraldo en intento por desmentir la acusación confirman plenamente esas actuaciones del ex sacerdote Lancheros y no pueden justificar los tratos establecidos con los jefes guerrilleros bajo el pretexto de estar buscando respeto por la neutralidad de esa comunidad, como si esa clase de acercamiento fuera prenda de garantía para grupos amenazados por una guerrilla que ha proclamado desconocer toda norma humanitaria.
El ex guerrillero ha denunciado también que los predios de la Comunidad fueron usados como refugio para guerrilleros perseguidos, como sucedió con el explosivista del Quinto Frente conocido por los alias de Wilson o Mono Restrepo, al que “escondieron durante meses en la comunidad”. Su declaración fue confirmada por el comandante de la Policía en Urabá, coronel Jorge Murillo, quien señaló que si bien no podía acusar a los miembros de esa Comunidad de ser integrantes de las Farc, sí podía señalar que dentro de ese corregimiento han sido capturados varios miembros de grupos ilegales.
Sin demeritar los anteriores señalamientos, consideramos de máxima gravedad las declaraciones sobre el sometimiento de los campesinos a condiciones de esclavitud, en tanto son obligados a trabajar a voluntad de los líderes. La declaración coincide con el juicio que nos habíamos hecho de tiempo atrás, por testimonios de personas que han conocido bien la situación del corregimiento, acerca de que lo que allí se estaba dando era la consolidación de una minoría poderosa, y protegida por una eficaz maquinaria propagandística, contra los campesinos, presionados a tolerar a las Farc para cuidar sus vidas y pertenencias. Sobre esta precisa denuncia, el desmovilizado ofreció presentar los testimonios de más de treinta campesinos y ex guerrilleros “que escaparon de la explotación”.
Con estas declaraciones se corre el riesgo de que queden como mero ingrediente pasajero del espectáculo de los medios de comunicación o que se les ponga, como ha comenzado a suceder, como mera contraparte para la defensa de los jefes de la Comunidad. Ante ese riesgo, coincidimos con el comisionado de paz, doctor Frank Pearl, en el llamado a que “la autoridades competentes hagan las investigaciones correspondientes” y en ese sentido consideramos que a la Fiscalía le compete aclarar las sombras que durante doce años se han acrecentado sobre un grupo que no parece respetar la norma de las comunidades de paz, que, según uno de sus gestores en Redepaz, se “esfuerzan por hacer realidad la Constitución”, no por ir contra ella, como se ha denunciado que sucede en esta organización de Urabá.
Porque contribuir a la verdad es la primera obligación que adquieren los desmovilizados que aspiran a los beneficios de la ley y a reconciliarse con la sociedad y es el reto que tienen las autoridades ante situaciones tan confusas como las que han generado en torno a este grupo, confiamos en que en el caso de San José de Apartadó haya llegado el momento de aclarar las dudas acumuladas por cuenta de las mentiras tejidas con ayuda de medios de comunicación complacientes y voceros nacionales e internacionales interesados en favorecer una confusión que llevó más problemas y dolores a Urabá, que soluciones a los campesinos obligados a encerrarse en un grupo extraño a su cultura y ajeno a su querer.
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