Editorial
El Mundo, Medellín
Julio 19 de 2009
Anuncia la apelación a distintos instrumentos para mostrarse como víctima de manipulaciones y montajes imperialistas.
Las primeras reacciones del gobierno ecuatoriano tras la divulgación del video en el que Jorge Briceño, a. Mono Jojoy, reconoció la existencia de aportes económicos de las Farc a la campaña presidencial de Rafael Correa, estuvieron a cargo de los ministros de Seguridad Interna, Miguel Carvajal, y Relaciones Exteriores, Fander Falconi. Palabras más, palabras menos, los dos altos funcionarios coincidieron en negar que el movimiento País hubiera recibido donaciones de organizaciones extranjeras de cualquier tipo; asimismo, anunciaron la creación de una comisión investigadora conformada por miembros del círculo íntimo del presidente ecuatoriano: esos dos ministros, más el coordinador de la Policía Política y el secretario de Administración, o sea un grupo de yo con yo, del que desde ya no esperamos nada más que otra cortina de humo dirigida a ocultar una denuncia que puso al gobierno ecuatoriano en duda ante el resto del mundo. En sus declaraciones del viernes, el ministro Carvajal, además, invitó a investigar al ex ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, señalado como el enlace de las Farc con el equipo de Rafael Correa, e incluso se atrevió a insinuar una estafa a esa guerrilla.
Las reacciones espontáneas de los más cercanos al presidente ecuatoriano cerraron el paso a intentos como los del fiscal Washington Pesantez y Anncol, la agencia de noticias pro guerrillera, de tender mantos de duda sobre la autenticidad del video incautado en allanamiento de mayo pasado en el que fue detenida una jefe guerrillera del Bloque Oriental.
Mediante otra de sus manipulaciones mediáticas, el presidente Correa apeló al populismo y el nacionalismo para eludir dar respuestas directas al contundente señalamiento. Con el primero, acusó a los responsables de divulgar el video de “una arremetida de la derecha y todos sus instrumentos y armas, entre ellos, los medios de comunicación para desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región” y con el segundo, hizo sentir al pueblo ecuatoriano como victimizado por la divulgación del video en episodio que calificó de “montaje”.
Ante el inminente debate internacional por las grabaciones entregadas por la AP y divulgadas en las páginas de los más importantes medios de comunicación virtuales del mundo -que han hecho recordar la denuncia de 2008 que recogió documentos en el computador de a. Raúl Reyes según los cuales las Farc habían entregado cien mil dólares a la campaña de Rafael Correa- el gobierno ecuatoriano ha optado por eludir la discusión sobre la autenticidad del documento, que fue confirmada de inmediato por dos fuentes diferentes en la Fiscalía colombiana, y, a cambio, se ha dirigido a buscar un culpable que o bien engañó a las Farc (¡!) o lo hizo con la confianza que había recibido del señor Correa. Además, y apoyándose para ello en las artimañas propagandísticas del coronel Chávez, anuncia la apelación a distintos instrumentos para mostrarse como víctima de manipulaciones y montajes imperialistas.
La polvareda que levantó la divulgación del video puso en segundo plano la respuesta preliminar de la Secretaría General de la CAN a la solicitud ecuatoriana de permiso para imponer salvaguardias cambiarias a las exportaciones colombianas. Sobre esa petición habíamos conceptuado que “el argumento de que la devaluación del peso ha sido una agresión económica deliberada por parte de las autoridades de Colombia es completamente absurdo, pues ese es un fenómeno independiente de cualquier situación con el vecino y responde al manejo de la política monetaria interna. El problema aquí no ha sido la devaluación sino el fenómeno contrario, la revaluación”. Ahora, la máxima autoridad regional en materia comercial ha apoyado esta idea al sostener que “no encontró evidencia de perjuicios para la economía ecuatoriana que justifiquen su aplicación invocando razones de emergencia para su economía”.
La intervención de la CAN ha dejado muy mal parado al gobierno ecuatoriano, que sin esperar un resultado de la consulta había impuesto las salvaguardias a más de 1.300 productos colombianos, con lo que demostró, como habíamos afirmado en estas columnas, que eran medidas “con un claro tinte de retaliación política derivada de las nuevas revelaciones – acá y allá – sobre los nexos del gobierno Correa con las Farc”. Así las cosas, queda la pregunta sobre si el gobierno vecino acatará el concepto que lo obligaría a levantar en forma inmediata una restricción económica que decidió como retaliación política y que, según sus denuncias, ha castigado a los empresarios ecuatorianos en forma semejante a los exportadores colombianos.
En la dura batalla que tiene que dar Colombia para que un vecino veleidoso respete las normas diplomáticas y se mantenga a raya a pesar de que su interés es el de servir a sus aliados de las Farc, el video de a. Mono Jojoy y la declaración de la CAN son dos puntos a favor que fortalecen sus argumentos ante la comunidad internacional, a la que cada vez le tiene que ir quedando más claro quiénes son los auténticos defensores de la democracia y la legalidad. Y aunque lamentamos por el hermano pueblo ecuatoriano, estas malas horas, nos sentimos complacidos de que la verdad salga a la luz, lo exige la HISTORIA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario