Por Sergio Muñoz Bata
El Tiempo, Bogotá
Julio 29 de 2009
A un mes del golpe de Estado en Honduras, el depuesto presidente, Mel Zelaya, sigue en Nicaragua y, a pesar del consenso inicial de los gobiernos del hemisferio para condenar el coup y demandar su reinstauración, el desacuerdo entre los demócratas ortodoxos y los neodemócratas de la región sobre la estrategia para reincorporarlo a su puesto se hace cada día más profundo. El impasse ha generado un debate sobre el rol de la Organización de Estados Americanos en la defensa de la democracia y el papel de Estados Unidos en esta lucha y en esta circunstancia.
Mientras que Estados Unidos, la Unión Europea, México, Brasil y España siguen apostando por una solución negociada valiéndose de la mediación del presidente costarricense, Óscar Arias, la impaciencia y un inusitado aliento neodemocrático de esperpentos como Fidel Castro, Hugo Chávez y Daniel Ortega exigen la restitución inmediata de Zelaya a cualquier costo y aprovechan la ocasión para culpar a E.U. del impasse y hasta del golpe.
Mientras tanto, la OEA muestra las debilidades estructurales que le impiden ejercer un liderazgo sereno y oscila de la exaltación promovida por los países miembros del Alba, a la moderación pragmática que le dictan los países democráticos.
A pesar del éxito inicial de su gestión en busca de un consenso hemisférico de condena al golpe, su inconsistente aplicación de la Carta Democrática, que supuestamente rige su conducta, le ha ocasionado críticas justas.
Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, apunta que "entre 1996 y el 2006, tres presidentes ecuatorianos fueron removidos de sus cargos bajo el arbitrio de las fuerzas armadas y en ninguno de estos casos hubo una reacción semejante a la que ha provocado el caso de Honduras".
Otros cuestionan a la OEA por su silencio cuando los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Ecuador minan las instituciones democráticas de su país en su intento por perpetuarse en el poder.
¿Qué hizo la OEA cuando gobernadores y alcaldes de la oposición de Caracas denunciaron que el presidente de Venezuela "usa la democracia para destruirla"; cuando lo acusaron de dar un "golpe de Estado en marcha contra los gobiernos democráticamente elegidos por el pueblo en noviembre del 2008, y de intimidar a los medios de comunicación?
¿Dónde estaba la OEA en los meses previos a las elecciones municipales de noviembre en Nicaragua, cuando Ortega maniobró para impedir que figuras de la oposición estuvieran en las balotas; cuando hostigaba a periodistas independientes y a organizaciones no gubernamentales; cuando impidió la presencia de observadores internacionales; cuando, antes de terminar el recuento oficial del voto por la alcaldía de Managua, dio la orden de declarar ganador a su candidato?
¿Por qué no interviene la OEA cuando se hacen públicos los videos que muestran a uno de los jefes de la narcoguerrilla colombiana detallando las contribuciones de la organización criminal a la campaña presidencial del ahora presidente ecuatoriano, Rafael Correa? ¿O cuando amenaza a los medios de comunicación que publican artículos que cuestionan su gestión o los negocios de su hermano?
Si la OEA quiere fortalecer la democracia en el hemisferio, debe aceptar que, en las condiciones políticas actuales, no basta con ganar una elección, sobre todo cuando la capacidad del gobierno para manipularla es tan evidente. Así mismo, la organización debe reformar la Carta Democrática para incluir la protección no solo del Ejecutivo, sino de los poderes Legislativo y Judicial, que son, precisamente, los que mayor acoso sufren de los Ejecutivos autocráticos que hoy proliferan en la región.
Afortunada y desafortunadamente, en estos momentos no le corresponde a E.U. encabezar una revolución democrática de estos alcances, sino al grupo de países moderados que siguen creyendo en las virtudes de la democracia liberal y tienen la capacidad para reformarla.
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