Con cabeza fría

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Julio 19 de 2009

La aparición de un video en el cual el 'mono Jojoy' lee una explosiva carta que habría terminado siendo la despedida de 'Manuel Marulanda' ante su tropa y ante sus amigos ha empeorado todavía más la ya grave tensión entre Bogotá y Quito. El documento se conoce casi al tiempo con el pronunciamiento de la Comunidad Andina en el sentido de no aceptar la imposición de salvaguardias impuestas por el país vecino contra buena parte de la oferta exportadora colombiana, porque no encontró evidencia de perjuicios para la economía ecuatoriana que justifiquen su aplicación.

Ambos hechos han vuelto a demostrar que sería mucho más aconsejable que los dos gobiernos resuelvan sentarse a conversar directamente o con mediación internacional, con el fin de procesar una problemática de seguridad que ha saltado a los estrados judiciales y empieza a tener repercusiones económicas a ambos lados de la frontera. La razón es que los dos países tienen que asumir que la convivencia es para siempre. Un tortuoso camino de sanciones y retaliaciones conduce a daños mutuos, cuando lo que las naciones necesitan es contar con vecinos estables y prósperos.

Lamentablemente, es poco probable que regrese la sensatez, a pesar de que los obstáculos han probado ser contraproducentes. Es lo ocurrido con la imposición del certificado judicial, y luego su apostillado, a los ciudadanos colombianos que quieran ingresar al vecino país. Lejos de lograr el objetivo de mejorar la seguridad ecuatoriana, el requisito disminuyó los flujos legales y redujo en un 37 por ciento el turismo nacional, que en el 2008 le generó a Ecuador 130 millones de dólares. También aumentó el malestar contra el presidente Rafael Correa, cuya imagen desfavorable en el más reciente sondeo de Gallup alcanzó el 71 por ciento y superó incluso a Hugo Chávez, que tiene el 65 por ciento.

Pero nada de eso parece llevar al Palacio de Carondelet a cambiar de postura. De hecho, ante la aparición del nuevo video de las Farc, lo más probable es una nueva andanada de Correa, quien se considera víctima de una conspiración orquestada en Bogotá. Así lo dejó en claro hace unos días, luego de la publicitada e inoportuna demanda de unos controvertidos abogados colombianos en la Fiscalía contra el presidente ecuatoriano, su ex ministro y su ex viceministro del Interior, y la petición de que sean denunciados ante la Corte Penal Internacional por "terrorismo". Esto le facilitó al mandatario lanzar una nueva ofensiva nacionalista, que desvía la atención de la difícil situación económica y de los líos que le han generado los contratos de su hermano con el Estado. Y, de paso, le permitió acusar al gobierno colombiano por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

También hay inquietud por lo que pueda pasar con la imposición, desde el 11 de julio pasado, de una nueva salvaguardia unilateral, que eleva aranceles a 1.346 productos importados por Ecuador desde Colombia. Más allá del rechazo de la CAN, la medida sigue vigente y en pocos días ya produjo repercusiones sociales para sectores fronterizos, que vieron afectada su supervivencia. Según los conocedores, aquella amenaza con liquidar 150.000 puestos de trabajo en Colombia y 50.000 en el país vecino.

Como es conocido, la decisión en realidad constituye otra sanción política escondida en dos argumentos económicos -devaluación y déficit-. Más que devaluación, ha habido volatilidad del peso colombiano, no más fuerte que la que han enfrentado otros socios ecuatorianos. Además, el déficit comercial con Colombia es menos importante que el que tiene Ecuador con Venezuela o con China.

Ante lo sucedido, la obligación gubernamental es mantener la cabeza fría y no caer en la trampa de otra confrontación con Correa. Ello no le impide al país prepararse para responder las demandas en su contra, combatir la absurda solicitud de detención del ex ministro Juan Manuel Santos y las sanciones comerciales, sin jugar a la guerra verbal ni a las retaliaciones. Es necesario también generar las condiciones para que se procesen las informaciones de los computadores guerrilleros.

Al mismo tiempo, urge profundizar el control del territorio común, no solo con la presencia militar del Estado, sino también con la protección de las poblaciones que están en medio del fuego cruzado para dotarlas de servicios e infraestructura. Y en ese propósito los dos países tienen un terreno compartido que podría conducir a recuperar la zona de integración fronteriza y su plan de desarrollo, paralizado por las tensiones.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que Correa recibirá la presidencia pro témpore de Unasur el 10 de agosto, cuando asume su nuevo mandato, y podría tener la tentación de jugar contra Colombia. Para evitarlo, la Casa de Nariño debe comprometerse con la unidad suramericana y apoyarse en Brasil y Chile. Además, debe persistir en la búsqueda de los buenos oficios del ex presidente Jimmy Carter, de la OEA y de la ONU. Todo con el indeclinable propósito de tratar de restablecer un diálogo entre dos gobiernos que deben entender que tienen mucho más que ganar con el entendimiento que con las disputas.