Ecuador, Santos y Colombia

Alfonso Monsalve Solórzano

El Mundo, Medellín

Julio 5 de 2009

Sería risible si no fuese profundamente ofensiva. Me refiero a la decisión del juez Daniel Méndez de ordenar la captura del exministro Juan Manuel Santos, acusándolo de ‘delito contra la vida’. No voy aquí a reproducir los argumentos en contra de esta decisión, lo cuales comparto plenamente. Simplemente quiero hacer una reflexión, que tiene más que ver con la política internacional de Colombia que con la estrambótica acción del juez ecuatoriano y su jefe Correa.

Cuando el golpe al campamento de Reyes en Sucumbíos produjo su muerte y la de otros guerrilleros, se estaba realizando una acción de legítima defensa por parte del Estado colombiano contra su mayor enemigo interno. El uso de territorio ecuatoriano para el desarrollo de sus actividades y la complicidad y apoyo de las autoridades de ese país es un hecho notorio.

El gobierno colombiano repetidamente señaló la presencia de las Farc, declarada organización terrorista por Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea, en Ecuador y pidió su colaboración a Correa, en múltiples ocasiones, para que la sacasen de su país. Pero la verdad era que esa guerrilla se movía libremente en Ecuador, con complicidad y colaboración de las altas autoridades ecuatorianas. Si se necesitan pruebas, los propios computadores de Reyes dieron la evidencia: Larrea, ministro del régimen aparece claramente señalado, y sus explicaciones y las de Correa son tan increíbles como vergonzosas, frente a temas tan delicados como el narcotráfico y la alianza con las Farc; el dinero de ésta, constata Reyes, contribuyó a la campaña de Correa, así como el compromiso de remover a los militares no proclives a las Farc para facilitar el trabajo de éstas con los indígenas y campesinos del norte del Ecuador para crear un territorio habitado por una población hostil al Estado colombiano y articulada a las actividades de la guerrilla.

Reyes usaba el campamento como ‘cancillería’ y retaguardia estratégica, desde el que no sólo se realizaban negocios de tráfico de armas y de drogas, sino que se orquestaban las campañas de desprestigio contra Colombia, se urdían ataques a nuestras fuerzas armadas en las que perdieron la vida muchos de nuestros soldados y policías y servía de lugar de adoctrinamiento internacional. La evidente alianza se mostraba también en el interés ecuatoriano de que no se fumigaran los cultivos de coca en territorio colombiano.

La Carta de las Naciones Unidas establece el derecho a la legítima defensa. Convertido el terrorismo en amenaza global, la ONU ha establecido, entre muchas acciones al respecto, la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, aprobada en la Resolución A/RES/60/288 del 8 de septiembre de 2006, cuyo anexo, también sancionado, compromete a los países a:

“1.Abstenernos de organizar, instigar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actividades terroristas o participar en ellas, y adoptar las medidas prácticas adecuadas para asegurar que nuestros territorios respectivos no se utilicen para ubicar instalaciones o campamentos de adiestramiento, ni para preparar u organizar actos terroristas contra otros Estados o sus ciudadanos;

2. Cooperar plenamente en la lucha contra el terrorismo de conformidad con las obligaciones que nos incumben en virtud del derecho internacional con el fin de localizar, negar refugio y someter a la acción de la justicia, según el principio de extradición o enjuiciamiento, a toda persona que apoye, facilite, participe o trate de participar en la financiación, planificación, preparación o comisión de actos terroristas, o proporcione refugio;

3. Asegurar que los autores de actos terroristas sean detenidos y enjuiciados o extraditados, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho nacional e internacional, en particular las normas de derechos humanos, el derecho relativo a los refugiados y el derecho internacional humanitario. A tal efecto, procuraremos concertar y aplicar acuerdos de asistencia judicial mutua y extradición y fortalecer la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley;

4. Intensificar la cooperación, según proceda, para intercambiar información oportuna y fidedigna respecto de la prevención del terrorismo y la lucha contra él;

5. Intensificar la coordinación y la cooperación entre los Estados en la lucha contra los delitos que puedan guardar relación con el terrorismo, incluido el narcotráfico en todos sus aspectos, el comercio ilícito de armas, en particular de armas pequeñas y armas ligeras, incluidos los sistemas portátiles de defensa antiaérea, el blanqueo de capitales y el contrabando de material nuclear, químico, biológico, radiológico y otros materiales potencialmente letales”.

Ecuador violó todos estos artículos de la Resolución mencionada. Pero el gobierno colombiano, en lugar de reivindicar su derecho a la legítima defensa, asumió una posición que denotaba culpa y presentaba excusas en lugar de exigir el respeto a la soberanía interna de Colombia y la no intervención en nuestros asuntos ajenos. Y miren dónde van las cosas. En lugar de que Correa esté explicando en tribunales internacionales su agresión a Colombia, es nuestro ex ministro quien es sometido a escarnio y a persecución. Llegó la hora del decoro. Los negocios son importantes, pero la dignidad nacional lo es más.