El miedo del Congreso

Paloma Valencia Laserna

El País, Cali

Noviembre 07 de 2009

La renuncia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede interpretarse como el efecto final de una larga cadena de hechos mediante la cual la Corte Suprema de Justicia ha atemorizado el Congreso. Se trata, pues, de un triste final para una democracia, pues muestra que el Poder Judicial se ha excedido en sus funciones y que su accionar ha debilitado a la Rama Legislativa de forma grave.

Las razones por las cuales el Congreso teme a la Corte son variadas, pero claras. Primeramente, el número de congresistas en la cárcel es un indicio del sentimiento de inseguridad que ha de embargar a los restantes. Así también, el número de investigados y las denuncias sobre manera como la Corte conduce sus investigaciones sobre los congresistas: expedientes sin numerar, un magistrado auxiliar destituido que se queja de no poder dormir tranquilo por el peso de su conciencia y testigos de dudosa reputación que reciben ventajas judiciales por increpar políticos.

Más aún, cada vez con mayor fuerza en las actuaciones de la Corte se dibuja una persecución que parece tener tintes políticos. Los procesos contra la bancada uribista avanzan, pero con graves señalamientos sobre violación del debido proceso. Al mismo tiempo, los de la Farcpolítica no se inician y si lo hacen precluyen (a pesar de que hay evidencias concretas como las halladas en el computador de ‘Raúl Reyes’).

¿Dónde están las investigaciones de los vínculos de los magistrados con Giorgio Sale y otros personajes macabros? ¿Dónde aquellas que los vinculan con operaciones financieras anormales? ¿Dónde la revisión de sus procedimientos ya varias veces denunciados como arbitrarios o al menos oscuros? ¿Dónde las reformas para acabar con la enviciada cooptación? ¿Cuándo se creará la segunda instancia para evitar la violación de los derechos del hombre?

Sólo la sumisión y la impotencia que se han apoderado del Congreso en todo lo que se refiere a la Corte puede explicar la ausencia de todo esto. El miedo que le tiene el Congreso a la Corte es el síntoma de una gravísima enfermedad institucional que afecta la tridivisión de los poderes. El Judicial es un poder desbordado que nos retrotrae a las épocas de los tiranos, imposibles de juzgar y con el poder al servicio de sus deseos. Como consecuencia tenemos que las acusaciones y los escándalos sobre el accionar de los magistrados de la Corte permanecen sin la investigación rigurosa que exigirían, pues su juez natural les teme.

Así que estamos en la más olímpica tiranía de los jueces. Es, por lo demás, la más antidemocrática y antipática de todas las posibles. La Corte es una corporación elegida por sus propios miembros sin que medie la voluntad popular y por lo tanto con muy escasa legitimidad.

Es prioritario que la Nación respalde al Congreso para preservar la estructura del Estado. Este órgano encarna la más diversa fuerza democrática. La solidaridad nacional puede impulsar y revivir el natural liderazgo que debería caracterizar al Legislativo para que ¡se investigue todo lo denunciado sobre los magistrados!, ¡se los acuse si hay méritos! ¡cumpla, en fin, el Congreso con sus funciones constitucionales!

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Atención: la difícil situación con Venezuela exige que las instancias diplomáticas actúen y establezcan contacto con los detenidos y con el sobreviviente de la masacre, de manera que podamos tener información sobre lo que está pasando.