Avanza la censura en Venezuela

Editorial

El Mundo, Medellin

11 de julio de 2009

Un régimen que poco a poco, sin abandonar su apariencia democrática, se va haciendo al control absoluto de los medios de comunicación.

En forma lenta, pero segura y sistemática, avanza el control de los medios de comunicación por parte del régimen del coronel presidente Chávez para ponerlos al servicio de la revolución bolivariana, arrasando de paso la libertad de prensa y atropellando la de empresa, mientras el mundo mira aquello indiferente y la OEA y la ONU se muestran ciegas y sordas al clamor de la oposición ante la cada vez más grave violación, no sólo de las propias leyes venezolanas sino de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), instrumentos que obligan a los gobiernos a garantizar la libertad de expresión como un derecho humano fundamental.

El lingüista estadounidense Noam Chomsky, crítico incisivo de la sociedad, la economía y la política mundial de nuestro tiempo, dice en alguno de sus libros que “la manipulación y la utilización sectaria de la información deforman la opinión pública y anulan la capacidad del ciudadano para decidir libre y responsablemente. Si la información y la propaganda resultan armas de gran eficacia en manos de regímenes totalitarios, no dejan de serlo en los sistemas democráticos; y quien domina la información, domina en cierta forma la cultura, la ideología y, por tanto, controla también en gran medida a la sociedad”. La reflexión del ilustre profesor del MIT retrata bastante bien el fenómeno de un régimen que poco a poco, sin abandonar su apariencia democrática, se fue haciendo al control absoluto de todas las instituciones – el Congreso, la Justicia, el poder electoral – y últimamente ha concentrado sus esfuerzos en rodearse de un poder mediático a costa del erario público, mientras ordena el cierre o emprende campañas de acoso judicial contra canales de televisión y emisoras de radio de carácter privado, bajo la acusación de servir los intereses de “opositores y golpistas”.

Como hombre mediático por excelencia, Chávez entendió desde que llegó al poder hace una década, que el control de los medios de comunicación sería pieza fundamental de su proyecto de instaurar el socialismo del siglo XXI y pese a que en principio no hubo unanimidad en el estilo de oposición en los medios, muy pronto entró en choque con todos ellos, y desde entonces ha venido dando pasos para anular la capacidad de la oposición en el frente de los medios masivos, especialmente los audiovisuales, que además de ser los más útiles para los planes de propaganda del régimen por su amplia audiencia, están sometidos al régimen de propiedad estatal del espacio electromagnético. Ewald Scharfenberg, economista y columnista de El Nacional, advierte en su país “un antagonismo orgánico entre el Estado y la prensa independiente, pero ese antagonismo y esa presión permanente sobre los medios son mecanismos sutiles de bajo impacto”. Él los llama “postmodernos” porque no llegan a los excesos de las dictaduras militares del siglo pasado que incluían asesinatos de periodistas, decomiso de publicaciones, cierre violento de emisoras y encarcelamiento de sus directivos.

Lo que pasó hace dos años con Radio Caracas Televisión es un ejemplo de lo que describe el colega. El gobierno echó mano de su potestad de renovar la concesión y simplemente la negó a RCTV en retaliación por la posición crítica de sus directivos y periodistas, condenando la empresa al cierre definitivo a fines de mayo de 2007. Días después comenzó el ataque, que aun no termina, contra la cadena privada Globovisión, a la que empezó acusando ante la Fiscalía – otro organismo de bolsillo, por cierto – de incitar “subliminalmente” al magnicidio del presidente Chávez. Mientras marcha lentamente ese proceso en la Fiscalía, la misma empresa acaba de ser notificada – junto a un grupo grande de emisoras de radio y televisión – de un proceso sancionatorio por la difusión de propagandas de dos organizaciones opositoras en las que, según los voceros del régimen, se hace apología de la propiedad privada y se acusa al Gobierno de querer acabarla. Nada que no sea cierto, pero el régimen convierte las críticas en posibles delitos.

Pero la zancada más espectacular en materia de control de medios de comunicación es la que se perfiló esta semana con el anuncio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de que revocará los permisos de transmisión a unas 285 emisoras de radio y televisión porque supuestamente no actualizaron los datos ante el organismo. Ese es el pretexto inicial, pero el ministro venezolano de Obras Públicas y Vivienda y presidente de Conatel, Diosdado Cabello, desnudó la verdadera intención del régimen cuando dijo a los cuatro vientos: “Vamos a democratizar el uso del espectro radioeléctrico (...) estamos empeñados en erradicar el latifundio radioeléctrico, porque ese ha sido uno de los pocos sitios donde la revolución no se ha sentido... No vamos a ceder en nada porque no le debemos nada a la oligarquía del país”. La draconiana medida ya fue rechazada por la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión y por el Colegio Nacional de Periodistas, que llamaron a “protestar en las calles de manera cívica y pacífica, pero enérgica, contra el atropello constante a los medios de comunicación y la libertad de expresión”.

Ojalá tengan eco y la oposición se sacuda en defensa de tan fundamentales derechos, pero nos asiste el temor de que va siendo demasiado tarde para revertir el avance del control absoluto. Según Antonio Pasquali, ex subdirector general de Unesco para el sector de las Comunicaciones, desde la salida de RCTV, el Gobierno controla 10 de los 12 canales de TV (abierta), goza de la aquiescencia de la mayoría de las 36 televisoras regionales y ha instalado y financiado más de 145 radioemisoras y 18 televisoras comunitarias, en su mayoría progubernamentales. ¡Y va por más!