Editorial
El Colombiano, Medellín
Julio 10 de 2009
La comunidad recibe con beneplácito la posición del Gobierno nacional que facilita la liberación de los secuestrados de la Fuerza Pública, en poder de las Farc. Es acertada la exigencia de dejar libres a todos los soldados y policías en forma simultánea. No se puede permitir que se continúe con la inhumana utilización política de la vida. El balón está en manos de las Farc.
El Presidente Álvaro Uribe ha puesto de nuevo las cosas en su verdadero sitio: Las Farc son las únicas responsables del secuestro de miembros de la Fuerza Pública. Por ello deben liberar a los 24 servidores del Estado que tienen en su poder, y hacerlo en forma simultánea. Además, devolver los cuerpos de los tres rehenes que murieron en el "asesinato del cautiverio".
La liberación, bajo la expresa coordinación del Alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, está condicionada a que se realice en forma coetánea y discreta. Medidas que celebramos ya que el país no soporta más entregas a cuentagotas, como tampoco la cruel expectativa de los familiares de los asesinados, que no han podido siquiera tener el consuelo de recibir los despojos mortales de sus seres queridos para darles digna sepultura.
Si bien el Presidente autorizó a la senadora Piedad Córdoba para que, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y con la Iglesia Católica, participe en el acto de la liberación de los secuestrados, hay que entender que su presencia no es en calidad de mediadora ni de intermediaria, sino de integrante de una misión humanitaria. Es que la posible entrega es una decisión exclusiva de las Farc, y la forma de hacerse, del Gobierno Nacional. De nadie más.
Colombia recibe con optimismo este anuncio del Presidente Uribe, pero queda, como siempre, a la expectativa de la reacción de las Farc. Le corresponde entonces al grupo guerrillero demostrar si está por la convivencia pacífica o desea continuar con su particular concepción del intercambio humanitario: la libertad de los policías y militares que tienen en su poder, por la de guerrilleros presos, sin que hayan efectuado ningún gesto previo de paz. Algo inaceptable por el Gobierno nacional y gran parte de la sociedad colombiana, pues aún faltan respuestas que demuestren voluntad real de reconciliación.
No hay que olvidar que desde abril del presente año el grupo guerrillero prometió la liberación incondicional del cabo Pablo Emilio Moncayo, decisión que comunicó en medio de la celebración de la Cumbre de Las Américas, pero que, por desgracia, no ha pasado de ser otro más de los hechos mediáticos y de oportunismo político que suele hacer. Si existiese la real voluntad de darle la alegría al profesor Moncayo de ver a su hijo sin cadenas, bastaba quitárselas y conducirlo hacia su padre en forma rápida y prudente, sin exigir ninguna condición. Nada de esto ha ocurrido.
El país espera que las Farc respondan en forma afirmativa a la solicitud que les ha formulado el Presidente Uribe y liberen lo más pronto posible a todos los policías y soldados. Los colombianos, en las masivas marchas, les han dejado claro que hasta que no renuncien a utilizar el secuestro como instrumento político y económico, no les van a creer. El NO rotundo a la indignidad del plagio, es un inamovible esencial.
La libertad de todos los secuestrados sería un significativo paso en el complejo camino de la paz, que se inicia con una reunión entre las partes con el fin de establecer un diálogo formal, para luego fijar un esquema de negociación y finalmente entrar a negociar. Esto podría conducir a una paz firmada. Y de allí a la auténtica paz, es decir, a la vivida y aceptada por toda la sociedad. El Presidente les ha pasado el balón. Las Farc tienen la palabra
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