La reforma ideal

Editorial

La Patria, Manizales

Julio 6 de 2009

Si queremos que la Seguridad Democrática sea una política de Estado, su financiación debe ser general y permanente dentro de las cuentas fiscales de la nación.

¿Tercera, quizás cuarta o tal vez quinta? Habría que recoger las informaciones desde el día de posesión del presidente Álvaro Uribe, el 7 de agosto de 2002, hasta la fecha, para saber a ciencia cierta cuántas reformas tributarias ha presentado su gobierno a consideración del Congreso y cuántas finalmente han sido debatidas y aprobadas por el legislativo.

Se sabe que la primera reforma planteada fue dura y exigente pues se trataba, de entrada, de fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) ante la amenaza seria que en ese momento ofrecían las Farc, grupo guerrillero que se fortaleció militarmente durante la zona de distensión que por espacio de tres años tuvo a su favor durante la administración del presidente Andrés Pastrana.

Pues bien, los colombianos entendimos que era necesario hacer esfuerzos en aras de retomar no sólo la gobernabilidad que parecía perdida en tantas zonas y regiones del país, sino de devolverles la libertad a los ciudadanos que por temor a ser secuestrados o asesinados se abstenían de viajar por las carreteras del país.

Comenzaron a verse los resultados exitosos de la Seguridad Democrática a partir de la firmeza en las acciones del gobierno y de los golpes positivos, aunque a veces dolorosos, de la fuerza pública. Ello no sólo catapultó la imagen de Uribe si no que también le permitió a la gente pagar sin objeciones los nuevos impuestos, pues era evidente la recuperación de la confianza a partir de la presencia de los organismos de seguridad en todo el país.

Hoy, casi siete años después, muy pocos desconocen la efectividad de las políticas estatales en materia de seguridad. Sin embargo, distintos sectores creen que ha hecho falta a partir de lo alcanzado una carga impositiva general, es decir que cobije a todas las clases sociales, que se cobre a partir de la capacidad real de la gente, sin dejar ello sólo en los hombros de los más pudientes, que efectivamente deben pagar más pero sin ser los aportantes exclusivos teniendo en cuenta que el beneficio ha sido y es general.

Por eso no son aceptables las propuestas de los últimos días que se plantean alrededor de una nueva reforma económica y que indica que se deberían dejar por fuera de la misma a unas 2 mil personas naturales o jurídicas que en su momento pagaron la mayor parte del aporte.

Para nada, lo ideal es que hoy, y considerando naturalmente el duro efecto que ha tenido la recesión, se generalice el cobro impositivo a partir de la capacidad real de cada persona, con ello se acaba la discriminación que se ha establecido. Así el impuesto al patrimonio no debería ser único para quienes tienen bienes por encima de los 2 mil millones de pesos. Claro que ellos tendrán que pagar más por efecto de su capacidad de riqueza, pero eso no puede dejar por fuera a quienes tengan patrimonios por debajo de los mil millones de pesos o de los 500 millones de pesos ya que ellos también se benefician de la seguridad.

Colombia, como en los países más potentes y organizados del mundo, tiene que apostarle a la justicia impositiva que en términos reales señala que el que puede tiene que hacerlo y el que no que pague sólo lo posible. Lo anterior en términos muy locales es parecido al cobro de valorización en la que todos pagan según su capacidad y lo que tiene en propiedad, dinero que se traduce en progreso y beneficios.

El esquema que se defina, por otra parte, debe ser permanente, pues así se logre reducir a la guerrilla a la mínima expresión, seguirá un vacío en la seguridad en los centros urbanos que requerirá siempre de inversiones cuantiosas si queremos mantener tranquilidad en las ciudades.

Basta pues de nuevos y complejos esquemas tributarios que cada vez que se plantean enredan más las cosas para el país. Ya está demostrado que no obstante los buenos recaudos, también existe una enorme evasión. Por eso las baterías se deben enfilar en acabar con los que evaden impuestos y aplicarles sanciones severas para que no sigan en esa práctica. Basta pues de esa colcha de retazos que no aguanta más improvisaciones.