Por Edmundo López Gómez
El Nuevo Siglo, Bolgotá
Julio 10 de 2009
Hace más de una década, en diciembre de 1996, se realizó en Villa de Leyva el Seminario-Taller: Derecho Internacional Humanitario y Conflicto Armado en Colombia, bajo el patrocinio de la Embajada de Suiza.
Releyendo los documentos que entonces se elaboraron, encuentra uno pautas de comportamiento que, de haberse adoptado, habrían contribuido a la superación de la mayor tragedia humanitaria que se ha sufrido en nuestro país: la persistencia del secuestro como forma de lucha.
Se dijo entonces: “La experiencia ha demostrado que el Derecho Humanitario se aplica en la medida que sea reivindicado activamente por la población civil, con su organización y movilización, con su protesta ante cada violación, con el emplazamiento y persuasión permanente para que los hombres armados acaten la obligación de proteger a la población civil en dignidad, integridad física, mental y en sus bienes”.
Me saldrán a decir que no ha faltado la expresión masiva de ese sentimiento y que una de ellas tuvo dimensiones de apoteosis, precisamente pidiendo la libertad de todos los secuestrados. Si. El pueblo colombiano se unió para protestar y quedó para siempre grabado el repudio colectivo a esa práctica atroz contra la libertad, la vida y la dignidad de los seres sometidos a cautiverio, fueren estos de las Fuerzas Armadas o de la sociedad civil.
Con todo, los colombianos solemos caer seducidos por los secuestradores subversivos, cuando estos, como práctica de propaganda política, prometen la liberación de sólo algunos de los secuestrados, y hasta llegamos a celebrar esta clase de gestos como generosidad humanitaria. ¡Vaya falacia!
Cuando ello ocurre se quiebra la solidaridad colectiva contra el secuestro en cuanto los victimarios son tomados como libertadores, dignos de aplausos, para lo cual la prensa se vuelve medio proclive y gratuito de esa propaganda siniestra.
Valgan las anteriores consideraciones para justificar que el presidente Uribe haya pedido la libertad de todos los secuestrados y no aceptado solamente la de unos pocos. Otra conducta sería censurable, impropia de un jefe de Estado obligado como el que más a proclamar el carácter imperativo que tiene el Derecho Internacional Humanitario entre nosotros y el resto del mundo civilizado, y el cual no admite su cumplimiento a cuentagotas.
¿Será bueno acaso que cualquier gobierno caiga en esa diabólica estrategia? Celebramos que la senadora Piedad Córdoba haya sido autorizada para servir de intermediaria (al lado de la Cruz Roja y de la Iglesia), en el acto de liberación de todos los secuestrados. La mencionada senadora, ciertamente, se ha ganado el reconocimiento de la Nación por su papel de mediadora en nuestro conflicto. En algunos de nuestros anteriores escritos habíamos reclamado para ella una exaltación mundial como “Misionera de la Paz”. Su respuesta a la nueva confianza que en ella ha depositado el presidente Uribe, nos pareció ponderada, propia de quien está dispuesta a aceptar y ejercer tan importante papel, y que de tener éxito puede abrir las puertas a la paz.
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