Editorial
La Patria, Manizales
Julio 10 de 2009
Las últimas salidas de las autoridades ecuatorianas, tanto en el campo judicial como económico, no permiten ser optimistas frente al eventual restablecimiento de relaciones diplomáticas con Colombia.
Tan crítica como incierta es la situación que se presenta hoy en las relaciones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador, países hermanos con un largo historial de afecto y entendimiento.
Después de 16 meses de haberse originado la ruptura diplomática entre las dos naciones por la incursión del Ejército colombiano en el país vecino en desarrollo del operativo que permitió mediante un bombardeo dar de baja a Raúl Reyes, segundo hombre en importancia de las Farc, no se vislumbra ninguna buena intención del gobierno ecuatoriano para normalizar las cosas.
Es más, a esa pequeña hoguera que quedó tras el acto legítimo colombiano al defenderse de la amenaza terrorista encarnada por el campamento de Reyes, se le sigue echando fuego, lo que aleja aún más las posibilidades de un entendimiento y distancia más a uno y otro, al punto de que ahora se politizan hechos judiciales para tratar de cobrar venganza.
Por lo menos de esa manera se puede interpretar lo sucedido tras la orden de captura internacional que contra el ex Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, profirió un juez de la provincia de Sucumbíos al acusarlo de ser el responsable del bombardeo al campamento guerrillero que servía de escondite y operación del abatido terrorista y otras 24 personas, casi todas subversivas.
Semejante despropósito que generó una inmensa reacción política y gubernamental de solidaridad colombiana frente a Santos, pues no se entiende cómo la justicia de una nación pretenda sobrepasar los canales diplomáticos internacionales por un acto del que el propio presidente Uribe se hizo responsable.
La reacción natural del gobierno colombiano frente a ese hecho fue de rechazo absoluto, lo que hicieron incluso los partidos opositores, el Liberal y el Polo Democrático, al considerar que la justicia ecuatoriana no tiene jurisdicción para procesar al ex ministro y que su defensa es un asunto de soberanía nacional.
De esa manera se hicieron las consultas jurídicas nacionales e internacionales respectivas para evitar que, como lo pretendía Ecuador, la Interpol fuera a capturar a Santos en cualquier lugar donde sus convenios tienen alcance y aplicación. Pero no obstante un concepto del propio organismo negando la pretensión del país vecino, el gobierno de este insistió en que buscará que la orden judicial se haga efectiva en cualquier parte del mundo.
Con esto queda en evidencia que más allá del simple error colombiano que tiene una justificación válida de lucha y protección contra el terrorismo que tanto daño nos ha hecho, a Ecuador, con su justicia y su gobierno, sólo le interesa, más allá de mejorar las relaciones y recomponer el rumbo diplomático con el que llaman "país hermano", saldar a como dé lugar una vieja cuenta que puso en evidencia las relaciones clandestinas que mantenía con las peligrosas Farc.
Ese dudoso proceder de los vecinos llevó a un grupo de abogados colombianos a promover una demanda ante la Corte Penal Internacional al Presidente de Ecuador, Rafael Correa, por lo que llaman apoyo al terrorismo.
Lo que parece venirse con estas salidas inverosímiles y cuestionables es el engrandecimiento de una disputa binacional ante la que Ecuador ha comenzado a reaccionar de la manera más infantil pues habla de subir los aranceles para las exportaciones colombianas, mientras en la frontera se han fortalecido las trabas y exigencias a los nacionales que pretenden ingresar a ese país.
Ojalá alguien con capacidad y buen tino sepa mediar ante esta lamentable diferencia en la que al parecer hay indicios de intervención del chavismo, tan amigo del gobierno ecuatoriano y de las Farc.
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