Mejor con claridad

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Julio 6 de 2009

Todo indica que Colombia y Estados Unidos están a punto de dar un paso más en su cooperación militar y abrir una nueva etapa en la que la estrategia de seguridad del Pentágono podrá contar con la logística de cinco bases militares colombianas: Malambo (Barranquilla), ARC Bolívar (Cartagena), Málaga (Pacífico), Palanquero (Cundinamarca) y Apiay (Llanos Orientales). La revista Cambio reveló los detalles de la negociación, que aún no está terminada. Su objetivo es reemplazar las funciones, fundamentalmente en la guerra contra las drogas, que en la última década han coordinado fuerzas estadounidenses desde la base ecuatoriana de Manta. El acuerdo entre Washington y Quito está a punto de expirar y el presidente Rafael Correa, en cumplimiento de una promesa electoral, decidió no prorrogarlo.

El acuerdo establece obligaciones, en principio por diez años, en el sensible tema militar. Este tipo de cooperación despierta inquietudes, por sus consecuencias sobre la soberanía nacional y sobre la simetría en los derechos y obligaciones que adquieren Estados Unidos y Colombia. Al fin y al cabo, se trata de una alianza con la primera potencia del mundo. Además, la presencia eventual de tropas extranjeras exacerba nacionalismos y polariza a la opinión pública.

De concretarse el plan, también tendría efectos en las relaciones con los países vecinos, en especial Ecuador y Venezuela. Las diferencias ideológicas y una lista larga y nada despreciable de incidentes llevaron a las relaciones diplomáticas a su punto más bajo en décadas. Lo cierto es que en momentos en que Bogotá y Washington están a punto de consolidar una cooperación militar de gran alcance, están rotos los canales de comunicación con Caracas y Quito para tratar temas de seguridad. Y esa combinación no es la más adecuada para la convivencia tranquila en la región.

Nada de lo anterior significa que Colombia tenga que renunciar a fortalecer la cooperación con Estados Unidos. En los últimos años, los dos países han logrado superar escollos y desconfianzas y han logrado esquemas de indudable provecho. El apoyo estadounidense, a través del Plan Colombia y de otros mecanismos, ha servido para mejorar la capacidad operativa del Ejército, ha facilitado su profesionalización e incluso ha introducido concepciones más democráticas en el credo castrense. Como, por ejemplo, el rechazo al paramilitarismo con más contundencia y actos concretos que en el pasado. Esto contribuyó a que la lucha antisubversiva se trasladara de la ilegalidad de las Auc a la acción legítima de las Fuerzas Armadas.

El acuerdo que firmarán Colombia y Estados Unidos en materia de cooperación militar, en consecuencia, no se debe analizar simplemente a la luz de viejas concepciones. Puede ser una excelente oportunidad. El acuerdo en ciernes debe incluir preceptos claros sobre el mando de autoridades nacionales en las bases, límites en las atribuciones de las tropas extranjeras, conocimiento pleno de la información de inteligencia por parte del Estado colombiano, rendimiento de cuentas y topes en el número de personal. Un punto espinoso es el de la inmunidad que pide Estados Unidos para sus militares, aunque en ese punto y en otros ya hay lecciones aprendidas en el Plan Colombia, que deberían aplicarse.

El gobierno Uribe también deberá desplegar una campaña didáctica para explicarle a la opinión pública, interna y externa, los alcances del acuerdo, y para controlar eventuales susceptibilidades exacerbadas. Sería peligrosamente ingenuo poner en marcha una iniciativa de semejante alcance a espaldas del Congreso, de la Comisión Asesora, de las fuerzas de oposición y de los medios de comunicación. La falta de transparencia podría convertir la cooperación militar en un mito. O, peor, en una herejía, lo cual sería anacrónico para estos tiempos.