Sin piés ni cabeza

Editorial

El Tiempo, Bogotá

Junio 30 de 2009

Absurda, por decir lo menos, es la orden de captura contra el ex ministro de Defensa de Colombia Juan Manuel Santos, proferida por un juez penal ecuatoriano con sede en la provincia de Sucumbíos. El pronunciamiento, que tuvo como raíz el proceso derivado de la operación militar en la que murieron 'Raúl Reyes' y otros integrantes de las Farc el primero de marzo del 2008, es una muestra más de que las heridas abiertas en esa fecha siguen sin cerrarse.

Aunque no faltará quien recuerde que en el vecino país existe la división de poderes y que la determinación de la Justicia no responde a los deseos del Ejecutivo, es indudable que el clima hostil alimentado por el presidente Rafael Correa tiene mucho que ver con lo ocurrido. No de otra manera puede entenderse una decisión que no tiene pies ni cabeza y debe ser rechazada de plano, además de que pretende desconocer quiénes eran los subversivos que hacían presencia ilegalmente al otro lado de la frontera.

Como es bien sabido, el episodio de hace 16 meses resultó ser uno de los golpes más certeros recibidos por la guerrilla en toda su historia, no solo por su espectacularidad, sino por la valiosa información que fue encontrada en el campamento de 'Reyes'. A cambio, y por haber violado la soberanía ecuatoriana, la actitud de Colombia fue censurada en diferentes instancias hemisféricas. No obstante, más allá de las disculpas ofrecidas por el propio Álvaro Uribe y de diversos actos de contrición, las relaciones entre Bogotá y Quito siguen rotas, sin que se vislumbre la posibilidad de normalizarlas. A pesar de diferentes esfuerzos de mediación, como los de la OEA y el ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, Correa continúa fiel a su promesa de no olvidar la que considera una afrenta imperdonable.

Cada vez que puede, el inquilino del Palacio de Carondelet habla de una campaña de desprestigio en su contra. La queja más reciente tuvo lugar la semana pasada, cuando una columnista del diario The Wall Street Journal volvió a hablar de los nexos ecuatorianos y venezolanos de las Farc, tomando como fuente la información de los computadores y memorias incautados en la 'Operación Fénix'. En respuesta, Correa amenazó con demandar al periódico norteamericano, además de decir que su compatriota Frank Aisalla, reconocido enlace de las Farc en Ecuador, había sido muerto a culatazos por miembros del Ejército de Colombia después de haber sobrevivido al bombardeo en Angostura.

La afirmación, que generó un comunicado de rechazo del Palacio de San Carlos, forma parte de la demanda instaurada por Quito en contra del país, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ese no es el único caso. Hace un par de meses, se presentó en la Corte Internacional de La Haya una memoria que busca condenar a Colombia por el tema de las fumigaciones de los cultivos de coca. Incluso, en el campo comercial, la Comunidad Andina recibió una solicitud de que se aplique el derecho de salvaguardia cambiaria, porque la política del Banco de la República de evitar la revaluación del peso habría hecho menos competitivas las exportaciones ecuatorianas.

Sin entrar en los méritos de cada alegato, es claro que en diferentes estrados hay una ofensiva contra Colombia, aparte de las declaraciones de Correa e integrantes de su gabinete. Semejante actitud puede tener réditos políticos en un país que siente que ha sido maltratado por su vecino del norte, pero no conduce a la solución de los problemas de atraso en las zonas fronterizas. Temas como el de los refugiados colombianos en Ecuador o la lucha conjunta contra las organizaciones criminales han quedado relegados a un segundo plano, por cuenta de una estrategia que privilegia la confrontación y que fomenta la aparición de decisiones judiciales descabelladas, como la de la presente semana.