Por Edmundo López Gómez
El Nuevo Siglo, Bogotá
Julio 3 de 2009
El juez de Sucumbíos, Ecuador, con evidente ánimo pendenciero, dictó medida de aseguramiento contra nuestro exministro de Defensa, Juan Manuel Santos.
La noticia se regó como pólvora; no ha de dudarse sobre su carácter explosivo; y como era de esperar, el Presidente respaldó a quien como ministro había demostrado decisión y valor para enfrentar los actos vandálicos de las Farc.
El bombardeo al campamento de Raúl Reyes -habrá que precisarlo-, no se hizo para desconocer la soberanía del Ecuador, ¡faltaba más!, sino para darle un eficaz golpe al terrorismo que tenía en el comandante abatido a uno de sus más siniestros practicantes. Así lo ha entendido la comunidad internacional.
En las fronteras surgen circunstancias muchas veces inevitables cuando las utilizan los delincuentes para protegerse de la acción de las autoridades. De ahí que la llamada “persecución en caliente” sea una forma eficaz de defenderse los países fronterizos, en la lucha contra el delito.
Nuestro gobierno, en su momento, con fundamento en la hermandad entre los dos pueblos, dio las excusas que eran de rigor , pero el presidente Correa que buscaba a todo trance afianzar su popularidad prefirió comportarse irracionalmente, hasta el punto de impregnar de su actitud intolerante a los habitantes de su país, parapetado en el concepto de soberanía; que de ninguna manera puede servir de pretexto para amparar delitos de lesa humanidad, y en este caso, a quienes, como los cabecillas de las Farc, han sido calificados por la mayor parte de los gobiernos como terroristas y no ya como revolucionarios, pues sus ideales quedaron contradichos cuando apelaron a todas las formas de lucha, entre ellas la del secuestro.
Quiero llamar la atención en el sentido de que el caso del bombardeo al campamento de Raúl Reyes no puede mirarse como un fenómeno propio del código de los delitos, en el cual se tipifican conductas ilícitas individuales, sino dentro de una acción de legítima defensa de un Estado afectado por el terrorismo, y sobre cuyos alcances conoce ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por solicitud del propio gobierno ecuatoriano, cuando consideró que uno de sus nacionales, el señor Aisalla, había sido muerto a culatazos por soldados de nuestro Ejército .
Si la Comisión, que hace parte de la estructura de la OEA, asumió ya la investigación del caso, el juez de Sucumbíos no podía usurpar sus funciones.
¿Serán ajenos los presidentes Chávez y Correa, enemigos jurados del doctor Juan Manuel Santos, de la medida adoptada por el juez de Sucumbíos? Si el exministro piensa aspirar a la Presidencia de Colombia, hay que ponerle palos en la rueda, habrían acordado, y, para guardar apariencias, se habrían valido de un ardid para poner en aprietos al exministro y a nuestro propio Gobierno: una orden judicial, así esta pueda calificarse de absurda.
Habrá que esperar que Interpol no se preste para la jugarreta.
En el entretanto, la solidaridad de los colombianos con el exministro debe trascender al mundo entero.
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