Acuerdo conveniente

Editorial

El País, Cali

Julio 17 de 2009

Fortalecer la capacidad para combatir el narcotráfico y el terrorismo, sin que ello signifique la entrega de la soberanía, parece ser el objetivo del acuerdo que se está negociando entre el Gobierno colombiano y el de los Estados Unidos, que involucra la utilización de nuestras bases militares. Ese principio debe ser explicado de forma amplia y satisfactoria y cumplido al pie de la letra para evitar inconvenientes que entorpezcan las relaciones entre los dos países.

El programa difundido el pasado miércoles por el Canal Institucional de Televisión fue una oportuna forma de explicarles a los colombianos los avances que registra la ampliación de la cooperación que se ha realizado en los últimos 50 años entre ambas naciones. Según los ministros que participaron en ese programa, el acuerdo “no permite la creación de una base militar de los Estados Unidos en Colombia. No es un acuerdo de defensa mutua. No afectará a terceros estados, ya que su esencia es la cooperación. No permitirá operaciones unilaterales de los Estados Unidos ni el desarrollo de actividades que vayan en contra de la Constitución, las leyes colombianas, el derecho y las costumbres internacionales. No excederá lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las partes ni implicará tránsito de tropas extranjeras”.

No es un descubrimiento que el acuerdo, al cual le falta “por lo menos una ronda de conversaciones”, según el ministro de Defensa, suplirá las funciones que antes se realizaban desde la base de Manta, en Ecuador. Como tampoco es un misterio que, por las labores que desde allí se llevaron a cabo en los diez años de operaciones, fue posible capturar centenares de toneladas de drogas ilícitas que transitaban por el Océano Pacífico, destinadas al mayor mercado de consumidores en el mundo. Esa es, pues, el aspecto práctico de todo el asunto: permitir que continúe una labor de vital importancia en el combate a dos de los factores que más daño le han causado a Colombia.

Según el Gobierno Nacional, la legalidad de los actos realizados hasta ahora se explica como una prolongación del acuerdo de cooperación ya firmado con los Estados Unidos. Por lo tanto, no parece necesario pasarlo por el Congreso, en la medida en que no hay cambios en sus condiciones, sino una ampliación. Hay que anotar que el país reclama mayores explicaciones sobre la inmunidad de que gozarán los funcionarios estadounidenses que cometan un delito, lo que obliga a demandar claridad para impedir esa impunidad. Así mismo, no sobra atender el pedido del Consejo de Estado para que emita un concepto previo sobre el acuerdo.

En lo político, es claro que la inmensa mayoría de los colombianos respalda la profundización de la alianza con los Estados Unidos, tradicional amigo y aliado en la lucha contra el narcotráfico. Y aunque algunos vean una amenaza para los países vecinos o una renuncia a la soberanía en el acuerdo próximo a celebrarse, lo importante es que sea útil para la Nación. Eso obliga a reclamar la permanente y estricta vigilancia de su cumplimiento.