Editorial
El País, Cali
Julio 07 de 2009
Contra las recomendaciones de los presidentes que desaconsejaron el viaje del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, a Tegucigalpa, el frustrado intento desató un choque alrededor del aeropuerto de Tocontín, donde dos personas murieron y decenas más fueron heridas. Ante la escalada de violencia que pueden desencadenar las actitudes retadoras, se requiere que los organismos multilaterales, en especial la OEA, hagan lo necesario para buscar una solución política antes que la agudización del conflicto.
América entera ha condenado la forma en que Zelaya fue removido de su cargo y expulsado de Honduras, incluso sin aceptar las razones de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso y de otras instituciones de ese país para proceder de esa manera. Tal posición da una idea clara del respaldo a las decisiones democráticas y de la condena que en el continente producen los intentos por usar la fuerza para desconocerlas.
Esa condena se tradujo en la medida que tomó la Asamblea General de la OEA, al suspender a Honduras hasta que se restituya al Mandatario depuesto, en aplicación de la Carta Democrática Americana. Lo correcto y prudente entonces era esperar el desarrollo de los hechos y explorar la posibilidad de salidas políticas, sin llegar a producir hechos que causaran derramamientos de sangre y perjuicios al pueblo hondureño. Así lo recomendaron varios jefes de Estado al secretario general de la entidad, José Miguel Insulza.
La otra vía era retar al Gobierno de facto e instigar el choque entre partidarios y opositores de Zelaya. Ese fue el camino que tomaron los miembros de la Alternativa Bolivariana de las Américas, Alba, encabezados por el ex coronel Hugo Chávez, presidente de Venezuela y quien amenazó con invadir a Honduras. Fue por ellos que el depuesto Presidente viajó a su país, a sabiendas de lo que podría producirse. Infortunadamente, no se oyó la voz del secretario Insulza reclamando cordura y aceptando los llamados a la prudencia de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, Perú, México, El Salvador, Guatemala, Chile, Brasil y Belice, entre otros.
¿Se justificaba tal acción, a sabiendas de la reacción que produciría en el mandato de facto y en el pueblo hondureño? ¿Fue un aporte a la paz de esa nación que el Gobierno venezolano suministrara un avión para el vuelo hacia Tegucigalpa, además de facilitar su canal de televisión para que Zelaya mantuviera una constante arenga a sus seguidores?
Un día después, Honduras registró la muerte de dos ciudadanos. Y crecen los rumores sobre intervención de agitadores armados, provenientes de Venezuela y Nicaragua, en las protestas que se realizaban mientras los presidentes de Ecuador, Argentina y Paraguay aguardaban en El Salvador, acompañados por Insulza, en un viaje tan inoportuno como innecesario.
Sin duda, el golpe de Estado y el Gobierno resultante son ilegítimos. Pero lo que se debe hacer, lo democrático, es ayudarle al país centroamericano a superar el conflicto, en vez de intervenir en sus asuntos para sembrar el odio y acrecentar el rencor, como parece estar ocurriendo.
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