Paloma Valencia-laserna
El País, Cali
Julio 4 de 2009
La orden de captura que expidió Ecuador contra el ex ministro Juan Manuel Santos es, efectivamente, una afrenta contra nuestra Nación. Colombia ha sido muy respetuosa en las relaciones internacionales y el bombardeo que se hizo en la frontera con Ecuador no puede considerarse un ataque a ese país. Todo lo contrario, es una defensa ante la agresión permanente, terrorífica y depredadora de las Farc. Se trata de un acto justo, que no afecta al vecino país y que, incluso, lo protege de que los tentáculos de esa organización se asienten allá.
Las declaraciones de todos los partidos políticos en respaldo al ex ministro Santos muestran la significación que tuvo la Operación Fénix para nosotros. Este golpe no sólo demostró el nuevo nivel del Ejército colombiano, sino que despejó el camino para que varios secuestrados fueran liberados en la Operación Jaque. Es un acto del Gobierno que respalda la sociedad. ¡Qué gusto saber que todas las instancias democráticas están de acuerdo en que las Farc no son tolerables y en que la violencia como mecanismo político debe ser eliminada de manera implacable!
Y parece casi increíble que uno de los grandes triunfos de nuestro país en la guerra contra el narcoterrorismo de las Farc pueda transformarse en un problema internacional. Es como si nuestros vecinos aún no comprendieran la magnitud de la barbarie de las Farc. ¿Será que no han oído las espeluznantes historias de los secuestrados colombianos? Encadenados del cuello, hambrientos, torturados, reducidos y degradados por unos asesinos que utilizan ‘El capital’ para empacar coca y ‘El manifiesto comunista’ para incendiar los pueblos de Colombia.
¿Será que no comprenden la vergüenza que debería significar para ellos que esos monstruos se asienten en su territorio y los utilicen como refugio? ¿Será que lejos de desconocer su presencia la conocían y la protegían?
El Gobierno se ha quedado corto en su reacción contra los continuos agravios de los que somos víctimas. Se trata de una alianza internacional de los gobiernos de izquierda que solapadamente simpatizan con la lucha armada de las Farc y utilizan mecanismos de apariencia democrática para defender a esa organización terrorista. Como nuestro país se ha mostrado tolerante, ellos han continuado en el abuso y la infamia. Nuestro deseo de honrar nuestra calidad de países hermanos ha sido interpretada como debilidad. Ojalá las relaciones con esos gobiernos pudieran ser cordiales… no lo son porque su alianza internacional incluye a Colombia en sus planes.
Colombia debe defenderse y hacer lo que es razonable: en los computadores de ‘Raúl Reyes’ está la evidencia de la complicidad de funcionarios ecuatorianos con esa organización terrorista. Ese sí es un delito, esas acciones no tienen justificación ni explicación posible. La judicialización es la única opción para que los espacios legítimos de nuestro país se preserven y nuestra democracia se respete.
Ahora bien, queda otro tema difícil. Las cortes internacionales parecen mostrar una agravada tendencia política. Jueces politizados son el más temible mal que puede enfrentar el mundo. El plan debe incluir un estudio serio sobre la capacidad de esas cortes de juzgar de manera imparcial al Gobierno colombiano frente a gobiernos que son de la misma ideología política que los jueces.
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