Editorial
El Colombiano, Medellín
Julio 7 de 2009
"El peso del pasado, que no se puede olvidar, puede ser aceptado sólo en presencia de un perdón recíprocamente ofrecido y recibido: se trata de un recorrido largo y difícil pero no imposible". El Presidente Álvaro Uribe y Eduardo Pizarro Leongómez, así lo han entendido. Por tanto, han pedido perdón por la cruenta violencia padecida por miles de compatriotas durante más de sesenta años.
"Yo, con la responsabilidad de ser Presidente, de encarnar hoy por generosidad de los colombianos la jefatura del Estado, y también por los mandatos del alma, por recuerdos, por dolores, por nostalgias, quiero pedirles perdón a todos los colombianos": valerosas, significativas y profundas palabras del Primer Mandatario, Álvaro Uribe, al dar inicio a la reparación administrativa de quienes han padecido la violencia vivida en nuestro país desde la mitad de los años 40.
El perdón pedido a las víctimas por el Presidente Uribe y por Eduardo Pizarro Leongómez, quien preside la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cnrr, y el comienzo de la indemnización solidaria concedida por el Estado, son dos actos históricos por la convivencia. Y no han sido propiamente fruto del azar. Son el resultado de un complejo proceso de desmovilización y reconciliación iniciado por este Gobierno, a través de la Política de Seguridad Democrática, en el permanente afán por encontrar caminos que permitan conquistar la esquiva y anhelada paz.
Sabemos que nunca será suficiente ninguna indemnización. El dolor por la muerte de un ser querido, la desaparición forzosa, el secuestro, la tortura, el daño físico o psicológico, no tienen compensación equivalente, sea ésta de la magnitud que fuere. Sin embargo, las sociedades han acudido a la figura de la reparación para tratar de paliar en algo los injustos padecimientos de las barbaries, atendiendo el principio humanitario de la solidaridad.
Colombia no es la excepción a esa obligación social y estatal de crear y aplicar herramientas para proteger los derechos de las víctimas. Al contrario, con la Ley de Justicia y Paz se ha logrado su visibilización y el establecimiento de sus garantías. Protección que va más allá del compromiso del Gobierno, ya que la Ley ordena la entrega de bienes lícitos e ilícitos de los excombatientes para indemnizar, hasta con el propio patrimonio, a las víctimas. Como bien lo afirmó Eduardo Pizarro Leongómez, por primera vez en la historia de Colombia las víctimas son objeto de políticas de reparación integral.
La entrega de las primeras 300 indemnizaciones solidarias, el pasado domingo en el Cauca, demuestra la expresa y real voluntad del actual Gobierno para reparar a las víctimas, así como el compromiso de hacer en 10 años la reparación a todas las víctimas. Compartimos lo planteado por el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, en el sentido de insistir en la presentación en el Congreso de la Ley de Víctimas, para que se pueda también reparar por la vía administrativa a los perjudicados por agentes del Estado. Eso sí, teniendo claridad que ningún Estado se puede autocondenar, pues sólo se acepta la responsabilidad de sus agentes cuando un juez así lo determine. EL COLOMBIANO cree que debería reglamentarse un procedimiento rápido para las víctimas.
"Una verdadera paz sólo es posible mediante el perdón y la reconciliación", dijo Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Paz de 2002. En nuestra búsqueda de la convivencia pacífica debemos tener claro que perdonar no significa olvidar; como tampoco, desconocer la Justicia; y menos, ignorar la verdad. Estas actitudes son fundamentales para reparar a quienes han padecido tantos sufrimientos por causa de todas las violencias.
La auténtica paz no se queda en la verdad, la justicia y la reparación. En su esencia está el perdón.
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