El regreso a casa

Editorial
El País, Cali

Julio 12 de 2009

Durante la semana que pasó el Gobierno Nacional dio a entender variaciones importantes en sus posiciones para la devolución de los miembros de la Fuerza Pública que permanecen secuestrados por las Farc. Ahora, la Nación reclama que se haga claridad de parte de la guerrilla, para terminar con la manipulación y el abuso contra los derechos humanos de las víctimas.

En un gesto que los colombianos aprobaron, el presidente Álvaro Uribe dio su beneplácito a la participación de Piedad Córdoba en la liberación de Pablo Emilio Moncayo. Tal autorización puede interpretarse como un gesto para destrabar esa esperada entrega, anunciada hace ya tres meses por sus secuestradores y pendiente de que se autorizara la participación de la Senadora. A nadie escapa que tal exigencia responde al interés de las Farc por realizar otro de los espectáculos que rodearon la entrega de otras diez víctimas.

Porque si se tratara de cumplir una promesa y de hacer un gesto humanitario bastaría con aceptar la intermediación de la Cruz Roja Internacional y la garantía tanto de la Iglesia Católica como del Gobierno de Brasil, tan útiles en pasadas ocasiones. Eso generaría confianza sobre la voluntad de negociación de las Farc, requisito que en las innumerables ocasiones en que se pensó en entablar algún tipo de diálogo fue desconocido por los jefes del movimiento guerrillero.

Todos queremos creer que la liberación de los secuestrados está cerca. Y que, en el caso del sargento Moncayo, ya llegó la hora de terminar su cautiverio de doce años. Infortunadamente, nada permite pensar que en los propósitos de las Farc se haya producido un cambio. Por el contrario, todo hace concluir que están dispuestas a utilizar a sus víctimas, una a una, para prolongar en el tiempo su estrategia de propaganda. Eso no tiene nada de humanitario.

Por eso, el presidente Álvaro Uribe ha solicitado que se hable de una vez de la liberación de todos los 24 servidores públicos que llevan años, algunos décadas, en poder de sus victimarios. Y que se pongan de una vez las cartas sobre la mesa, para que el país sepa qué debe negociar y si eso es posible. Es por lo menos despreciable que los despojos mortales de quienes murieron en el horrendo cautiverio al que las Farc condenan a sus secuestrados no hayan sido entregados aún, desoyendo el clamor de sus madres y demás parientes.

En medio de la eterna discusión sobre la forma de devolver los secuestrados están quienes insisten en el canje y en que la sociedad colombiana, no sólo el Gobierno, debe aceptar condiciones absurdas. Y que el país tiene que resignarse a que las Farc prolonguen a su antojo el show mediático y político y la manipulación de esos seres humanos. Hoy eso es inaceptable.

La guerrilla debe entender que los tiempos han cambiado y que las autoridades, respaldadas por la Nación, deben actuar. Eso fue lo que se hizo con la Operación Jaque, donde se demostró que sí es posible lograr el objetivo. El mensaje es claro: Colombia está dispuesta a hacer lo que sea necesario para devolverlos a casa vivos, libres y en paz. Y las opciones se agotan.