Incongruencias ecuatorianas

Editorial

El Mundo, Medellín

Julio 12 de 2009

El argumento de que la devaluación del peso ha sido una agresión económica deliberada por parte de las autoridades de Colombia es completamente absurdo.

Sin medir las consecuencias, ni siquiera para sus propios connacionales, algunas autoridades ecuatorianas en los frentes económico y judicial han asumido conductas y adoptado decisiones completamente incongruentes, que bien podrían interpretarse como un simple deseo de satisfacer el agrio temperamento del presidente Rafael Correa y su malquerencia hacia Colombia y su gobierno.

Desde comienzos del año comenzaron a aplicarse restricciones a los productos colombianos con un claro tinte de retaliación política derivada de las nuevas revelaciones – acá y allá – sobre los nexos del gobierno Correa con las Farc y hace dos semanas, la ministra coordinadora de la Producción de Ecuador, Nathalie Cely, anunció que su Gobierno presentó ante la Comunidad Andina, CAN, un recurso de salvaguardia cambiaria contra Colombia porque “la devaluación del peso colombiano afectó al comercio y la competitividad (de Ecuador) con Colombia y, obviamente, es una preocupación, dada la balanza deficitaria”. Sin esperar el resultado del recurso, que por lo visto no tenía otro propósito que revestir de legalidad un acto arbitrario, a fines de la semana pasada dieron otro paso contra Colombia con la decisión del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones del Ecuador de imponer una salvaguardia cambiaria, es decir, aranceles entre el 5% al 86% para 1.346 productos importados de nuestro país, que incluyen electrodomésticos, textiles y confecciones, calzado, muebles, vehículos y autopartes, productos de panadería, licores, lácteos, flores, hortalizas, frutas, café y tabaco, entre otros.

El argumento de que la devaluación del peso ha sido una agresión económica deliberada por parte de las autoridades de Colombia es completamente absurdo, pues ese es un fenómeno independiente de cualquier situación con el vecino y responde al manejo de la política monetaria interna. El problema aquí no ha sido la devaluación sino el fenómeno contrario, la revaluación, pues aunque el peso ha sufrido devaluaciones episódicas, la verdad es que el proceso básicamente ha sido de valoración de la moneda colombiana con evidentes beneficios para los importadores ecuatorianos, como lo reconocen los gremios económicos que han salido con el mismo argumento a rechazar la medida por absurda e inconveniente. Milton Delgado, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana, declaró ayer a El Universo, de Guayaquil, que las primeras restricciones adoptadas a inicios del 2009 incrementaron los precios de los productos colombianos en un promedio del 60% y las nuevas tasas arancelarias tendrán un nuevo efecto negativo en los costos de los productos importados. Según Delgado, la salvaguardia cambiaria impuesta por el Ecuador “no tiene sustento técnico ya que la devaluación y revalorización del peso han sido equilibrados” y lo demuestra con cifras: “En enero del 2007 el cambio era de 2.238 pesos por dólar y hasta mayo del 2008 esta moneda se revaluó y llegó a 1.767. Entre esa fecha y abril de 2009 se devaluó hasta alcanzar los 2.544 pesos por dólar y al momento el cambio se encuentra en 2.140 pesos por dólar, por lo cual habría llegado a niveles similares que en 2007”.

Nos complace que sean los propios empresarios ecuatorianos los principales opositores y críticos de una medida que, contrariamente a lo que dice el Gobierno Correa, encarece los productos y afecta la demanda y el empleo en Ecuador, y que, como lo advierte Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, “no sólo le está dando un trato discriminatorio a Colombia, ya que otros socios de Ecuador han devaluado, sino que logrará ahondar el conflicto político y diplomático entre los dos países, contaminando el ámbito comercial de la relación y debilitando aún más a la Comunidad Andina”.

El otro frente de incongruencias es el judicial. El 1 de abril de 2008, un mes después de la Operación Fénix – como lo recuerda la revista Cambio en informe que nos sirve de base para este comentario – la Fiscalía colombiana, amparada en acuerdos de cooperación judicial, pidió al gobierno Correa los números de series de las armas encontradas en el campamento de Reyes, una información fundamental para identificar a los proveedores internacionales de las Farc, entre ellos oficiales ecuatorianos. La solicitud nunca tuvo respuesta y, sin embargo, el Fiscal ecuatoriano, Washington Pesantez, se queja de falta de colaboración de las autoridades colombianas en el esclarecimiento de los hechos de Sucumbíos. El problema es que si la hipótesis de que parte su investigación es la acusación del presidente Correa de que lo que allí se perpetró fue un asesinato de personas, entre ellas un ecuatoriano, ahí se pueden quedar esperando una colaboración porque no vamos a aceptar que se convierta al entonces ministro de Defensa, a los altos mandos del Ejército y a los soldados que participaron en la operación, en reos de una justicia que actúa con dados marcados, como lo demuestran los términos en que se han hecho “las exigencias”, como aquella de entregar los documentos que soportaron el ataque militar, copias certificadas del expediente colombiano y, además, “la nómina de oficiales y demás personal que participó en la operación militar, lo mismo que el nombre de la persona que los comandó”.

Después de las reiteradas exigencias, se produjo la absurda orden de captura de un juez de Sucumbíos contra el ex ministro Juan Manuel Santos y la solicitud a la Interpol para que la hiciera efectiva. En Bogotá, un colectivo de abogados, seguramente con amplio conocimiento del derecho internacional, anuncia una denuncia contra el presidente Correa por su apoyo al terrorismo en Colombia. La diferencia fundamental es que en Colombia no ha habido acogida del público ni gesto alguno de complacencia o coadyuvancia por parte del Gobierno y la Justicia con ese tipo de actuaciones que lindan con el ridículo. En cambio allá, el Fiscal General y el propio Presidente de la República están explotando políticamente el despropósito del juecesillo de marras. He ahí otra soberana incongruencia.