Editorial
El Colombiano, Medellín
Julio 1 de 2009
Este diario condena en forma enérgica tanto el golpe de Estado ocurrido en Honduras como la violación de los principios fundamentales democráticos por parte de su Primer Mandatario, Manuel Zelaya. Ni el derrocamiento militar ni el flagrante desconocimiento sistemático del imperio de la ley de que ha hecho gala el gobernante centroamericano, pueden aceptarse bajo la óptica de los valores esenciales de una verdadera democracia.
El secuestro de un gobernante por parte del Ejército de su país, no es el mecanismo idóneo para dirimir un conflicto en un Estado que se precie de ser democrático, como lo ha sido Honduras desde hace alrededor de cuarenta años. Este país debe por tanto ajustarse a las normas de su propia Constitución, de la OEA y de la ONU, procurando la resolución legal y pacífica de sus diferencias, por graves que éstas sean. Nunca podrá ser admisible un acto de facto.
El presidente Zelaya tampoco cumplió con su principal obligación: honrar la Constitución y leyes de su país. Ilegalmente convocó a una consulta con el fin de decidir la viabilidad de realizar una asamblea que reformara la Constitución y permitiera su reelección. Lo tuvo sin cuidado la norma que aprobó el Congreso prohibiendo consultas 180 días antes y después de elecciones, como las que se realizarían el 29 de noviembre para elegir Presidente de la República. Acudió, con algunos de sus simpatizantes, a una base militar a apropiarse de las urnas para poder llevar a cabo la ilegal consulta. Otro acto de facto de Zelaya, a sabiendas de las delicadas implicaciones que para la gobernabilidad e institucionalidad podría traer este abierto desafío al Legislativo. Antier, hábilmente comenzó su intento de enderezar la ilegalidad, cambiando el nombre de consulta por el de encuesta.
La situación es muy compleja. Al mismo tiempo que objetamos toda acción que vaya contra el Imperio de la Ley, creemos que el pueblo hondureño espera la comprensión del mundo y sus luces para salir democráticamente de su encrucijada, con dos presidentes a bordo, pero con una gran aprobación interna al presidente interino, Roberto Micheletti. Los Poderes Judicial y Legislativo avalaron la remoción de Zelaya. Además, muchos hondureños expresan su negativa a hacer parte del eje del mal llamado "Socialismo del Siglo XXI", con el que se ha alineado su Presidente, fiel alumno de Hugo Chávez.
Nos queda la preocupación de si hubo apresuramiento de la OEA y de la ONU al no ponderar la otra cara de la moneda, es decir, la de la constante violación de los valores y principios democráticos por parte de Zelaya. Al apoyarlo en forma irrestricta lo han convertido en una víctima, cuando no es inocente frente a la desinstitucionalización de su nación.
No obstante la Resolución de la ONU que pide la inmediata e incondicional restitución de Zelaya como presidente legítimo y constitucional de Honduras, el gobierno interino advirtió que si regresa al país será arrestado por acusaciones de narcotráfico, crimen organizado, desvío de recursos y traición a la Patria.
Todo indica que el apoyo internacional no será suficiente para que Zelaya pueda volver. Gran parte del pueblo no lo considera su legítimo representante, ya que ha violado la Constitución, y sería un cínico si la invocara para retornar. Pero la oposición también se equivocó radicalmente. Se volvió tan antidemocrática como Zelaya. ¿Por qué no le hicieron el debido juicio y lo destituyeron? Las verdaderas democracias tienen que garantizar siempre el Imperio de la Ley.
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