viernes, 3 de julio de 2009

Las Cortes internacionales

Por Miguel Posada

Radio Súper (editorial)

Junio 30 de 2009


Es un deber fundamental del Estado, de todo él, poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuidar los recursos que los ciudadanos entregan para su manejo cuando pagan sus impuestos. Y en Colombia todos pagamos impuestos, aún los más pobres, porque nadie está exento del IVA. Los recursos del presupuesto no son un botín para ver quién le echa mano a más plata. Uno de los grandes problemas de la cultura ciudadana de los colombianos es que muchos consideran que es válido y encomiable sacarle plata al Estado. No son conscientes de que la mano del ladrón o del vivo esta entrando dentro de su bolsillo propio. Aquí se admira al vivo. Y no me refiero al robo o desfalco. La mayoría reprueba esos delitos. Pero nadie se molesta si alguien obtiene una pensión alta, por cuenta del Estado, sin haber ahorrado lo suficiente para obtenerla. A muchos les parece que ese personaje es muy “inteligente” y “vivo”. Como este caso, el de las pensiones desproporcionadas, hay muchos, pero vale la pena mencionar que nos viene pierna arriba el más grande despojo que el país haya conocido.

Ya hace varios años, el país fue condenado a pagar una indemnización enorme a los familiares de un ex guerrillero, maestro de escuela, que presuntamente fue asesinado por una patrulla militar, junto con una “amiguita” que iba con él. Esta presunta víctima se llamaba Isidro Caballero, y su compañera, María del Carmen Santana. La Canciller, Noemí Sanín, nombro al doctor Bernal Cuellar, con un enorme honorario, para defender a Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hizo muy mal, y Colombia fue condenada. En una segunda etapa del proceso otros abogados lograron probar que Maria del Carmen Santana no existía, y se salvó parte de la plata. Obviamente, quienes llevaron el caso ante la Corte fueron ciertas ONG. Como se dice en el campo, con ese ensayo, quedaron “cebados”. Descubrieron un gran negocio. Y además, siendo de izquierda, los integrantes de las ONG vieron también una manera de atacar al Estado colombiano. Siguieron tiempo después otros casos, mucho más grandes, como la condena a Colombia por el asesinato de 19 contrabandistas por parte de las Autodefensas. Cuatrocientos mil dólares por víctima decretó la Corte Interamericana. ¿Qué responsabilidad directa tenía el Estado? Ninguna, pero como teorías no faltan cuando hay plata de por medio y la defensa es pobre, se inventó una conexión. Tiempo atrás las autodefensas habían sido legales, y recibieron apoyo de un Estado que no podía defender a los campesinos de las FARC. Cuando empezaron a pasar de la defensa a la delincuencia fueron declaradas ilegales. La teoría de la Corte fue que, como habían empezado en la legalidad, el Estado era responsable de todo lo que hicieran de ahí en adelante. Con ese antecedente, cualquier cosa cabía. En ese fallo, además, se irrespetó a la justicia colombiana, que había absuelto a los militares, pues concluye Justicia Penal Militar no sirve. Con esto, la CIDH se salió de su mandato. No tiene derecho a emitir esa clase de juicios.

En adelante las cosas serán peores.

A los miembros de la Comisión Interamericana, que actúa como Fiscal, y admite o rechaza casos, y a los magistrados de la Corte misma, los eligen los países miembros de la OEA. Si muchos jueces y comisionados eran de izquierda, y afectos a las FARC, cuando los gobiernos no lo eran, ¿cómo será ahora, con 10 países afectos al marxismo, lo mismo que la subversión? Hace tiempo dijimos que Colombia se debería retirar de la jurisdicción de la Corte.

Pero a todo el mundo le da miedo.

¿Qué dirán las ONG?, es la preocupación. Yo pregunto: ¿Que dirán que no digan ya? Los chillidos de estas, por supuesto, serán agudos porque perderán un negocio mejor que una pirámide. Algunos de tantos idiotas dicen que seríamos criticados por el Congreso de Estados Unidos.

Si eso ocurriera, les recordaríamos que Estados Unidos, sabiamente, no se sometió a esa corte. Todavía es buena hora de retirarse de la jurisdicción de la Corte que hoy está tan podrida e infiltrada como algunas de las nuestras. Es deber del Estado proteger los recursos del presupuesto.

Cumplan con su deber y retiren a Colombia de lo que se volvió un atracadero.

La Corte Penal Internacional es otro adefesio, lo mismo que todos los mecanismos de la ONU para tratar el tema de Derechos Humanos.

¿Quiénes integran la ONU? Más de 150 países, de los cuales el 75% son dictaduras.

Es más, entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el órgano más importante de la ONU, dos, China y Rusia, son dictaduras.

¿Y qué clase justicia podríamos esperar de una Corte cuyo fiscal fue muy cercano al terrorismo argentino? La izquierda pide que no se ceda la soberanía nacional, pero insiste en cederla cuando se entrega a organismos que ella puede controlar.

Es hora de salirnos de esas cortes torcidas y retomar la soberanía y es también hora de defender la platica de los colombianos.

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