Ilegitimidad del gobierno Zelaya

Editorial

El Mundo; Medellín

Julio 3 de 2009

En verdad, Zelaya no es víctima, sino, como mínimo, responsable también en materia grave de la crisis política e institucional de su país.

Dice The Wall Street Journal en su editorial que “Para lo que suelen ser los golpes militares, el del pasado fin de semana en Honduras fue extrañamente democrático”, pues “el Ejército no depuso al presidente Manuel Zelaya por sí solo, sino siguiendo una orden del Tribunal Supremo”. Y también considera relevante el editorialista que los militares, además, entregaran “rápidamente el poder al presidente del Congreso, un hombre del mismo partido de Zelaya”, y que “las autoridades legislativas y judiciales permanecieran intactas” tras la acción militar.

Nosotros agregaríamos a la lista de curiosidades que caracterizan el golpe que depuso al presidente Manuel Zelaya, varios hechos: las masivas manifestaciones de respaldo al nuevo Gobierno o a la “transición”, como la llaman allá, al grito de “¡Fuera ‘Mel’, fuera Chávez!”, en la capital Tegucigalpa, en San Pedro Sula y en otras ciudades hondureñas, como lo puede corroborar cualquiera abriendo las páginas de diarios como El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, Tiempo, entre otros; en contraste, los mítines de los seguidores de Zelaya, caracterizados por vandalismo y saqueo, han sido rápidamente controlados por la policía y el ejército, con detenidos y algunos heridos, por lo que el gobierno ha tenido que decretar el toque de queda. En medio de las difíciles circunstancias, en Honduras hay libertad de prensa y normalidad en las actividades laborales, sociales y cívicas, excepto por una huelga general que en realidad sólo han acatado sectores del magisterio. Aparte de eso, el presidente Micheletti, elegido por el Congreso, no sólo dijo que entregará el poder a cualquiera que sea elegido en noviembre próximo, sino que incluso no se opondría a un eventual anticipo de las elecciones.

Pero lo más sorprendente es que nada de lo que ocurre dentro de Honduras parece interesarle a la comunidad internacional y a los máximos organismos que la representan, la OEA y la ONU, en cuyas resoluciones dejaron la impresión de una solidaridad entusiasta con la persona del presidente depuesto. En ese sentido, tenemos un acuerdo sobre lo fundamental – como solía decir el doctor Álvaro Gómez Hurtado – con El Colombiano, en cuyo editorial “Honduras y equivocaciones” condena el derrocamiento de Zelaya y del mismo modo “su flagrante desconocimiento sistemático del imperio de la ley de que ha hecho gala”. Como al colega, también nos preocupa que la OEA y la ONU, antes de expedir sus precipitadas resoluciones, hubieran ignorado la otra cara de la moneda.

En verdad, Zelaya no es víctima, sino, como mínimo, responsable también en materia grave de la crisis política e institucional de su país y todo lo que ha venido haciendo – con la ayuda de los socios del Alba – son adiciones a la ilegitimidad básica que caracterizó su gobierno casi desde su comienzo, puesto que está incurso en una traición a sus propios electores del Partido Liberal, que fue el que lo llevó al poder y que hoy en día es su principal opositor y crítico. De modo que estamos de acuerdo con el respaldo al presidente elegido, puesto que hay que guardar las formas, así haya tantos motivos de reserva, pero no compartimos ese unanimismo internacional tan poco crítico – prepotente de parte de la izquierda – y la posición intimidada de los verdaderos demócratas y la derecha antichavista. Nos extraña cómo EEUU, Colombia, Méjico, para sólo citar algunos, se han dejado conducir por el oportunista Secretario Insulza al despeñadero de resoluciones como la del ultimátum de las 72 horas para que Honduras reponga a Zelaya o pierda su puesto en el sistema interamericano. Unanimismo y legitimidad bastante dudosos, por cierto, si se tiene en cuenta que en la asamblea extraordinaria de la OEA que expidió la famosa resolución sólo participaron once de los 34 embajadores de los países miembros, según el corresponsal de El Tiempo en Washington.

¿Por qué decimos que el gobierno Zelaya era ilegítimo? Nos remitimos a los resultados de las elecciones del domingo 27 de noviembre de 2005, cuando 3.9 millones de hondureños estaban habilitados para elegir a un nuevo Presidente, a los 128 diputados del Congreso unicameral y a los 298 alcaldes del país. Según la Constitución vigente los congresistas y alcaldes pueden ser reelegidos por más de un período, pero el Presidente no. Las cifras las tomamos del interesante ensayo Honduras: gobernabilidad democrática y sistema político, de la socióloga Julieta Castellanos, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y asesora en Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De los dos millones de hondureños que participaron de las elecciones, el Partido Liberal eligió a Zelaya con el 49,9%. Por su parte, el Partido Nacional, que estaba en ese momento en el gobierno, perdió por sólo 3,7% con su candidato, el ex presidente del Congreso Porfirio Lobo Sosa, lo que significó el triunfo más estrecho de un candidato a la Presidencia desde el regreso a la democracia hace cerca de 25 años. Aunque Zelaya se proclamó vencedor con el resultado de una encuesta a “boca de urna”, su proclamación sólo se hizo efectiva once días después por parte del Tribunal Supremo Electoral.

Otro resultado que destaca la profesora fue la mayoría parlamentaria obtenida por el Partido Liberal, con el 48,4%, superando al Partido Nacional, que obtuvo el 42,9%, mientras los tres partidos minoritarios, uno de izquierda y los otros llamados “reformistas”, obtuvieron en conjunto el 8,5% de los votos, lo que, a diferencia de otros gobiernos que necesariamente tenían que hacer alianzas para conseguir la aprobación de sus proyectos, al de Zelaya le daba un alto margen de maniobra en el Congreso. Eso reafirma nuestra tesis de la ilegitimidad del gobierno Zelaya, que él mismo se buscó cuando resolvió traicionar al Partido Liberal y a las mayorías del Congreso para inscribir a Honduras como el más incondicional satélite en la órbita del régimen del coronel Chávez.