La anulación del Senado

Editorial

El Mundo, Medellín

Juio 9 de 2009

No queremos dejar una impresión negativa y dejamos constancia de nuestro reconocimiento al Consejo de Estado por su laboriosa decisión.

El honorable Consejo de Estado acaba de proferir otra sentencia, tan espectacular como tardía, mediante la cual, tres años y cuatro meses después de los comicios de 2006 y a menos de un año de la renovación del Congreso, declara nulo el acto de elección del actual Senado y ordena el recuento de la votación en 1.540 mesas – de las 76.000 que se habilitaron en el país – en las que encontró que se depositaron 33.683 votos fraudulentos.

En declaraciones a medios capitalinos, el presidente de la corporación, Rafael Ostau De Lafont, explicó que “esta posición jurisprudencial mediante la cual se toma esta decisión, contenida en 1.500 páginas, pretende dar eficiencia y prevalencia a la voluntad libre y mayoritaria de los ciudadanos expresada en las urnas, a la vez que sanciona el fraude con la supresión de los votos irregulares mediante su distribución porcentual”. Para entender el intríngulis y tener mejores elementos de análisis buscamos infructuosamente en la página web www.consejodeestado.gov.co el texto de la sentencia o, por lo menos, de algún resumen oficial de la misma, pero ni el documento ni mención alguna al mismo aparece en ese portal, que uno supone es una herramienta fundamental de difusión oportuna de las importantes decisiones que la llamada “Corte Superior, Alta Corte o Corte de Cierre, donde los litigios se terminan”, como se la define allí tan orgullosamente, tiene que adoptar en respuesta a peticiones del Ministerio Público o de los ciudadanos que creen vulnerados sus derechos en el amplio campo de lo contencioso administrativo.

Es increíble que, a la fecha de ayer, el boletín más fresco que habían colgado en esa página es el No. 44, del 30 de junio pasado y el último comunicado de la Sala Plena es del 11 de junio. De modo que tenemos que contentarnos con las versiones de los medios capitalinos y de las agencias de noticias que tuvieron el privilegio de escuchar las explicaciones del presidente del Consejo. Esa exclusión de los medios de provincia en la entrega oportuna de la información podría suplirse con el uso adecuado de un medio tan ágil y expedito como Internet, pero tal parece que el sabio consejo popular de que “lo que has de hacer, hazlo presto”, no funciona ni para la emisión de los fallos ni para comunicárselos al respetable público.

La tardía decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado responde a 19 demandas contra esa elección, la más importante de todas elevada por la Procuraduría en el 2007, y deja en vilo las curules de quienes obtuvieron las más bajas votaciones en las listas de cada partido, pero no altera en ningún sentido el funcionamiento del Senado, cuyos 102 miembros seguirán ejerciendo, con plena legitimidad, mientras los cuatro magistrados de la misma sala realizan el escrutinio de las mesas afectadas por el fraude, definen cuáles son los congresistas que se ven afectados por las votaciones irregulares y ordenan al Consejo Nacional Electoral expedir las credenciales a los nuevos congresistas. Todo ello debería estar resuelto en dos meses, según se dice, pero conocemos el antecedente de la anulación de Senado correspondiente al período constitucional 2002-2006, en que el fallo se produjo a fines de febrero de 2005 y la sentencia que despojó de sus curules a los senadores Piedad Córdoba, José Renán Trujillo y Gabriel Acosta vino a producirse cuatro meses después. Es decir, que yéndoles bien, la nueva decisión se estaría conociendo a fines de noviembre y la “palomita” para los nuevos senadores sería de unos pocos meses.

Según el fallo en comento, en las mesas cuestionadas hubo casos comprobados de utilización de cédulas inhabilitadas o aún no entregadas y adulteración de formularios electorales, aparte de que la investigación con la cual el Ministerio Público respaldó su demanda hablaba de 3.600 casos comprobados de suplantaciones electorales en 26 departamentos. También documentó 3.724 casos de inexactitudes en los formularios que no fueron corregidas a pesar de haber sido denunciadas. Es importante anotar que el Consejo de Estado no anuló esta vez la totalidad de las mesas cuestionadas sino los votos irregulares, lo que nos complace mucho porque recoge la tesis que aquí defendimos, en nuestros editoriales ¿Anular el Congreso? del 19 de octubre del 2003, y Un fallo injusto ¿e inconstitucional? del 1 de marzo de 2005, en el sentido de que había que castigar únicamente los votos fraudulentos y no la totalidad de la votación de una mesa, porque eso implicaba un castigo injusto a los ciudadanos que allí habían ejercido legítimamente su derecho a elegir a sus representantes en el Congreso.

A propósito, se nos ocurre preguntar, con ánimo constructivo, ¿qué seguimiento se ha hecho de los fraudes que se detectaron y que fueron la causa, hace cuatro años, para que perdieran sus curules los mencionados senadores? ¿Existe algún proceso en marcha para definir las responsabilidades, inclusive penales, tanto de los senadores involucrados en esos fraudes como de los jurados de las mesas anuladas? Porque de nada sirve un fallo que, además de extemporáneo y sin mayores efectos prácticos en la composición y funcionamiento del Senado, tampoco tiene consecuencias efectivas en la lucha contra la corrupción electoral.

Levantamos de nuevo – aprovechando lo que tiene este fallo de campanazo contra ese flagelo, que por lo visto crece exponencialmente en cada elección – aquella bandera de EL MUNDO contra la circunscripción nacional para Senado, bautizada por nosotros como la “circunscripción perversa”, porque a nuestro juicio es la fuente principal de las irregularidades y delitos electorales, como lo hemos explicado en esta columna reiteradamente. No queremos, sin embargo, dejar una impresión negativa y dejamos constancia de nuestro reconocimiento al Consejo de Estado por su laboriosa decisión. ¡Más vale tarde que nunca!