Pendientes las navales

Editorial

El Mundo, Medellín

Julio 17 de 2009

El Convenio, como está planteado, deja abierta esa posibilidad de complementarlo con la componente naval en dos nuevas bases.

El gobierno dio a conocer por fin los puntos fundamentales del Convenio de Cooperación Militar que ha venido negociando y que está a punto de firmar con su homólogo de los Estados Unidos, encaminado a fortalecer la estrategia de lucha binacional contra el narcotráfico y el terrorismo. De inmediato arreciaron las consabidas críticas de la oposición en el sentido de que se estaba cediendo soberanía a favor del imperio norteamericano y que la administración Uribe no podía firmar un acuerdo de tal naturaleza sin contar con el concepto del Consejo de Estado y la autorización del Congreso de la República por tratarse del supuesto “tránsito” de tropas extranjeras por el territorio colombiano.

Según las explicaciones de los ministros del Interior y Justicia, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, el acuerdo contempla la autorización del Gobierno colombiano para que desde las bases militares de Palanquero (Cundinamarca), Apiay (Meta) y Malambo (Atlántico), 800 militares y 600 contratistas civiles estadounidenses participen en operaciones de control y combate de esos flagelos, en estrecha colaboración y bajo el mando de las FFAA colombianas. Siete puntos clave del Convenio son: 1. No se permite la creación de una base militar de los EEUU en Colombia. 2. No es un acuerdo de defensa mutua. 3. No se afectará a terceros Estados, ya que su esencia es la cooperación. 4. No se permiten operaciones unilaterales de los EEUU. 5. No permite el desarrollo de actividades que vayan en contra de la Constitución, las leyes colombianas y el derecho y la costumbre internacionales. 6. No excederá lo establecido en los acuerdos de cooperación bilaterales y multilaterales firmados por las partes. Y 7. No implica tránsito de tropas extranjeras. Aparte de eso, aclara el ministro Valencia Cossio, “no son tropas de combate” las que operarán en Colombia y en ningún momento el Estado está renunciando al monopolio del uso de las armas dentro de su territorio.

Nos llamó la atención que el Convenio sólo incluya tres bases aéreas y, consecuentemente, una colaboración básicamente con el Ejército y la Fuerza Aérea, porque inclusive Malambo, que queda relativamente cerca del Atlántico, no tiene la característica de ser una buena base de cooperación militar con la Armada de EEUU, dejándonos la expectativa de que se haya aplazado, para considerarlo más adelante, el necesario reforzamiento de la colaboración entre la Armada de Colombia y la U.S. Navy en el control de las rutas del narcotráfico, la piratería y el contrabando de armas en los dos océanos, un capítulo irrenunciable en esa batalla. Desde que se conoció la decisión del gobierno del presidente Correa de no renovar el convenio con EEUU para las operaciones antinarcóticos desde la base de Manta, advertimos que Colombia iba a ser la primera perjudicada, pues el Pacífico, a través de múltiples salidas, es una de las rutas más socorridas por los narcotraficantes, y para llenar ese grave vacío de Manta, propusimos entonces acordar con EEUU la instalación de una base antinarcóticos en la Bahía de Sardinas, en la desembocadura del río Mataje, un sitio señalado por la naturaleza como el mejor para remplazar la base ecuatoriana porque reúne iguales o mejores características para desarrollar labores de interceptación de embarcaciones que usen el mar Pacífico para llevar drogas al mercado norteamericano.

Aprovechando que el Convenio, como está planteado, deja abierta esa posibilidad de complementarlo con la componente naval, no sólo insistimos en la propuesta de Bahía Sardinas, sino también en la del Puesto Avanzado de Operaciones antinarcóticos (FOL, por su sigla en inglés) en el sector de Bahía Hondita y Punta Gallinas, en la Guajira, el sitio más al norte de Sudamérica y una excelente punta de lanza para el control sobre todo el océano Atlántico. Se trataría de bases nuevas, para operar exactamente en la misma forma en que el convenio establece para las de Apiay, Palanquero y Malambo, bajo la dirección de las FFAA colombianas y con una plena colaboración para el Ejército americano y, en estos casos, para la Armada de ese país. Un beneficio adicional de las dos bases propuestas es que se podrían convertir en escuelas de nuestros marinos, para una formación cada vez más especializada y técnica, acorde con el privilegio de contar con costas en los dos océanos.

Aunque ya habrá tiempo de referirnos a los berridos de la oposición – que eran de esperarse – queremos aprovechar para desvirtuar la tesis de que el Convenio en comento tendría que ser aprobado por el Congreso, invocando para ello el Art. 173 de la Constitución que establece entre las funciones del Senado, en el numeral 4, la de “Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”. Hay que advertir que los constituyentes del 91 dejaron inmodificada esa norma que aparece en la Constitución de 1886, Art. 98, numeral 7, en tiempos en que Panamá era parte del territorio colombiano. No en vano aquella Carta establecía en su Art. 201 que “El Departamento de Panamá está sometido a la autoridad directa del Gobierno, y será administrado con arreglo a leyes especiales”. Vale decir que, antes de la declaración de independencia del istmo, el camino más corto para llevar tropas dentro de un conflicto entre un país del norte y otro del sur de América y viceversa, era cruzando Panamá, primero utilizando los caminos y luego el ferrocarril. De modo que el concepto de “tránsito” era muy claro y se refería a esa condición especial de Colombia de tener un paso relativamente corto de un mar a otro.

Nos satisface, pues, el acuerdo conseguido hasta ahora, lo respaldamos, y llamamos a los colombianos a apoyarlo sin esguinces, por todos los beneficios que allí están implícitos y por lo que significa esa colaboración en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, pero nos atrevemos a proponer un paso más allá en el Convenio de Cooperación para la construcción de esas dos bases nuevas de carácter aeronaval.