Carta abierta al Procurador General de la Nación
Comité Nacional de Victimas de la guerrilla
Comité Vida Colombia
Calle 74 A No. 22‐31
Bogotá D.C., Colombia
Bogotá, Diciembre 18 de 2009
DOCTOR
ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO
PROCURADOR GENERAL DE LA NACION
CIUDAD
El día de ayer, en el municipio del Carmen del Darién, Chocó, las FARC asesinaron en estado de indefensión, a los dos líderes afrodescendientes, fundadores del Consejo Mayor del Curbaradó, MAMUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, junto con su hijo. Crimen cobarde que enmarca perfectamente en Un CRIMEN DE LESA HUMANIDAD, por tratarse de líderes públicos de las comunidades afrodescendientes desplazadas de sus territorios; de comunidades en manifiesto estado de indefensión y debilidad; por tratarse de líderes representativos de cientos de familias beneficiarios de medidas cautelares y provisionales de la CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, y por sobre todo, porque este atroz crimen contiene actos de injusticia y desprotección de parte de funcionarios del Estado, que claman justicia y deben responder frente a la ley; además, porque estos asesinatos encierran la campaña de desprestigio y exterminio que provoca e incita a su muerte de parte de la ONG Justicia y paz y su director el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG canadiense PBI, a quienes estos líderes, con su comunidad, denunciaron penalmente por actuar en contubernio y favorecimiento con las FARC, para someter esas comunidades afrodescendientes que ellos representaban; así mismo, el noticiero NOTICIAS UNO, y su director Daniel Coronel, quien manipuló una entrevista de estos líderes quienes ingenuamente acudieron a su noticiero a denunciar irregularidades en sus territorios y terminaron siendo señalados de paramilitarismo por ese noticiero, quien nunca quiso rectificar esa criminal instigación, que inequívocamente forma parte de las motivaciones de los asesinos.
MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, hicieron parte del grupo de afrodescendientes que denunció en la fiscalía 14 de DDHH, proceso No. 2022, el contubernio y concierto, entre las FARC y las ONG´s Justicia y paz, su director el sacerdote marxista Javier Giraldo y la ONG extranjera PBI. Ellos, denunciaron el desplazamiento forzado del que fue víctima la comunidad afro de la cuenca del Atrato en 1997, a manos de las FARC y los milicianos que continúan intimidando, señalando y delinquiendo para ese concierto criminal. Ese fiscal – LUIS ALBERTO REYES ‐ debe responder qué curso le dio a esa investigación desde que asumió su conocimiento, luego que su antecesor había llamado a juicio y condenado a más de 50 miembros de esa organización criminal y terrorista. Aquel desplazamiento forzado manchado de sangre inocente, lo desarraigó de su lugar de origen y de nacimiento, al igual que a cientos de familias negras de aquellas riberas, motivo por el cual denunciaron a sus victimarios, aportando sus testimonios y pruebas en el mencionado proceso No. 2022 de la fiscalía 14 de DDHH. ¿Por qué varios de los denunciados fueron liberados o están en libertad, sí se probó su participación en los hechos criminales denunciados por la comunidad afro?
¿Por qué jamás, el Estado colombiano protegió a testigos y denunciantes, como MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON, permitiendo con esa omisión su vil asesinato? ¿Acaso el programa de protección no sirve cuando se trata de denunciantes de las FARC? Este fiscal, LUIS ALBERTO REYES‐ fue recusado por estas graves irregularidades. Se solicitó la revisión del proceso No. 2022, sin que los órganos competentes de velar por la recta administración y aplicación de justicia realmente se preocuparan de este desigual asunto, en una clara y definitiva violación por omisión a los Derechos Humanos, que indiscutiblemente contribuyó al envalentonamiento de los determinadores de los asesinatos de MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, con su hijo. Fue así como MANUEL MOYA LARA, presentó denuncia ante el Consejo Superior de la Judicatura y la Procuraduría General de la Nación, para que se investigara la actuación del fiscal LUIS A.REYES en el proceso 2022 y se explique a la luz de las normas penales, por qué fueron puestos en libertad tan connotados y denunciados criminales y violadores de derechos humanos, sin que nada hubiese ocurrido, luego de 1 año de puestas las denuncias respectivas por parte de las victimas asesinadas.
Estos dos humildes hombres, víctimas de las manos criminales de las FARC y del odio visceral del sacerdote Javier Giraldo y su Organización “Justicia y Paz”, acudieron a la CORTE INTERAMERICANA DE DDHH DE LA OEA, en San José de Costa Rica, en febrero 4 de 2008, en donde no solo reclamaron y declararon la representación de la comunidad afrodescendiente del Curbaradó y Jiguamiandó, independiente y libre de las ong´s Justicia y paz y PIB y las FARC, sino que solicitaron protección real del Estado de Colombia, frente a las múltiples amenazas que desde mucho tiempo atrás se cernían sobre sus vidas y sus familias.
Testigo de excepción de esta denuncia internacional fue el funcionario del Estado colombiano, CARLOS FRANCO, Director del Programa de Derechos Humanos y DIH de la vicepresidencia de la República. FRANCO debe responder también por la muerte de estos dos hombres, puesto que era conocedor de las amenazas lanzadas contra estos líderes sacrificados en el altar de la indolencia y su omisión. No garantizó la vida e integridad de estos líderes, como era su deber. Funcionarios del Ministerio del Interior, como GLORIA TERESA DE HUERTAS, asesora de la viceministra, fue señalada en varias ocasiones por estos líderes, de cohonestar con las Ong´s denunciadas en contra de la independencia y autodeterminación de la comunidad afro representada por estos líderes asesinados. MANUEL MOYA LARA, fue el líder AFRODESCENDIENTE en quien recayó el encargo de reclamar los territorios colectivos al tenor de la ley 70 de 1993. Acto que realizó con entereza y logró en el año 2000 por parte del Incora, el reconocimiento de aquellos territorios que constituyen el presente existencial y el futuro de estos pueblos Afrodescendientes. Fue fundador y representante legal del Consejo Mayor del río Curbaradó, mientras GRACIANO BLANDON, lo era del Consejo Mayor del Jiguamiandó.
¿Qué tanto han influyeron estas ong´s, Justicia y Paz y la extranjera PIB, en esta persecución contra MANUEL MOYA LARA, a sabiendas de que fueron denunciados por los mismos líderes afros asesinados, MANUEL MOYA LARA y GRACIANO BLANDON, ante la Corte Interamericana, como los autores de la usurpación y suplantación de la representación Afrodescendiente y de que su pequeña base social está denunciada penalmente como auxiliadores de las FARC? ¿Por qué el Estado de Colombia permite la ASIMILACION FORZADA de las comunidades AFRODESCENDIENTES, con los llamados “CHILAPOS”, quienes sin tener fenotipo Afro, ni ascendencia Afro, con el apoyo de la ONG Justicia y Paz, usurparon la representación de las Comunidades Negras, en abierto desafío a las resoluciones de Naciones Unidas, que reconocen derechos plenos a los pueblos Negros, como lo denunciaron en vida, MANUEL MOYA y GRACIANO BLANDON?
Procurador Ordoñez, no solo queda en sus manos esta denuncia, sino también la esperanza de aquella comunidad negra que hoy llora en silencio y en el abandono de siempre, el asesinato de estos hombres buenos que dieron su vida en defensa de la libertad de su raza. Lagrimas de inocentes y pequeños niños, sus hijitos, reclaman justicia.
Atentamente,
Fernando A. Vargas Q.
C.C. No. 19.308.347
Presidente
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