Aurelio Martínez Canabal
El Nuevo Siglo, Bogotá
Diciembre 22 de 2009
La imagen ha permanecido fiel en mi memoria. Es el recuerdo del instante en que un tanque del Ejército derribaba la bella portada del Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema de Justicia. Un registro fotográfico transmitido por televisión al mundo y que le permitió al expresidente López Michelsen, con rostro demudado, darnos la infausta noticia a quienes como él asistíamos a una recepción en la residencia del Embajador colombiano en París. Producido el asalto a las dependencias del alto tribunal, por los terroristas del M-19, las fuerzas del orden hacían presencia para restablecer el imperio de la ley. Un doloroso episodio de nuestra historia que ahora, casi 25 años después, vuelve a cobrar vigencia, conocido el informe rendido por una Comisión de la Verdad.
“Nunca antes en toda su historia republicana nuestra nación había visto tan comprometidos su estabilidad y su ordenamiento político-institucional”, es la acertada afirmación del expresidente Belisario Betancur, primer mandatario en aquellos aciagos días, en el prólogo del libro “Palacio de Justicia, ni golpe de Estado ni vacío de poder”, recientemente publicado por Jaime Castro, ministro de Gobierno en ese entonces. No se trataba de una nueva actuación propagandística, como la toma de la Embajada de la República Dominicana, el robo de cinco mil fusiles en el Cantón Norte en Usaquén o la sustracción de la espada del Libertador. Se trataba de una acción de guerra, que requería una respuesta de similar dimensión por parte de las autoridades legítimamente constituidas. Algo que nuevamente se desconoce. Esta vez por los juristas que conformaron esta Comisión de la Verdad.
Cumplida su tarea, el actual presidente da la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, y sus compañeros de trabajo, los exmagistrados Jorge Aníbal Gómez y Roberto Herrera, si bien confirman la responsabilidad del Eme en el cruento episodio y la vinculación de los subversivos con los narcotraficantes, formulan una insólita petición al expresidente Belisario Betancur, y a los funcionarios de alto rango de su gobierno, para que asuman una responsabilidad política por sus actuaciones en el infausto suceso.
He calificado de insólita la solicitud de los integrantes de esta Comisión de la Verdad, porque si de algo son merecedores el expresidente Betancur y su equipo ministerial, así como la alta oficialidad de las fuerzas militares y policivas, al mando del general Rafael Samudio, titular que era de la cartera de Defensa, es del reconocimiento ciudadano por haber salvado la institucionalidad del país.
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