El deterioro de la justicia

Hernán González Rodríguez

El Colombiano, Medellín

Diciembre 29 de 2009

Algunos colombianos estiman que el deterioro de la Justicia causa al país, a la fecha, más daños que la propia guerrilla. Cuando se aborda este tema en las reuniones sociales suele comenzarse este juicio observando que se trata de un fenómeno mundial, que en Colombia toma carácter especialmente agudo.

Suele insistirse, con razón, que la familia es la escuela donde se inculcan los principios éticos al niño, o sea, lo correcto o lo incorrecto de la conducta humana a la luz de la razón. La familia nos enseña a comprender y a vivir en el mundo y a responder ante sus conflictos y perplejidades. Por lo que su desquiciamiento, al que no va siendo ajeno nuestro sistema judicial, repercute en éste con grave detrimento de la comunidad. La moral estudia lo mismo pero a la luz de las religiones y del orden social.

Buscando las causas, aparece también el efecto de las llamadas “universidades de garaje” para la formación de abogados. La proliferación de personas que ejercen el Derecho como un oficio productivo económicamente y no como una responsabilidad profesional, algunas veces con marcados sentimientos de inferioridad y resentimientos, no ofrece la mejor materia prima para quienes tiene la sociedad en la aplicación de la justicia.

Este preocupante escenario lo complica luego la Constitución del 91 con la creación de seis grandes centros de poder judicial, en la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia con sus ramas penal, civil y laboral, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y la Procuraduría. Esos centros, no articulados ni armónicos sino en cruce de autoridades, carecen de sentido y son protagonistas de frecuentes enfrentamientos entre si, mientras, diluyen las responsabilidades, socavan la seguridad jurídica y destruyen la confianza de la sociedad.

Para acabar de complicar las fuentes de divergencia entre estos seis centros de poder, creó la Constitución del 91 las tutelas, las cuales, si hubieran sido bien reglamentadas y limitadas serían un gran avance. Pero no sucedió así y entrañan hoy una insoluble congestión, con sus dilaciones, desorientación y empoderamiento de funcionarios incompetentes y algunas veces corruptos, con graves repercusiones para la Justicia. Ejemplos: Foncolpuertos, Telecom, las tutelas para tratamientos por fuera del POS, los falsos positivos… Es así como en la medida en que creció el aparato judicial en número y costo, ha decrecido la justicia.

Y tantas instituciones carecen de algo fundamental en cualquier democracia: No tienen quién las juzgue y controle. Son poderes sueltos, dados incluso a invadir otras ramas del poder. Y a exigir de todos el respeto que suscitan de suyo los jueces en la sociedad, pero que tantos de sus miembros no saben o no quieren observar. Mencionan algunos la politización de estas instituciones de la Justicia como creciente y deplorable.

¿Qué hacer en estas circunstancias? Pues lo primero que suele hacerse para resolver un problema es querer resolverlo, o sea, tener voluntad política.

Apremia modificar a fondo la Constitución del 91, tarea bien frecuente desde cuando se divulgó la Carta, sobre todo ahora con el tema de la reelección de Uribe. El “uribismo” ha contado con mayorías parlamentarias para aprobar sus iniciativas, ¿por qué no emplearlas para ordenar la Justicia para el Siglo XXI? No creo que exista funcionario del sector judicial que desee legarle este caos a sus hijos. Recordemos lo que advierte la Torá: “¡Ay de la sociedad cuyos jueces merecen ser juzgados!”.