Emergencia social

Hernán González Rodríguez

El Colombiano, Medellín

Diciembre 22 de 2009

En la Cumbre de Gobernadores en Manizales anunció el presidente Uribe en días pasados la declaratoria de Emergencia Social para salvar el sector de la salud de la crisis financiera en que está sumido por culpa de una desacertada Sentencia, la 760 de 2008, de nuestra Corte Constitucional.

Ordenó esta Sentencia igualdad en los planes de atención de salud para los ciudadanos de los regímenes contributivo y subsidiado para octubre de 2009, así como cobertura universal para 2010. Este plan se denomina POS, o sea, Plan Obligatorio de Salud.

Hasta este punto se habría dado un gran paso con la Sentencia aludida si el alcance del POS se hubiera definido claramente para incorporar poco a poco a más colombianos, para iniciar con unos cuantos servicios básicos y para mejorarlos con el paso del tiempo en forma gradual.

Pero no sucedió así. Unos magistrados ignorantes en el tema, con más corazón que cerebro, decidieron ofrecer una protección social con una cobertura y unos alcances que apenas ahora en países ricos como Estados Unidos están intentando ofrecer. Por tratar de abarcar y anticipar todo anularon los aspectos positivos de su Sentencia. Los costos resultaron ser mayores que los beneficios.

Lo más grave del caos creado por la Corte Constitucional radicó en tolerar la práctica de acudir a las tutelas para exigir tratamientos y drogas experimentales que con frecuencia tan sólo prolongan los sufrimientos. Pusieron el sector de la salud en manos de jueces que dictan tutelas irresponsables, sin conocimientos médicos.

De acuerdo con el ministro de la Protección Social, señor Diego Palacio Mejía, los tratamientos NO POS, los obtenidos por medio de tutelas no siempre justificadas, ascenderán en 2010 en el régimen contributivo a 1,7 billones de pesos y los del subsidiado a $1.3 billones. Unos 3,0 billones en total, los cuales equivalen a una profunda reforma tributaria.

Si no estoy mal informado, por medio de tal declaratoria se incorporaron ya algunos dineros, insuficientes en el corto plazo para el salvamento financiero del sector, con base en impuestos sobre el patrimonio, la cerveza, los licores y el tabaco por unos 1,0 billones para remediar lo que el Fosyga le adeuda a la fecha al sector de la salud.

Solución miope, como de costumbre. Lo que el país requiere se inicia por evitar que la Corte Constitucional legisle, y que, sobre todo, legisle sobre temas que no domina y que al abordarlos puede causarle daños irreparables al país. En Colombia, con un crecimiento elevado de sus ancianos, apremia revisar esta nefasta Sentencia. Algún comentarista afirmaba por ahí que el monto de estas estupideces en la salud puede elevarse hasta los 6 millones de millones en 2010.