Justicia para los mártires de Curvaradó

Por Eduardo Mackenzie

22 de diciembre de 2009

Yo emplazo al Fiscal General encargado Guillermo Mendoza Diago a que ordene inmediatamente una completa investigación judicial sobre la masacre de El Carmen de Darién (Chocó), donde fueron secuestrados, torturados y asesinados tres líderes populares, Manuel Moya Lara, Graciano Blandón Borja y el hijo de éste último, de 22 años, el 17 de diciembre de 2009.

Manuel Moya Lara y Graciano Blandón Borja representaban a 231 familias afro descendientes de Curvaradó y Jiguamiandó. Ellos denunciaban desde hace años las amenazas de las FARC que su gente sufre. Estas se oponen a las familias de la cuenca del Atrato que aspiran a recuperar las tierras del norte chocoano de las cuales fueron expulsadas en 1997 por la banda dirigida por Alfonso Cano y por paramilitares.

La Fiscalía debe arrestar rápidamente a los autores de esa nueva matanza. Pero también debe descubrir quienes son los autores intelectuales de la misma. La Ong Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, dirigida por el sacerdote marxista Javier Giraldo Moreno, debe ser objeto de una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía. Esa Ong, pretendidamente “humanitaria”, es mostrada por las comunidades de Manuel Moya y Graciano Blandón como el elemento instigador de esos asesinatos. Desde hacía doce años, los esfuerzos de Moya y Blandón encontraron siempre la hostilidad más brutal de esa Ong y de la Ong canadiense Brigadas Internacionales de Paz (BIP)-Pasc Canadá.

Además de ser investigada, ésta última debe ser expulsada del país. Las Ong extranjeras que actúan en Colombia deben ser no sólo irreprochables desde el punto de vista moral y legal sino, además, parecerlo. Ese no es el caso de la BIP. Su vinculación directa o indirecta a esa matanza de colombianos (la investigación determinará el grado de compromiso de la BIP en ello) la inhabilita desde ya a permanecer en el territorio.

La matanza de Curvaradó destruye otro mito que pretendía implantarse en Colombia: el de la probidad y seriedad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde 2004, los líderes de Curvaradó y Jiguamiandó habían pedido a ese organismo basado en San José de Costa Rica que les otorgara las mismas garantías que ese organismo concedió en 2003 a los desplazados representados por la Ong de Javier Giraldo. Los mártires de Curvaradó habían hecho el viaje hasta Costa Rica, en febrero de 2008, para exponer sus puntos de vista y pedir esa protección para sus comunidades. Sin embargo, la CIDH se negó a hacer ese gesto simbólico. En coincidencia alarmante, el mismo día en que Pablo Saavedra Alessandri, secretario de la CIDH, envió a Manuel Moya y a Graciano Blandón la notificación que niega esa protección, ellos y el hijo de Blandón fueron secuestrados y asesinados en una orilla del río Caño Claro.

En su vergonzoso fallo, la CIDH prefirió dar la protección a las 161 familias que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz dice representar y negársela a las 231 familias de Moya y Blandón. Para la CIDH, estas familias carecen de “criterios de pertenencia” suficientes, es decir que esas víctimas de los violentos son una especie de “universo” inexistente. Peor, la CIDH estima que el peligro en que viven esas comunidades no es extremo, ni inminente. Esa es la justicia que imparte la CIDH. Las altas instancias de la OEA deberían revisar su patrocinio al extraño cónclave de San José que decide tales aberraciones.

Esa visión de las cosas se debe en parte a las intrigas de Javier Giraldo y sus procuradores. Ellos se oponen a que las familias afro descendientes de la cuenca del Bajo Atrato opten por la vía de la auto representación. Para Justicia y Paz no es buen negocio dejar que la gente salga de sus manos. Por eso Moya y Blandón habían sido objeto de tenaces campañas de desestabilización. Justicia y Paz llegó al extremo de incitar a la Fiscalía a que los echara a la cárcel bajo el invento de que habían presentado documentos falsos.

Los afro descendientes quieren liberarse de la influencia de Giraldo pues éste se opone al progreso de las comunidades. Los proyectos agrícolas de desarrollo que el gobierno o la empresa privada proponen a las familias son rechazados por el citado grupo y por la BIP. Con el falaz pretexto de “proteger la biodiversidad”, ellos prolongan el aislamiento y la miseria de esas familias. El grupo de Giraldo siempre la cizaña entre la población negra y la mestiza y la rivalidad entre las comunidades sometidas y las liberadas de esa perniciosa influencia, es ahora constante. Las FARC aprovechan esa tensión para aterrorizar a la gente, utilizar la región como corredor e imponer la ley del silencio.

Periodista del Wall Street Journal, Mary O’Grady había denunciado esa situación en un artículo del 14 de diciembre de 2009, intitulado “Las Ongs amigas de las FARC”. Allí, un guerrillero desmovilizado de las FARC, Samir, confirmó que desde el comienzo existe una “relación cercada” entre Justicia y Paz y las FARC. Samir reiteró que la “comunidad de paz” de Giraldo era “un refugio para los rebeldes heridos y enfermos de las FARC y para almacenar suministros médicos”. Afirmó que “proveedores del grupo armado se reunían con guerrilleros en el pueblo, donde siempre había también cinco o seis miembros de las Brigadas Internacionales de Paz”. El artículo subraya que la comunidad de paz “ayudó a las FARC en su esfuerzo por tildar al Ejército colombiano como un violador de los derechos humanos” y que “cuando la comunidad se alistaba a acusar a alguien de una violación a los derechos humanos, Samir organizaba a los ‘testigos’ ordenando a miembros de las FARC que posaban de civiles para que dieran su testimonio.”

La respuesta de Giraldo a esas acusaciones fue lanzar, el mismo día de la masacre, una fatwa contra Mary O’Grady en un artículo difundido en una página web etarra-comunista basada en Europa. Tras la matanza de Curvaradó, Javier Giraldo disculpó prácticamente a las FARC al deslizar la idea de que los asesinos son unos terratenientes de la región.

Como lo recordó el abogado Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, y el senador Víctor Velásquez Reyes, del Partido de la U, Manuel Moya Lara y Graciano Blandón Borja también habían denunciado ante la Fiscalía 14 de Derechos Humanos (proceso número 2022) el desplazamiento forzado que sus comunidades habían sufrido en 1997 por las FARC, en contubernio con la Ong de Giraldo. Esa denuncia está en poder de la Procuraduría General de la Nación. Empero, el fiscal 14, Luis Alberto Reyes, contradiciendo lo que su antecesor había hecho, dejó en libertad a varios de los individuos que participaron en los hechos violentos que originaron el éxodo de las familias negras de Curvaradó y Jiguamiandó.

Moya y Blandón también informaron al Ministerio del Interior y Justicia lo que estaba ocurriendo. Dos de las pancartas que desplegaron ante el ministerio decían: "El territorio colectivo es de los negros, no de las ONG Justicia y Paz", "Zonas Humanitarias son Refugio de las Farc" y "Somos Víctimas del Terrorismo Humanitario". Fueron al Congreso y a la Comisión Nacional de Reparación para presentar sus denuncias y advertir que las FARC los querían matar. Nadie los escuchó realmente. Durante años Justicia y Paz los había calumniado y mostrado como agresores. Un periodista, Daniel Coronel, a quienes ellos habían acudido para que Noticias Uno alertara a la opinión, tergiversó sus testimonios y los hizo pasar como “paramilitares”. Coronel jamás quiso rectificar su fechoría. Otro que intentó destruir la gesta de Manuel Moya Lara fue Iván Cepeda, activista comunista que escribió en octubre de 2008 un texto en el que describe a Manuel Moya como un "supuesto testigo", un amigo de los militares y un adversario de la "comisión de justicia y paz" y de la BIP.

Las FARC pasaron al acto cuando se dieron cuenta de que toda esa gente y hasta la CIDH habían logrado aislar a esos luchadores sociales. Incluso después del triple atentado, la prensa colombiana sigue guardando silencio, exceptuando dos matutinos que han publicado artículos relativamente informados.

Horas antes del nuevo acto de barbarie de las FARC, los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó anunciaron que el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó había reconocido el 9 de diciembre de 2009 los derechos a la propiedad colectiva, a la restitución efectiva y material de los territorios reclamados por esos consejos, así como el derecho de éstos a la vida y a la autonomía. También informaron que temían una invasión masiva a sus territorios por parte de la Ong del cura Giraldo, la cual pretende, dijeron, crear “varias zonas humanitarias” para congelar la entrega de tierras a los consejos beneficiados por la providencia del TCA del Chocó. Pidieron, en consecuencia que las autoridades y la fuerza pública estén alerta para impedir ese acto eventual de recuperación ilegal de tierras que se inscribe “dentro de una estrategia (de las FARC) para mantener su control” sobre esos territorios.

Nadie oyó tampoco ese mensaje y los asesinos pudieron actuar alevosamente y sobre seguro.

Tras esos hechos de sangre, otra conclusión se impone: el Vaticano debe asumir una actitud ante lo ocurrido en El Carmen de Darién y acerca del nefasto papel que viene jugando el sacerdote Javier Giraldo en el Chocó. No es la primera vez que la prensa y las asociaciones de base se quejan de él y que denuncian actos de violencia y amenazas sufridos por personas que se oponen a esos designios. El asesinato de Manuel Moya Lara, Graciano Blandón Borja y el hijo de éste hizo caer el velo de mentiras tejidos por las citadas Ongs y muestra, por fin, quienes son en esa región los agresores y los agredidos.