Editorial
El Mundo, Medellín
Diciembre 22 de 2009
Hemos asistido al empeño de algunos sectores por usar la memoria de sus víctimas para fabricar verdades a medias de las que se valen para atizar la llama del odio.
La confirmación del fracaso de los arqueólogos que durante 47 días excavaron el parque público de Alfecar, en la provincia española de Granada, en busca de fosas comunes donde pudieran estar enterrados el poeta Federico García Lorca y algunos amigos suyos ha reavivado en España la polémica que desató el juez Baltasar Garzón cuando autorizó la apertura de 19 de las fosas comunes abiertas por las milicias franquistas durante la Guerra Civil y que mantuvieron el Gobierno y la Junta de Andalucía después de que al juez le fue prohibido continuar investigando esa confrontación, en un proceso con mucho protagonismo y escaso sustento jurídico. En la raíz de la polémica está el disgusto de buena parte de la opinión pública con el intento de la extrema izquierda de manipular políticamente esa guerra y sus víctimas, sobre todo las más notables, y el empeño de sus propagandistas por mantener vivos los procesos.
Federico García Lorca, poeta y dramaturgo granadino, fue asesinado el 18 ó 19 de agosto de 1936 por fuerzas franquistas que abominaban sus simpatías con dirigentes republicanos y su homosexualidad y desde entonces se desconoce el paradero de sus restos. Cuando su familia supo del interés del gobierno andaluz y de descendientes de los amigos que estarían sepultados con él, por buscar la fosa donde se encontraban sus restos, decidió respetar la voluntad de las otras víctimas, también notificó su rechazo a que se identificaran los restos del escritor y a que se hicieran homenajes que nada aportarían al reconocimiento que tiene uno de los artistas hispanos más grandes del siglo XX, aunque sí podría servir a quienes se valen de las víctimas para alimentar sus aspiraciones políticas, como lo hacen los gestores de la Comisión de Memoria Histórica española, principales impulsores del desterramiento de los muertos de la Guerra Civil.
Frente a los que, como el juez Garzón o la junta andaluza, insisten en las excavaciones y en manipular el recuerdo de los republicanos que murieron por cuenta de los excesos de la falange, muchos españoles reclaman que lo que se escriba sobre ese período de su historia recoja los hechos que configuran la verdad. En ellos tendrían que relatarse los excesos de la izquierda en la guerra, las equivocaciones del gobierno republicano y las afinidades de muchos dirigentes con el estalinismo, que había encontrado en esa fracción un medio idóneo para instalar el comunismo en Europa Occidental; esa memoria, reclaman los académicos, tendría que reconocer en detalle a las víctimas de los republicanos. Los polemistas también demandan que si se intenta un proceso de verdad, éste desenmascare los crímenes de la falange en alianza con las nacientes dictaduras de Italia y Alemania, que corrieron a tratar de evitar la avanzada izquierdista en la Península. Si falta memoria en esa guerra, como puede estar ausente en las muchas guerras civiles del mundo, es la de todos los crímenes, no sólo aquellos de los que fue víctima una parte de la sociedad.
La evidente manipulación de las víctimas con fines demagógicos y propagandísticos, como esta que se hace en España, conlleva, además, que se violenten ciclos históricos que buscan superar las horas de la confrontación. La Madre Patria ha logrado un consenso sobre su modelo de República, que todos respetan y acogen sin desconocer los horrores del pasado. Ese modelo ha favorecido que hoy la Presidencia de Gobierno esté a cargo del Partido Socialista, el más fuerte de los representantes de la izquierda. Además, que sea un país ejemplar para el mundo en su unanimidad para enfrentar al terrorismo de Eta. La exageración de algunos sectores de la extrema izquierda, en su empeño por usar a esas víctimas para reclamar por sus heridas olvidando que los otros también las tienen, amenaza unos acuerdos que garantizan que la sociedad española pueda vivir en paz.
La polémica que hoy vive España resulta ejemplar para los países latinoamericanos que hemos vivido conflictos internos semejantes, unos superados, como en el Cono Sur, otros vigentes, como en Colombia, y hemos asistido al empeño de algunos sectores por usar la memoria de sus víctimas para fabricar verdades a medias de las que se valen para atizar la llama del odio, que es mejor arma demagógica para buscarse espacios políticos y hasta convertirse en alternativas electorales, oportunidades que no encontrarían si no usaran la tragedia de los muertos. Sin embargo y a diferencia de España, entre nosotros abunda el silencio atemorizado o la pasividad complaciente hacia esas actuaciones.
Las sociedades tienen derecho a conocer la verdad de procesos que han dejado centenares de miles de muertos por meras razones ideológicas. Pero ella tiene que ser transparente, sin intereses políticos y con el simple propósito de que los pueblos puedan conocer su historia. Es, pues, la verdad de los investigadores, no la del espectáculo, la que reclaman historias como la de García Lorca y víctimas que han padecido historias similares en el mundo entero.
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