"Que cese el fuego"

Editorial

El Colombiano, Medellín

Diciembre 19 de 2009

La conexión entre el cartel de Pablo Escobar y el M-19 fue evidente. El grupo guerrillero habría recibido 2 millones de dólares del citado cartel. Así concluye el serio documento elaborado por la Comisión de la Verdad, creada en noviembre de 2005 por la Corte Suprema para esclarecer los hechos sobre el Holocausto del Palacio de Justicia.

Durante 24 años se han conocido verdades a medias. Una suma de mentiras y encubrimientos ha estado presente con relación a esas 28 horas de infierno, del 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando se cometió el acto más infame contra la majestad de la Justicia. Ahora, por fin, nos acercamos a la verdad histórica que nos permitirá reflexionar y quizás llegar a un proceso de diálogo, reconciliación y perdón.

Sin embargo, continúan algunos interrogantes y zonas grises que hacen que el debate no termine y se centre en temas tan delicados como si hubo o no vacío de poder y censura de prensa; determinar qué pasó con los rehenes y sobrevivientes; el porqué se dieron fallas en la manipulación de los cuerpos y en las evidencias; y cuál es la responsabilidad política del Gobierno de la época.

El Informe es claro en señalar que el principal responsable fue el M-19, al hacer una toma sangrienta y violar el Principio de Distinción, consagrado por el Derecho Internacional Humanitario, ya que los guerrilleros ingresaron a una edificación de carácter civil. El Palacio de Justicia no era propiamente una guarnición militar, sino que "albergaba a las más altas autoridades de una de las ramas del poder público".

Respecto a la retoma, los comisionados expresaron que "la solución armada, el uso desproporcionado de la fuerza, la ausencia de diálogo y la negativa de las evidencias, no contribuyen a defender sino, por el contrario, a socavar las instituciones del Estado de Derecho". Posición que no compartimos en su totalidad por cuanto era imposible prever la dimensión del horror que se vivía allá adentro, y aunque no negamos que hubo fallas y errores, la intención era rescatar a los rehenes, nunca asesinarlos ni debilitar la democracia.

La ausencia de poder o golpe de Estado tampoco se dio. Tanto es así que en ningún momento se dijo que el Primer Mandatario ya no fuese el Presidente Betancur. Ni se proclamó a algún miembro de la Policía o de las Fuerzas Militares como el nuevo gobernante. En esas horas de caos y de infierno la institucionalidad logró sostenerse, a pesar de todo. Aún del sacrificio de los héroes y mártires de la Justicia. ¡Cuánto nos sigue doliendo!

Según la Comisión, la Ministra de Comunicaciones de entonces, Noemí Sanín, "tomó la decisión de censurar la difusión de las noticias relacionadas con los gravísimos hechos que conmovían al país entero". Si bien por regla general la libertad de expresión debe ser protegida, excepcionalmente puede limitarse cuando se ponen en riesgo la vida de las personas y la existencia de las instituciones. Prima el interés general sobre el derecho a la información. Así se entendió en su momento, para evitar un mal mayor, un nuevo "Bogotazo".

Valoramos la dimensión histórica de este Informe, que debe servir para contribuir a la suma de las verdades que el país necesita conocer, no para permanecer en la polémica y en las múltiples acusaciones sino para alcanzar el perdón y la reconciliación. Lo contrario, implicaría entonces que a la par que se juzga a los militares se investigue y sancione legalmente a los indultados y amnistiados del M-19.

No podemos olvidar que Colombia tiene ante todo una deuda con los familiares de las víctimas, que son de igual forma víctimas del nefasto error del Holocausto. Esperamos que este Informe Final ayude a encontrar la verdad real y rendir el merecido tributo a los inmolados magistrados de esa inolvidable Corte Suprema de Oro.