Noemí, ¿dictadora?

Humberto de la Calle

El Espectador, Bogotá

Diciembre 20 de 2009

Ha surgido el tema de la suspensión de transmisiones radiales ordenada por Noemí Sanín, ministra de Comunicaciones durante la toma del Palacio de Justicia.

Noemí sabe que quienes actúan en la vida pública están sujetos al escrutinio imperecedero de sus actos. Pero ella tiene derecho es a que sus actos se juzguen a la luz de los acontecimientos de ese día, y no con la inteligencia del día siguiente. Como se dice en billar, qué fácil es una carambola después de hecha.

Una primera reflexión: la libertad de información es piedra angular del Estado democrático. Pero aún así, puede estar sujeta a limitaciones por razones de orden público. Esto es universal. Lo dicen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana y todas las constituciones consultadas. Esto es más agudo tratándose de terrorismo cuyo propósito macabro es buscar a través de los medios la caja de resonancia que necesita para quebrantar la comunidad y postrar el Estado democrático. Todas las legislaciones, además, establecen la posibilidad de regular la transmisión en directo de actos terroristas. Porque sería una paradoja que las virtudes de la democracia se constituyan en su Armagedón. Que en medio de la impotencia, el Estado de Derecho perezca por la fuerza de las propias libertades que ella pregona. Sería hacerle el juego a la teoría de la combinación de formas de lucha. Claro que esto debe hacerse bajo los principios de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. Allí es donde debe situarse la discusión sobre la actuación de la señora Sanín. Lo cierto es que el Gobierno recibió informaciones sobre una posible avanzada del M-19 para repetir el ‘Bogotazo’. Aun si esto no era cierto, era verosímil, al menos ese día. A Noemí hay que juzgarla en el contexto de esa verosimilitud.

Ahora bien: la restricción impuesta fue temporal y limitada. Todos los colombianos tenemos grabado en la memoria el registro televisivo de cada uno de los macabros acontecimientos.

Por otro lado, hay que evitar la utilización malintencionada de estos acontecimientos en medio de la campaña política. Una cosa es la valoración de la conducta de la Ministra, algo que ella misma aceptará con fervor republicano. Otra, son la maledicencia y el oportunismo.

Ejemplo: totalmente inaceptable el llamado a conducir a prisión a la Ministra hecho en la noche del jueves por el doctor Arias como una especie de retaliación por la investigación de los militares. Textualmente se refirió a quienes “de manera corrupta amordazaron a los medios”. Es ostensible la desmesura de lo que dice Arias en este mar de desmesuras que rodearon la toma del Palacio. Pero, además, agregar la palabra “corrupta” es la utilización malévola de un estribillo que rodea hoy la discusión política, a riesgo de desvalorizar el concepto y confundir a la gente decente con los verdaderos corruptos. Eso es un desagradable acto de oportunismo electoral en alguien que, como Arias, se ha distinguido por una inmodificable coherencia de derecha. Ahora se cambia de bando, se viste con la piel de oveja de la democracia, la monta de garantista, con el solo propósito de atacar a su rival. Eso no es juego limpio.