Muere el referendo

Humberto de la Calle

El Espectador, Bogotá

Febrero 28 de 2010

Más allá de las consecuencias políticas, las cuales son importantes pero necesariamente coyunturales, la pregunta central es ésta: ¿La sentencia que tumba el referendo, fortalece o debilita la democracia colombiana?

Hay que reconocer que es una pregunta dura. Quienes alentaron el proceso, dirán que se frustró el intento de abrir los canales de la participación ciudadana en ejercicio de la soberanía popular. Pero, ponderando las circunstancias, creo que, en una mirada de largo aliento histórico, nuestra democracia es ahora mejor.

En primer lugar, el fallo es una reafirmación del principio de la separación de poderes y del control mutuo entre ellos, pieza central de toda democracia auténtica. Como consecuencia de lo anterior, es una demostración de la independencia de la justicia. Una reafirmación de esta naturaleza es tanto más necesaria en la hora actual, cuanto que la Rama Judicial ha venido siendo vapuleada desde diversos ángulos, incluso desde los altos poderes estatales, lo que deja una secuela de escepticismo sobre el cumplimiento de su tarea, cuyas consecuencias desestabilizadoras no se escapan a nadie.

Mirando estos acontecimientos bajo la lente del futuro y la distancia, el precedente sentado por la Corte tendrá consecuencias saludables, ya que acentúa la idea de que el sistema político descansa más en la solidez de las instituciones que en la siempre frágil buena ventura de los hombres. Pese a la crecida y merecida popularidad del presidente Uribe, la prolongación inmoderada de su gobierno, modificando la Constitución para usufructo de quien ocupa la jefatura del Estado, hubiese abierto la puerta a indeseables populismos, patología de la cual no estamos exentos.

Es también una importante lección de ética política. La cadena de vicios en que incurrieron los alentadores del referendo no podía soslayarse. En particular, no hubiese sido propiamente un ejemplo edificante que las jugadas financieras de su financiación hubiesen cedido al simple argumento de la solidez en las encuestas de la opinión favorable al doctor Uribe. En un país donde el hábito del cumplimiento a medias de las normas y la cultura del atajo tienen arraigo tan profundo, hubiese sido desalentador que la condena de ese cúmulo de desaguisados hubiese sido flor de un día y proclama retórica sin consecuencias.

El Presidente tiene ahora dos cometidos.

Acatar el fallo, como lo ha prometido. Ojalá sus allegados políticos, algunos de los cuales han puesto a circular estrambóticos e inconstitucionales planes alternativos, asuman también una actitud respetuosa del Estado de derecho.

Por otro lado, tiene espacio para rubricar su mandato. Mucho le agradeceremos los colombianos a Álvaro Uribe, cuya administración deja una huella trascendente que excede los errores de los últimos meses. En los días que faltan, debe concluir algunas tareas y preparar la administración para la transición democrática. Aunque se comprende su deseo de lograr la reelección de sus políticas, este legítimo sentimiento no debe entorpecer la tarea suprema de presidir un certamen electoral sin tacha.

Personalmente, espero que los colombianos, al depositar su voto en mayo, mantengan vivos los elementos esenciales de la política de Álvaro Uribe, especialmente en el terreno de la seguridad, sin perjuicio de rectificar aquello que sea necesario.